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La polémica por Sala se coló en la agenda y desató fuertes cruces

Hubo críticas al Gobierno por su situación; Avruj sostuvo que no se busca criminalizar la protesta

Martes 21 de marzo de 2017
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WASHINGTON (De nuestro corresponsal).- El Gobierno y organismos de derechos humanos chocaron en la CIDH por el respeto a los derechos humanos en Jujuy, en una audiencia que tocó la polémica por la situación de Milagro Sala , aun cuando el caso estaba fuera de agenda.

El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj , llegó a Washington con un mensaje: la Casa Rosada no tiene "ningún interés" en criminalizar la protesta social y está comprometida con el respeto a la libertad de expresión con los límites propios "de un Estado de Derecho". Esa garantía, dijo, no ha sido violada en Jujuy. "El respeto de los derechos humanos es una cuestión dinámica que va planteando tensiones permanentemente", agregó luego Avruj, en diálogo con la prensa argentina.

"Siempre va a haber demandas. Tenemos que estar permanentemente monitoreando y recibiendo la información para corregir los errores que se pueden llegar a producir, que no creemos que en este caso se hayan producido. Todo lo que se ha hecho en Jujuy está sujeto a derecho", agregó.

Organismos de derechos humanos y dirigentes sociales y sindicales de Jujuy, liderados por el presidente del CELS, Horacio Verbitsky, plantearon una situación antagónica: dijeron que en Jujuy se han violado derechos políticos y existe una "intolerable persecución" por parte del gobernador, Gerardo Morales, aliado del Gobierno.

"En Jujuy, la Constitución nacional no rige. Rige la voluntad del gobernador. Es el núcleo del problema", sostuvo Verbitsky.

Avruj aprovechó su exposición ante la CIDH para hacer un anuncio: el gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto para reformar el Código Penal que excluye el delito de sedición ante un hecho que involucra el ejercicio de un derecho humano, como una manifestación. Esa modificación había sido reclamada por el director para América de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, en una carta a Mauricio Macri a fines de 2016 sobre el caso Sala, quien había sido acusada de cometer ese delito cuando fue arrestada.

El CELS solicitó a la CIDH una medida cautelar para presionar por la liberación de la líder de la Tupac Amaru, pero, aun si el organismo multilateral la otorga, el cumplimiento de esa medida depende en última instancia de la Argentina. El nombre de Sala despuntó recién en la audiencia cuando uno de los comisionados, Paulo Vannuchi, agradeció que no se la mencionara, a pesar de que no estaba permitido: la audiencia estaba dedicada a un tema general, no a un caso particular.

Los representantes de organizaciones civiles y sindicatos presentes en la audiencia ante la CIDH fueron, además de Verbitsky, Belissa Guerrero, de la oficina para las Américas de Amnistía Internacional, situada en México; Rafael Vargas, del Sindicato Azucarero del Ingenio Ledesma; Oscar Nutini, del Sindicato Azucarero del Ingenio Ledesma y Esperanza; Fernando Acosta, de la Asociación de Trabajadores del Estado y Central de Trabajadores Argentinos, y Elena Chávez, de Andhes.

Todos plantearon el mismo panorama: una persecución judicial a trabajadores, criminalización de protestas y ofensivas para "disciplinar a los sindicatos".

Mario Miranda, fiscal de Estado de Jujuy, negó cualquier falta. Dijo que las organizaciones sociales excedieron "los límites de la protesta" al crear un "sitio a todo el centro de la ciudad" apenas asumió el nuevo gobierno de Morales.

Miranda buscó llevar el tema más allá de las protestas y volvió a traer a Sala a la discusión cuando mencionó que había "sospechas de corrupción por el manejo de los fondos que en muchos casos no llegaban a los cooperativistas".

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