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La Casa Rosada lo tomó con calma y Aguad convocó a la oposición a debatir el tema

El ministro ofrecerá explicaciones a los líderes parlamentarios para "sacarles todas las dudas"

Viernes 10 de febrero de 2017
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LA NACION
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El gobierno de Mauricio Macri tomó con calma la resolución de la fiscal Gabriela Boquin, que pidió rechazar el acuerdo entre el Estado nacional y el ex Correo Argentino SA de Franco Macri , el padre del Presidente. Puertas adentro de la Casa Rosada consideraron que existe "cero preocupación" y que "es uno de los más grandes disparates que hemos visto".

A última hora de anoche, la Casa Rosada decidió que el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad , lance hoy una invitación formal a los líderes parlamentarios de la oposición para "discutir sobre el Correo" la semana próxima con quienes "tengan dudas sobre el acuerdo". Así lo informaron a LA NACION fuentes oficiales de Balcarce 50.

Un allegado directo a Macri aseguró a LA NACION que "la fiscal hizo una interpretación arbitraria y caprichosa" de la deuda que debería pagar el Correo. La funcionaria judicial señaló que el Estado le condonó en 2016 a la empresa de Macri más de $ 4000 millones, un 98% de la deuda, y si se tomaba la concesión hasta 2033 esta deuda se estimaba en $ 70.000 millones. La deuda original en 2001 era de $ 296 millones.

"La resolución del acuerdo había sido aceptada por todos los acreedores del Correo Argentino y se hizo conforme a la ley de quiebras", señaló a LA NACION uno de los principales asesores de Macri, con un tono sorprendido. Y agregó que el tema no había sido un factor de preocupación en la Casa Rosada.

"La ley de concursos y quiebras prevé que la acreencia no genera intereses. Los planes sí llevan intereses", señaló, en línea con lo que dijo el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicación, Juan Carlos Mocoroa.

"Además, todo esto se produjo porque el gobierno de los Kirchner no hizo nada en estos años", dijo.

En la Secretaría Legal y Técnica, que dirige Pablo Clusellas, confiaron a LA NACION que no existe preocupación porque "es todo una mentira". Y señalaron: "Hubo jueces y síndicos de la quiebra y otros acreedores que aceptaron y se pagaron 600 millones de pesos, que fue un buen acuerdo".

En un memo interno que circuló en la Casa Rosada se culpaba a las gestiones anteriores por no haber prestado el acuerdo, lo cual "perjudicó tanto al conjunto de la masa de acreedores, que dada la oposición infundada del Estado no percibió su acreencia, como al propio Estado", que tampoco la recibió.

Señala ese memo que el Estado logra con el acuerdo cobrar en efectivo y no en una hipotética compensación de créditos y débitos. Y dice que reduce el número de anualidades y disminuye un período de gracia de cinco años a un solo ejercicio, con una tasa de 7% anual sobre los saldos deudores.

"El acuerdo se realizó en una audiencia pública, de máxima transparencia, con la presencia de camaristas y de funcionarios públicos como lo síndicos controlantes, síndicos verificantes y síndicos generales", se indica en el borrador.

Según la postura del Gobierno, este acuerdo permitirá "la homologación de la propuesta" de acuerdo y "habilita así que 600 acreedores, que hace 12 años están esperando, puedan cobrar mientras la administración anterior, con su infundada negativa, lo impedía".

Por último, el memo subraya que el Estado logró con el acuerdo "percibir el 100% de su crédito verificado, con intereses, sin tener que conciliar, ni ofrecer, ni aceptar en esta instancia ninguno de los reclamos de pago de inversiones y daños y perjuicios que al día de la fecha le ha iniciado CASA en distintos juicios ante diversos fueros".

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