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Instrumentos jurídicos comunes y colaboración entre países

Son las ideas centrales del convenio firmado en Europa en 2001

Lunes 24 de abril de 2017
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El 16 de marzo pasado, el presidente Mauricio Macri envió al Congreso el proyecto de adhesión a la Convención de Delitos Informáticos. Elaborado por el Consejo de Europa en Estrasburgo, Francia, con la participación activa de los Estados observadores Canadá, Japón y China, la Convención de Budapest fue aprobada el 23 de noviembre de 2001 y es el primer tratado internacional que busca hacer frente a los ciberdelitos a través de la homogeneización de normas procesales nacionales, la optimización de las técnicas de investigación y de obtención de información y la cooperación entre Estados.

Aborda fundamentalmente las infracciones a los derechos de autor, el fraude informático, la pornografía infantil a través de la Web, los delitos de odio, interceptación ilícita de datos electrónicos, y las violaciones de la integridad de los datos y de la seguridad de la Web. También contiene competencias y procedimientos sobre las búsquedas de las redes informáticas y la interceptación legal de datos.

En su preámbulo, la letra del tratado propone aplicar una política procesal penal común y la cooperación internacional contra el cibercrimen. Concretamente, la armonización del derecho penal con relación a los delitos informáticos y la prevención de las normas procesales en cuanto a la investigación y el enjuiciamiento tanto de esos hechos específicos como de crímenes cometidos por medio de sistemas informáticos o con pruebas en formato digital.

Abarca, además, cuestiones relativas a la preservación expeditiva de los datos almacenados, la preservación expeditiva y divulgación parcial de los datos de tráfico, la orden de producción, la búsqueda y la incautación de datos informáticos, la recolección en tiempo real del tráfico de datos y la interceptación de datos de contenido, siempre con supervisión judicial jurisdiccional.

Por eso, el convenio invita a la adopción de un régimen rápido y eficaz de cooperación internacional en la materia. Además, el convenio contiene disposiciones sobre tipos específicos de acceso transfronterizo a datos informáticos almacenados que no requieran asistencia mutua (con consentimiento o disponibles al público) y prevé la creación de una red de 24/7 para garantizar una asistencia rápida entre los Estados asociados.

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