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La Argentina busca adherir a un tratado internacional de lucha contra el cibercrimen

El Senado ya emitió dictamen favorable para que el país se sume a la Convención de Budapest; se propone la homogeneización de normas procesales y de investigación de conductas ilegales en la Web

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PARA LA NACION
Lunes 24 de abril de 2017
Marcos Salt y los expertos europeos Alexander Seger y Cristina Schulman
Marcos Salt y los expertos europeos Alexander Seger y Cristina Schulman. Foto: Ministerio de Justicia
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El Senado acaba de emitir dictamen favorable y la Argentina está, así, un paso más cerca de sumarse a la Convención de Budapest, el primer tratado supranacional sobre delitos informáticos. Este tratado busca estandarizar las legislaciones nacionales y los protocolos y técnicas de investigación para posibilitar e impulsar la cooperación internacional en temas como las estafas informáticas, la distribución de pornografía infantil, las infracciones vinculadas a la propiedad intelectual y los atentados contra la integridad del sistema. Hasta hoy, 52 países han ratificado la Convención. El proyecto de adhesión -con reserva de los artículos que no sean compatibles con el Código Penal vigente- será votado ahora por el pleno de la Cámara alta.

El Ministerio de Justicia de la Nación postula dos motivos principales para justificar la adhesión: la cooperación internacional en materia de delitos informáticos y el establecimiento de protocolos estandarizados para la obtención de pruebas digitales.

Alexander Seger, jefe de la División de Cibercrimen del Consejo de Europa, visitó el país para discutir con funcionarios de Justicia y con ONG sobre la eventual adhesión. Explicó: "Si una persona envía un mail a otra que está a sólo un metro de distancia esa información puede quedar alojada en servidores de cualquier parte del mundo. Si en ese intercambio de mails se está conspirando para cometer un crimen y un investigador quiere acceder a esa evidencia de manera legal, ¿qué debe hacer? Se necesita un acuerdo internacional basado en la ley para que los países puedan colaborar entre sí y para que haya reglas claras sobre cómo acceder a la información". Seger sostiene que sumarse al tratado le daría a la Argentina la oportunidad de convertirse en parte de un esfuerzo global "no desde una posición de observador, sino como parte del diseño de las soluciones".

Marcos Salt, coordinador del Programa Nacional Contra la Criminalidad Informática del Ministerio de Justicia, sostiene: "Si la Argentina adhiere tendrá la posibilidad de asegurar la cooperación internacional en, por ejemplo, casos de grooming y de pornografía infantil en Internet. Además, en materia de obtención de evidencia digital logrará que el sistema penal sea más eficiente. Hoy seguimos usando la norma de «registro y secuestro de cosas» cuando hay que registrar y secuestrar datos, aunque su naturaleza sea diferente".

La adhesión conlleva tanto beneficios como riesgos. Enrique Chaparro, secretario de la Fundación Vía Libre, opina: "La Convención falla en proporcionar adecuadas protecciones para la privacidad y los derechos humanos fundamentales. Su alcance es demasiado amplio e impreciso y cubre mucho más que los delitos relacionados con el uso de computadoras. Y plantea obstáculos graves a la investigación independiente en seguridad de los sistemas de información".

Voces de alerta

Las preocupaciones no pasan sólo por la adhesión, sino por la instrumentación. En un sistema judicial plagado de problemas "analógicos", sostienen los especialistas, ¿cómo garantizar que la implementación de nuevos protocolos digitales sea eficiente y no caiga en abusos?

Valeria Milanes, directora de las áreas de Privacidad y Libertad de Expresión de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), cuestiona: "Nuestra inquietud es que una rápida implementación sin los debidos análisis y capacitación de los operadores judiciales y policiales contribuya al desorden que ya existe".

Alejandro Segarra, director de Litigio de Interés Público de ADC, agregó: "La Convención avanza con relación a la jurisdicción y la cooperación internacionales, pero es importante que en la Argentina esto sea acompañado de un esfuerzo muy grande de capacitación".

Cristina Schulman, del Ministerio de Justicia de Rumania -enviada a la Argentina por el Consejo de Europa-, les responde: "Justamente, la Convención pide a los países que modernicen su ley procesal. Investigar una computadora sin permiso es una violación de la intimidad. Por eso, para que sea legal esa investigación debe seguir criterios precisos". Añade: "El tratado nunca apunta a algo parecido a la vigilancia masiva -no habla de recolectar datos preventivamente-, sino que se refiere a situaciones puntuales en las que ya hubo un crimen cometido y hay algo para investigar".

En caso de aprobarse, el primer paso sería la elaboración de normas procesales que acompañen los protocolos dispuestos por la Convención y "que doten de eficiencia el sistema, pero que al mismo tiempo atiendan la protección de las garantías individuales", dice Salt.

La capacitación de las policías y los distintos actores del Poder Judicial también es una prioridad. Salt dijo que en 2016 hubo programas destinados a ese fin, que continuarán este año a nivel federal.

En términos penales, la Argentina no debería, necesariamente, hacer ninguna modificación para adaptarse al tratado. "En 2008, cuando se sancionó la ley de delitos informáticos, se hizo sobre la base de la Convención de Budapest, con lo que no generaría la necesidad de salir corriendo a modificar la ley penal", dice Salt. No obstante, admite que la adhesión podría funcionar como disparador para discutir la tipificación de algunas conductas vinculadas a Internet que no fueron previstas por la ley sancionada en 2008.

Desafío legal

Una revolución continua

Aunque el convenio internacional tiene ya una década y media de vigencia, todo lo relativo a los delitos informáticos parece "nuevo". No sólo eso: la permanente innovación tecnológica hace que toda norma de seguridad relativa a la seguridad informática esté en constante tensión y sometida a riesgos. Y, más aun, las leyes procesales y penales que sirven para castigar los cibercrímenes -o los delitos comunes cometidos mediante el uso de medios electrónicos o en los que estos medios sirvan como elemento de prueba- quedan rápidamente desactualizadas, cuando no son directamente inexistentes. Aprender de lo que ocurre afuera y promover la colaboración es siempre un camino correcto. Pero se requieren, además, recursos y capacitación para aplicar la ley.

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