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Guardianes de la ciudad: la lucha de vecinos que cuidan el patrimonio urbano

Distintas organizaciones barriales le marcan el territorio al avance del Estado y de los privados sobre parques, plazas y espacios compartidos; en muchos casos, lograron frenar costosos proyectos que se habían puesto en marcha

Domingo 23 de abril de 2017
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PARA LA NACION
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Suena ilógico pensar en una exhibición de lanchas en el lago Regatas de los bosques de Palermo. Sería raro caminar por Defensa sin las irregularidades del adoquinado. Y la plaza Alvear, a la que muchos llaman Francia, no tendría la misma impronta si a la altura de la barranca emergieran personas por una boca de subte. Los tres proyectos existieron, pero no prosperaron. No faltó presupuesto, sino que se interpusieron vecinos. Sin ellos, Buenos Aires sería distinta. Si no fuera por esos miles de vecinos que en las últimas décadas se comportaron como guardianes del patrimonio y pelearon contra intereses particulares y del propio Estado, tal vez habría menos plazas, teatros, comercios y edificios emblemáticos.

Muchos vecinos suelen ocupar ese rol cuando lo que está amenazado es un inmueble del barrio donde viven. Por eso hay grupos que emergen, luchan y luego de ganado -o perdido- ese reclamo regresan a cierta quietud. Sin embargo, existen redes que nuclean a los activos. "Queremos buenos aires" reúne a 80 organizaciones. Hay grupos de Palermo, Parque Chacabuco, Caballito, Agronomía, Colegiales, Coghlan, Belgrano, La Boca, Barrancas, Flores y Boedo. "La defensa ciudadana del patrimonio se da en muchas ciudades del mundo donde la presión del mercado inmobiliario es fuerte. El Estado debe equilibrar la disputa entre la renovación de una ciudad y la protección de su patrimonio. Pero las leyes locales que promueven la conservación son poco eficientes. Así se explica el protagonismo de los vecinos", consideró Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, institución que promueve los derechos de los porteños en los procesos de "transformación de la ciudad".

La defensa que inician los vecinos es difícil de clasificar, pero suele tener cierto recorrido común. Comienzan juntando firmas, como en Caballito, en la previa a lograr que la Legislatura frenara la construcción de torres. Convocan a los medios y hacen publicaciones en redes sociales, como ocurrió recientemente con la puesta a la venta la sede de Hebraica, en Once. Hay quienes promueven abrazos simbólicos, como en 1990 se hizo con el lago Regatas, u organizan actos que llaman la atención, como la simulación de un velorio, movida que se hizo frente al petit hotel de Callao 924, que finalmente no pudo ser salvado.

Cuando la respuesta de las autoridades no es la que buscaban, algunos bajan los brazos y otros deciden asociarse. Así surgieron asambleas, como las de Parque Chacabuco y Parque Patricios, o las ONG, como Basta de Demoler, Amigos del Lago de Palermo y SOS Caballito. Estas últimas, con el paraguas de una asociación, propician recursos judiciales para trabar el avance de los proyectos que amenazan el patrimonio.

Según la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, al patrimonio lo conforman los bienes que "poseen valor histórico, arquitectónico, ambiental, cultural o simbólico y que hacen a la identidad y memoria de una ciudad". La Defensoría es uno de los sitios a los que los vecinos recurren en busca de un dictamen que obligue a las autoridades a revisar el proyecto que podría implicar la modificación o demolición de un sitio público o privado. En 2016, fueron alrededor de 50 los reclamos presentados en sus oficinas. "Se incrementaron en un 50% respecto de 2015", detallaron en la Defensoría. "Hemos tenido presencia en casos como el de Casa Millán (fue demolida), en el que logramos resarcir al barrio con la construcción de un centro cultural. También fuimos mediadores en las obras del Parque Lezama", ejemplificó el defensor Alejandro Amor.

El sustento legal en que se basan los vecinos para promover sus cruzadas es variado. La ley 1227 establece un resguardo "para la investigación, preservación, salvaguarda, protección, restauración, promoción, acrecentamiento y transmisión a las futuras generaciones del patrimonio cultural". Bajo esa ley, el gobierno porteño registró 83 bienes, que se suman a los 358 declarados Monumento Histórico Nacional. Entre ambas figuras, se resguardan plazas, edificios públicos, teatros, monumentos, casas, iglesias y jardines.

La falta de voz por parte de los vecinos en torno a qué inmuebles tienen valor patrimonial abona los reclamos espontáneos, las campañas ciudadanas y en los medios. Y sobre todo, redunda en una gran cantidad de juicios. Sobre la legislación que reglamenta los procesos de protección, el legislador Emilio Raposo Varela, presidente de la Comisión Especial de Patrimonio Arquitectónico, opinó que "corresponde ser revisada" por "el alto nivel de conflictividad existente con la intervención del poder judicial".

Efectivamente, desde la Procuración General de la Ciudad, advierten sobre esa litigiosidad y remarcan en un informe al que accedió LA NACION que los juicios de amparo iniciados están vinculados a la preservación "de calles de adoquines, bares notables, obras catalogadas e inmuebles cuya registración de planos tuvo lugar con anterioridad al año 1941". Y dan cuenta, como ejemplos, de siete causas que buscaron preservar Villa Roccatagliata, en Belgrano; la confitería Richmond; el edificio de la Embajada de Chile; el Corralón de Floresta; una casa de 1894 en Gaona 134; y el adoquinado del barrio Santa Rita y el Casco Histórico.

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