Si usted es una persona con dificultades visuales, navegue el sitio desde aquí

Faltó sensibilidad política para anticipar el conflicto

LA NACION
SEGUIR
Joaquín Morales Solá
Miércoles 15 de febrero de 2017

De poco vale ya la opinión de los expertos o la investigación técnica sobre el proyecto de acuerdo entre el Estado y la familia Macri por la deuda del Correo que arrastran desde 2001. Ese acuerdo se convirtió en un problema político espoleado por el duro dictamen de la fiscal general Gabriela Boquin. La oposición, sea kirchnerista o massista, espolea un escándalo sobre un eventual conflicto de intereses, que existe, en la realidad de los hechos, por la condición de empresario del Presidente. Vale la pena, por lo tanto, resaltar los trazos fundamentales del conflicto. Son éstos:

1) La reestatización del Correo sucedió en el año 2003, poco después de que los Kirchner accedieron al poder. El Correo significó para la familia Macri un negocio ruinoso con pérdidas de muchos millones de dólares. En junio del año pasado, el Estado y 600 acreedores más (el jefe del Estado era ya Mauricio Macri ) llegaron a un acuerdo con el Grupo Macri por el cual se le cobraban a éste la deuda original, unos 300 millones de pesos, e intereses que significarían al final unos 600 millones. El plazo de pago estipulado era de 15 años, con una tasa de interés del 7 por ciento. La empresa creada por la familia Macri para administrar el Correo se encontraba en concurso de acreedores desde 2001. El pago de la deuda estaba suspendido y, por lo general, estos casos se arreglan con un acuerdo entre acreedores y deudores. El proyecto de acuerdo, que debe ser homologado por la Justicia, no previó el compromiso de Franco Macri de retirar los juicios que él interpuso en su momento contra el Estado. Acaba de ingresar uno nuevo por el que el patriarca de los Macri reclama la devolución de la planta de Monte Grande, una de las más grandes del Correo, y el alquiler correspondiente a los años en que viene siendo usada por el Estado.

2) Durante doce años de gobierno, el kirchnerismo no hizo nada para cobrar esa deuda del Grupo Macri. La explicación del ex ministro Julio De Vido es, por lo menos, cínica. Dijo que no habían aceptado propuestas de la familia Macri similares a la objetada ahora por la fiscal. No aceptaron y se cruzaron de brazos. Cualquier acreedor tiene otros recursos para insistir en el cobro de una deuda. Podría haber pedido, por ejemplo, la quiebra de la empresa. Funcionarios del ex gobierno (Cristina Kirchner, entre ellos) aceptan como buenos los cálculos que indexan la deuda con índices inflacionarios que nunca reconocieron cuando estaban en el poder.

3) El dictamen de la fiscal se convirtió también en una cuestión política. La fiscal Boquin no pertenece, en efecto, a Justicia Legítima, pero tiene muy buena relación con la procuradora Alejandra Gils Carbó, jefa de los fiscales. Gils Carbó la nombró en el cargo actual, que es, precisamente, el cargo que ella tenía antes de ser nombrada procuradora general de la Nación. Un gesto elocuente del prejuicio de Boquin puede advertirse en que no asistió a la asamblea de acreedores que suscribió el acuerdo con el Grupo Macri, a la que fue invitada. Boquin decidió no ir, aunque sí asistieron dos jueces de la cámara que debe decidir ahora sobre la cuestión. Otro fiscal, Juan Pedro Zoni, éste sí de Justicia Legítima, imputó ayer al Presidente y al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad , por una denuncia hecha por Nuevo Encuentro, el partido del cristinista Martín Sabbatella. Es evidente que el caso del Correo agitó a todos los fiscales que el kirchnerismo dejó en la Justicia. Tal constatación le agrega un dato no menor al conflicto político fácilmente comprobable.

La primera conclusión es que el dictamen de la fiscal Boquin no es vinculante ni tiene efectos prácticos. La instancia que deberá tomar una decisión de fondo, sobre si homologa o no el acuerdo del Estado con el Correo, es la Cámara en lo Comercial. Por eso es un proyecto de acuerdo y no un acuerdo terminado. No estamos, por lo tanto, ante un hecho consumado del Presidente supuestamente beneficiando a los intereses de su familia. Es la Justicia la que deberá decidir si ese acuerdo es correcto o es "abusivo", como lo calificó la fiscal.

Familia presidencial

Es ostensible, por otro lado, que el Presidente viene de una familia empresaria y que tiene muchos amigos y familiares que son propietarios de empresas. Sería injusto reclamarle que segregara a sus familiares y amigos de soluciones que el Estado brindaría en cualquier otra situación. El acuerdo último, bueno o malo, tiende a cobrar una deuda y no a olvidarse de ella, como sucedió durante los últimos doce años.

Del mismo modo, el Gobierno debe tener en cuenta la condición extremadamente sensible que tiene cada decisión que involucra a las empresas de la familia Macri o de los amigos del Presidente. Ayer, la administración tomó la decisión de pedirle a la Justicia una solución que contemple tanto la deuda del Grupo Macri como sus pretensiones de restituciones e indemnizaciones. "No queremos que la deuda de Macri no se indexe y sí se indexe la supuesta deuda del Estado con Macri", señaló un alto funcionario de la administración. Es una solución difícil, porque ni siquiera los juicios, el del Estado contra Macri y los de Macri contra el Estado, están en el mismo fuero.

De todos modos, faltó previsión sobre la potencial carga política de la decisión sobre el Correo y la necesaria comunicación acerca de lo que se estaba haciendo. El año electoral comenzó y la oposición viene insistiendo en el eslogan de que Macri "gobierna para los ricos", que logró instalar en vastos sectores sociales. Éste es un caso perfecto para esa estrategia, y su consecuencia es la cuestión política de hecho que el Gobierno debe gestionar ahora. La existencia de un proyecto de acuerdo por el Correo llegó al conocimiento de la opinión pública por el dictamen de la fiscal Boquin y no por una oportuna información del Gobierno. Con antelación, la administración debió, además, convocar la opinión de expertos independientes y pedir dictámenes de la Sigen, el organismo de control interno de la administración, y de la Oficina Anticorrupción. Faltaron política y sensibilidad, otra vez, para predecir potenciales conflictos.

En esta nota:
Te puede interesar