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Falta una política docente integral

Viernes 21 de abril de 2017
PARA LA NACION
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Asistimos, como todos los años desde hace ya más de una década, al debate salarial docente aislado de las otras variables y dimensiones. Es absolutamente necesario romper esta lógica y salir de la coyuntura.

La dirigencia gubernamental debe dejar la hipocresía de considerar a la educación el factor clave para superar la pobreza, garantizar la movilidad social, la competitividad genuina y la formación de los ciudadanos del siglo XXI y luego asignar recursos sobre la base de un punto más o menos según la inflación. Si es cierto que la educación puede promover todas esas dimensiones, debe ser la prioridad en la asignación de recursos. Un aumento significativo de recursos es condición necesaria para colocar el debate en otro lugar. Ese aumento debe incluir salarios, pero en un contexto más amplio que considere, al menos, condiciones de trabajo, formación inicial y continua, carrera docente y evaluación de desempeño.

Las condiciones de trabajo tienen dos componentes principales: infraestructura y equipamiento didáctico. Muchos docentes se desempeñan en edificios que no reúnen las condiciones mínimas para garantizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero además, si queremos avanzar en la meta de la jornada extendida o completa hay que construir más edificios y aulas. Para planificar esta política es necesario disponer de información. Hace ya más de diez años se diseñó desde el Ministerio de Educación un censo de infraestructura escolar. Nadie sabe si se llevó a cabo y cuáles fueron sus resultados.

Respecto del equipamiento didáctico, no alcanza con repartir computadoras que suelen usarse poco y mal. Hay que mejorar la conectividad, introducir laboratorios para la enseñanza de ciencias, textos, acceso a bibliotecas digitales, material deportivo y recursos para las disciplinas artísticas.

Foto: LA NACION

En la formación inicial y continua también es preciso introducir cambios profundos. Enseñar hoy, en contextos de enorme desigualdad social y diversidad cultural, es mucho más difícil que en el pasado. Necesitamos estrategias para los formadores de docentes que les permitan brindar una sólida formación técnica acompañada de acciones que den contenido a la cultura del ejercicio de la profesión docente basada en la adhesión a la justicia social, el trabajo en equipo, la confianza en la capacidad de aprendizaje de nuestros alumnos y la responsabilidad por los resultados. La formación continua requiere salir del curso de capacitación como único dispositivo. Todas las encuestas al respecto indican que tienen muy bajo impacto. Los docentes aprenden por su cuenta, con los colegas o -si el director tiene iniciativas- con el equipo docente. Hay que fortalecer estas modalidades sacándolas de lo informal, brindando asistencia a procesos de autoevaluación y promoviendo capacitación en la escuela y en equipo. La evaluación de desempeño tiene que estar asociada a la formación. Todos sabemos que evaluar es la última etapa del proceso de enseñanza.

La carrera docente es una exigencia legal. La ley nacional de educación es muy clara al respecto. Se mantiene la vía tradicional según la cual si un docente quiere ascender puede hacerlo a puestos directivos, pero abre una nueva vía de ascenso sin dejar el aula. Una parte del salario debería estar asociada a la carrera, que puede ser aplicada en forma gradual: obligatoria para los que ingresan y voluntaria para los que ya están en servicio.

Por último, quisiera señalar que existen lugares y zonas del país donde debería utilizarse el artículo de la ley que permite declarar la emergencia educativa, aplicando medidas que le permitan al Ministerio de Educación nacional actuar con intervenciones que salen de la normativa habitual. Ya disponemos de información para avanzar en este terreno, pero falta voluntad política para hacerlo.

Obviamente, todo esto exige plazos, pero ponerlo en la mesa de debate permitiría salir de la discusión coyuntural que se repite todos los años y volverá a repetirse el próximo. El debate debe incluir otros actores -partidos políticos, académicos, organizaciones no gubernamentales- además de los gremios. Hoy ya hay voces que reclaman este debate, pero para avanzar hay que superar los meros títulos y ponerles contenido a las propuestas. Quiero recordar que todo esto ya estaba en el Plan Decenal de Educación elaborado en 2010 por la UPEA (Unidad de Planificación Estratégica de la Educación). Perdimos casi una década. No perdamos la próxima.

Ex ministro de Educación de la Nación

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