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Conocer resulta indispensable para proteger el ambiente

Después de muchos años de incumplimientos, las actuales autoridades presentaron el informe del estado ambiental del país, previsto en la ley

Viernes 21 de abril de 2017
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La presentación realizada ayer del informe sobre la situación ambiental del país, que debe ser expuesto anualmente ante el Congreso de la Nación, incluye un análisis y una evaluación del territorio argentino en esa materia, considerando sus dimensiones sociales, económicas, culturales y ecológicas.

Sin dudas, constituye una de las principales herramientas de gestión de la política ambiental, establecida como una de las obligaciones del Estado nacional a través de la ley general del ambiente, que dispuso la obligación del Poder Ejecutivo Nacional, mediante los organismos competentes, de elaborar un informe anual sobre la situación ambiental del país.

Sancionada en 2002, la citada ley hace responsables a las autoridades "de informar sobre el estado del ambiente y los posibles efectos que sobre él puedan provocar las actividades antrópicas actuales y proyectadas".

Parece mentira, pero, desde su sanción, el Informe del Estado del Ambiente fue elaborado una sola vez, en 2012, y no hay nada que explique ni mucho menos justifique el incumplimiento que mantuvo a la sociedad cautiva de la invisibilidad y la discrecionalidad en la materia durante más de una década.

La información es un derecho elemental para el correcto funcionamiento del Estado de Derecho, que permite a los gobernados ejercer un efectivo control de los actos llevados a cabo por sus mandatarios. Además de nuestras leyes, el principio 10 de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro, de 1992, establece que "(...) toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluidas la información sobre los materiales y las actividades que ofrecen peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones (...)".

El informe, preparado cuando ha pasado poco más de un año de gestión, por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, contiene una compilación de datos y estadísticas sobre la situación del agua, la atmósfera, el suelo, la biodiversidad, los cambios climáticos y los residuos. Aborda aspectos tales como la implementación de la ley de protección de bosques nativos o el avance del inventario nacional de glaciares, entre otros temas.

Conocer las condiciones ambientales en las que se encuentra nuestro patrimonio natural permite adoptar políticas públicas basadas en información confiable. Presentarlo implica haber asumido la responsabilidad de recolectar, actualizar y procesar anualmente la información, así como la de difundirla.

Y, fundamentalmente, la presentación del informe anual sobre la situación ambiental del país implica cumplir con la garantía del derecho al saber compartido que asiste a todas las personas, lo cual contribuye a contar con una ciudadanía mejor informada, más reflexiva, que pueda discutir libremente los modelos de vida que considere más adecuados.

Aun cuando del informe surge que habrá mucho para trabajar hasta alcanzar un verdadero desarrollo sustentable, su presentación pública es de una importancia central y cabe esperar que se cumpla con los debidos plazos anuales.

Conocer resulta necesario para proteger. Algo indispensable no sólo para la calidad de vida de nuestro país y de sus actuales habitantes, sino también para las futuras generaciones que lo habiten.

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