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La Corte resolvió que los jueces deben jubilarse a los 75 años

Revirtió la jurisprudencia que había fijado cuando mantuvo a Fayt en el cargo; la decisión no alcanza a Highton, del máximo tribunal, ni a Servini, ya que cuentan con amparos a su favor

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LA NACION
Miércoles 29 de marzo de 2017
Los jueces de la Corte Suprema, en su conformación actual
Los jueces de la Corte Suprema, en su conformación actual. Foto: Archivo
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En un fallo de alto contenido político que deja a unos 27 jueces al borde de quedar en la calle, la Corte Suprema de Justicia convalidó los 75 años como la edad a la que deben jubilarse los magistrados, tal como indica la Constitución nacional.

La decisión no alcanza a la vicepresidenta del tribunal, Elena Highton de Nolasco, que cumple 75 años el 7 de diciembre, pues la magistrada presentó un recurso de amparo para seguir en el cargo, un juez de primera instancia le dio la razón y el Gobierno no apeló, con lo que la sentencia que la protege quedó firme.

Tampoco alcanza a la jueza federal electoral porteña María Servini de Cubría, de 80 años y jubilada, que tiene un fallo judicial firme que la mantiene en su cargo, dijeron fuentes cercanas a la magistrada.

No obstante, hay otros 27 jueces que tienen 75 años o más o están jubilados y que están alcanzados por esta resolución. Algunos de ellos, con sentencias firmes, están a resguardo, pero otros deben considerar acogerse a la jubilación.

También pueden intentar el trámite que prevé la Constitución para estos casos: conseguir que el Poder Ejecutivo eleve sus pliegos nuevamente al Senado y conseguir los votos necesarios para obtener una reválida como jueces que les permita seguir cinco años más en el cargo. Se trata de una prueba muy difícil de atravesar, ya que los jueces que lo intenten deben tener suficiente consenso político en los dos poderes del Estado.

La Corte falló en el caso del camarista de la Plata Leopoldo Schiffrin, de 80 años. Schiffrin tenía un amparo que lo protegía, pero la Corte revocó esa sentencia y rechazó la demanda con los votos del presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, y los jueces Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda. El juez supremo Carlos Rosenkrantz votó en disidencia y la jueza Highton no votó.

Schiffrin es íntimo de Elisa Carrió, enfrentada con Lorenzetti. Hay quienes leyeron en esta sentencia un efecto a dos bandas: un tiro por elevación contra la legisladora y un desgaste para Servini, cuyo hijo desafió a Lorenzetti.

La Corte tenía este fallo a estudio desde el año pasado. Pero no reunía los votos necesarios para sacarlo. La jueza Highton hizo la primera movida en este ajedrez cuando consiguió que el juez Enrique Lavié Pico le concediera un amparo para seguir siendo jueza mas allá de los 75 años. Lavié Pico se basó en lo que había dicho la Corte cuando dejó a Carlos Fayt en el tribunal: que la Convención Constituyente, al limitar la edad de los jueces, se había excedido en sus funciones. El Gobierno en ese momento no apeló y el fallo quedó firme. Si hubiera apelado, con este fallo de la Corte debería haberse ido. Claro que si el caso Highton seguía abierto, la Corte no hubiera firmado este fallo. Muy sincronizado. Ahora, con la firma de Lorenzetti y dos de los ex constituyentes de 1994 (Rosatti y Maqueda) la Corte reafirmó lo que dice la Constitución de 1994.

Los jueces que están en condiciones de jubilarse sin amparos pendientes son Pedro David, de la Cámara de Casación, y Julio Reboredo, de la Cámara de La Plata, dijeron fuentes oficiales. De los otros 25 no se sabía anoche a ciencia cierta si había amparos que los protegían.

El fallo da marcha atrás con la jurisprudencia del tribunal en el caso Fayt de 1999, dictado con otra composición, que había anulado el artículo 90 de la Constitución, que establecía el límite de edad de 75 años a los magistrados. Ahora, la Corte le devolvió constitucionalidad a ese artículo de la Carta Magna, el único que no se aplicaba.

La mayoría de la Corte dijo que la Convención Reformadora puede modificar lo que el Congreso declaró modificable y que la Corte puede controlar la actuación de la Convención Constituyente de una manera acorde con su "alto grado de legitimidad y representatividad que tiene la voluntad soberana del pueblo". En este caso podía interpretarse que la ley que habilitaba la reforma incluía la edad jubilatoria.

En su disidencia, el juez Rosenkrantz entendió que lo que estaba en discusión en este caso no era la razonabilidad de la limitación del mandato de los jueces, sino la validez constitucional del proceso por el cual se introdujo esa reforma. Sostuvo que la Convención modificó un artículo que no estaba habilitado por el Congreso Nacional para ser reformado y que, por ello, la Convención Reformadora, al establecer un límite temporal al mandato de los jueces, violó la Constitución nacional.

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