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El Correo, una controversia que debió evitarse

La decisión del Presidente de anular lo actuado para que el grupo Macri pagara su deuda con el Estado revela que se había obrado con precipitación

Viernes 17 de febrero de 2017
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Una vez más, el Gobierno reaccionó tarde y con improvisaciones ante la polémica generada por un tema cuyas posibles secuelas no podían ser ignoradas ni por el dirigente político más ingenuo, pues se trata del acuerdo alcanzado por el gobierno del presidente Mauricio Macri con el Correo Argentino , precisamente, del grupo Macri.

Ese grupo empresarial ganó la licitación del Correo en 1997 en el marco de las privatizaciones llevadas adelante por el menemismo. Pronto se reveló un mal negocio para la familia Macri y la empresa que se hizo cargo de la concesión entró en concurso de acreedores a partir de 2001. Dos años más tarde, al poco tiempo de arribar al poder, el kirchnerismo decidió reestatizarlo por decreto, sin una ley, como hubiera correspondido.

Las pocas ofertas para un acuerdo con el Estado presentadas por los ex concesionarios fueron rechazadas por inviables por el régimen de los Kirchner, que tampoco mostró interés en arribar a una solución que contemplara en forma conjunta los intereses del grupo empresario, de los más de 600 acreedores y del Estado, que por sí solo suma el 30 por ciento de las acreencias.

Fue en junio del año pasado cuando el Estado y los demás acreedores llegaron a un proyecto de acuerdo con el grupo Macri para que éste pagara los 300 millones de pesos de la deuda original, que en su momento equivalían a 300 millones de dólares, más los intereses, que elevarían la cifra a 600 millones y que se pagarían en 15 años con una tasa de interés del 7 por ciento.

Según se estableció, la deuda quedaría saldada en 2033, pero no se tuvieron en cuenta los juicios iniciados por los Macri en contra el Estado, el último de los cuales se radicó hace muy poco, cuando ya hacía varios meses que había cristalizado el proyecto de acuerdo.

La semana pasada, la fiscal general en lo Comercial Gabriela Boquin consideró que, de formalizarse el convenio proyectado -que según ella llevó adelante un funcionario del Ministerio de Comunicaciones que no sería competente-, resultaría abusivo, pues entrañaría "una condonación de la deuda" por más de 4277 millones de pesos y una "licuación del pasivo, más que una verdadera propuesta de pago".

Boquin recomendó a la Cámara que lo rechazara. Si la Cámara no lo hace, ella recurrirá a la Corte Suprema de Justicia. Al mismo tiempo, notificó a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para que investigue eventuales irregularidades.

Como era de esperar, la oposición puso el grito en el cielo y clamó que se había condonado casi el 98% de la deuda de los Macri con el Estado y pronto se radicó una denuncia penal a raíz de la cual el fiscal Juan Pedro Zoni, militante de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima, imputó al Presidente y al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad.

Así fue como, una vez más, el Gobierno se vio sorprendido por una reacción que debería haber anticipado. Demoró en responder para defender lo actuado, pero ayer el Presidente dejó a un lado esa línea y anunció que todo volvía "a foja cero".

Como no es la primera vez que el Gobierno es tomado por sorpresa por la virulencia de la oposición ante una de sus medidas, cuesta creer que el oficialismo no haya aprendido el abecé de la política y no haya podido anticiparse a los ataques. Así, podría haber pedido la intervención o el asesoramiento de la Sindicatura General de la Nación o de un grupo de expertos de diversos partidos.

No es éste el espacio para abrir juicio sobre los aspectos técnicos del principio de acuerdo al que se había arribado ni sobre quién terminaría pagando a quién si se tomaran en consideración los juicios del grupo Macri al Estado, o sobre si la fiscal se excedió en su cálculo del eventual perjuicio al erario. Pero lo que sí salta a la vista es la preocupante ingenuidad de las autoridades nacionales si es que en algún momento consideraron que nadie cuestionaría que sólo en 2033 se termine de pagar una deuda contraída tres décadas antes y que el deudor sea un grupo empresarial vinculado con la familia del actual jefe del Estado.

Tampoco es muy creíble, como afirmaron los funcionarios, que el Presidente nunca supiera del acuerdo proyectado antes de que éste trascendiera. Más grave que la mentira sería que no se hubiera enterado de algo que indudablemente es una cuestión de Estado y que, como tal, requería la decisión presidencial.

Cuando el escándalo ya se había agigantado, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, afirmó que Aguad le había mencionado "al pasar que había que resolver" la deuda entre el Estado y el Correo Argentino, y reconoció que "es posible" que haya habido "ingenuidad" por parte del Gobierno en el tratamiento del tema.

Hubo, en efecto, una excesiva y preocupante ingenuidad que ha colocado al Gobierno a la defensiva ante los cínicos e hipócritas ataques de ex funcionarios y defensores de un régimen que si se caracterizó por algo fue por poner al Estado al servicio de la economía familiar de los Kirchner.

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