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Por un fraude en un juzgado, perdieron la ciudadanía argentina cientos de extranjeros

Unos 400 inmigrantes fueron perjudicados por las operaciones ilegales de la secretaria de un tribunal de Córdoba; la autora de la maniobra recibió una pena en suspenso y una multa de 70 pesos

Lunes 20 de marzo de 2017
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El señor Wei, hoy un hombre sin patria, en uno de los pasillos del supermercado que maneja, en la Recoleta
El señor Wei, hoy un hombre sin patria, en uno de los pasillos del supermercado que maneja, en la Recoleta. Foto: Maximiliano Amena

CÓRDOBA.- A diferencia de lo que le sucedía a Viktor Navorski -el protagonista de la película "La Terminal"- el país de Wei no dejó de ser reconocido por la Argentina. Por el contrario, se aspira a que China sea un socio estratégico. Pero para conseguir la ciudadanía argentina, él renunció a la suya. Durante una década tuvo DNI y pasaporte argentino, pero en octubre pasado el Registro Civil le notificó que le retirarían la documentación porque había sido obtenida por medio de un fraude detectado en el tribunal federal N° 1 de esta ciudad. Él nada tuvo que ver con ese fraude; es, en todo caso, una de las 400 víctimas conocidas. Wei es, hoy, un apátrida.

Nacido en 1967 en la provincia china de Fujian, después de trabajar dos años en Japón llegó a la Argentina en 2001 con su esposa; pusieron un comercio y compraron una propiedad. Su hijo, Marcelo, nació en diciembre de 2003. Dos años después, en vez de pedir la residencia permanente por tener un hijo argentino, decidió tramitar su ciudadanía. Contactó a una gestora por un aviso en un semanario chino e inició los trámites ante el juez federal Ricardo Bustos Fierro. En 2006 le entregaron la carta de ciudadanía. Con su documentación argentina pagó impuestos, viajó, votó y realizó operaciones comerciales durante diez años, hasta la famosa notificación del Registro Civil.

En cuanto se presentó ante Migraciones quedó detenido. Dos días después salió gracias a un hábeas corpus, luego de pagar la fianza de $100.000 impuesta por Migraciones. Déborah Huczek, abogada de Wei, explicó a LA NACION que Migraciones lo detuvo porque no estaba notificada del trámite de nacionalidad y la residencia de Wei estaba vencida. Esa causa se dirime en el Juzgado Contencioso Administrativo N° 9 de la ciudad de Buenos Aires.

Por otro lado, Migraciones lo denunció penalmente en el juzgado federal N° 9 por usar documentación falsa. Por una medida cautelar, Wei conserva el DNI para tener un medio de identificación personal.

¿Cómo se llegó a esa situación? Olga Bormeo, empleada del juzgado de Bustos Fierro, realizó operaciones fraudulentas durante varios años. Compañeras que observaron irregularidades plantearon el caso y el fiscal cordobés Enrique Senestrari hizo una presentación.

"Hicimos un allanamiento en oficina de Ciudadanía del juzgado y detectamos una serie de irregularidades -señaló Senestrari a LA NACION. Durante un tiempo recibimos llamadas de embajadas en distintos lugares del mundo por gente que quedaba varada al secuestrársele el pasaporte".

El fiscal admitió que quienes realizaron el trámite para obtener la ciudadanía lo hacían de "buena fe" y fueron "perjudicados", pero todavía cree que podría haber existido alguna red o grupo de trata detrás.

La mayoría de los damnificados son chinos, pero también hubo paraguayos, un italiano y un sirio. En general, pagaban a gestores para que los ayudaran con la documentación. A Wei le costó 1000 dólares.

Bormeo fue procesada. El fiscal Senestrari sostuvo que la secretaria confeccionó resoluciones judiciales por las que se otorgaba la condición de ciudadanos argentinos por naturalización consignando "falsamente que se había dado cumplimiento a las exigencias legales", haciendo mención, además, a dictámenes fiscales que "no existían en los expedientes bajo análisis". En el expediente se do por cierto que el juez Bustos Fierro firmaba las resoluciones "bajo la creencia de que el trámite de los expedientes era regular y conforme a las disposiciones legales".

El Tribunal Federal N° 1 de Córdoba la consideró autora de los delitos de supresión de documento público; falsificación de documento público y falsedad ideológica en carácter de partícipe necesaria. En el fallo se señaló "el grave inconveniente que resultó para los extranjeros" la maniobra fraudulenta. Sin embargo, en un juicio abreviado, acordó una pena de tres años de prisión en suspenso y una multa de 70 pesos.

En el caso de Wei se habían cumplido todas las exigencias de la ley para obtener la carta de ciudadanía. No está imputado en la causa y nunca fue llamado a declarar. No hay nada que objetarle. Pero con el descubrimiento del caso "cayeron" todas las ciudadanías que salieron con la firma de Bormeo. Como él, hay otros que recién ahora están enterándose de que su documentación no es válida y, legalmente, ya no tienen patria. Huczek reclama que se deje sin efecto la anulación de la ciudadanía de Wei y que se le permita hacer de nuevo el trámite. "Hoy está imposibilitado porque no tiene un documento válido", insistió.

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