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Piden la detención del jefe de la policía porteña

José Potocar está acusado de participar en el cobro de coimas en la comisaría 35ª

Martes 25 de abril de 2017
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LA NACION
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"Los vecinos exigen y esperan mucho más de nosotros", había dicho José Potocar al ser presentado como jefe de la Policía de la Ciudad, el 29 de diciembre pasado. Casi cuatro meses después, debió entregar su arma reglamentaria, su credencial y su celular: fue suspendido. Ahora, su libertad está en manos del juez de instrucción porteño Ricardo Farías, que debe resolver el pedido de detención que hizo el fiscal José María Campagnoli, que investiga a Potocar en un caso de corrupción policial.

La presentación del representante del Ministerio Público fue el miércoles pasado. Además de la solicitud de detención de Potocar, de 58 años, Campagnoli pidió que se implante el secreto de sumario.

El abogado Christian Poletti, que ayer se sumó a la defensa de Potocar, dijo a LA NACIÓN que su defendido "está a derecho y a disposición de la Justicia". Anoche, en comunicación con el canal A24, Potocar dijo: "Me dicen corrupto sin conocerme. Soy una persona honorable, no un monstruo social".

Se espera que presente un pedido de eximición de prisión. Pero los antecedentes no lo ayudan: ayer, la Cámara del Crimen confirmó una resolución del juez Farías que había rechazado la excarcelación de la comisionada Susana Aveni, ex jefa de la Circunscripción VII (tenía bajo su ala la seccional 35») y detenida por este mismo caso.

Potocar es señalado como uno de los presuntos líderes de una eventual asociación ilícita que extorsionaba a comerciantes de Núñez y de Saavedra, en la jurisdicción de la 35», a cambio de una "seguridad privilegiada", según fuentes de la investigación. Cuando se inició la pesquisa, él era el jefe de la Dirección General de Comisarías (DGC).

Otro de los presuntos jefes de la señalada organización criminal, según la investigación judicial, sería el comisario Norberto Villarreal, que está prófugo desde noviembre pasado. Era el jefe de la comisaría 35» cuando comenzó la investigación de Campagnoli.

La hipótesis de Campagnoli y su equipo de colaboradores es que la recaudación ilegal era distribuida por Villarreal entre personal de la comisaría y organismos superiores inmediatos, como la Circunscripción VII (Aveni) y la DGC (Potocar).

Cuando Farías hizo lugar al pedido de Campagnoli de allanar la seccional de Cuba 3145, los detectives judiciales secuestraron de la oficina de Villarreal un cuaderno con anotaciones hechas a mano donde se podía leer, entre otras, la palabra "Gorda" y las siglas DGC, acompañadas de los números 12 y 4. Los investigadores están convencidos de que se trataba del registro de la distribución del dinero. No tienen dudas de que DGC identificaba a la Dirección General de Comisarías ni que "Gorda" era como le decían a Aveni. Los números 12 y 4 eran, según la sospecha de los investigadores, la manera de abreviar 12.000 y 4000 pesos.

"Los funcionarios que se desempeñan dentro de esta estructura y que responden a las órdenes del comisario Villarreal despliegan al menos dos concretos e ilícitos canales de cobro: por un lado, obtenían dinero de los «trapitos», mientras que, por otra parte, recolectaban parte de la recaudación de comerciantes y empresarios de la zona", afirmó el fiscal Campagnoli en un dictamen de septiembre pasado.

La investigación recibió ayer un espaldarazo de la Sala VII de la Cámara del Crimen, que confirmó el rechazo a la excarcelación de Aveni. Los camaristas Mariano Scotto y Mauro Divito entendieron que en caso de otorgársele la libertad podía eludir la acción de la Justicia o "entorpecer la investigación, procurando amedrentar testigos". Esta decisión hizo suponer, en los pasillos de Tribunales, que Potocar podría correr la misma suerte que Aveni.

Sí recibió una buena noticia de la Cámara del Crimen el subcomisario José Alberto Codaro, que fue beneficiado con una exención de prisión con caución de 30.000 pesos.

El pedido de detención de Potocar provocó un gran movimiento en la Legislatura porteña, en especial, en los bloques de la oposición. El diputado Gustavo Vera (Bien Común) sostuvo: "La gangrena continúa en la Policía de la Ciudad". El legislador del Frente Renovador Javier Gentilini opinó: "El Ejecutivo se empecinó en imponer la cláusula transitoria 4 con el objeto de eludir el período de diez días de publicación oficial de los antecedentes del candidato para que la ciudadanía pudiera hacer sus observaciones". Y el legislador justicialista Gabriel Fuks prepara un pedido para citar al ministro de Justicia y Seguridad porteño, Martín Ocampo, para que dé explicaciones sobre el caso.

Mientras tanto, continúa el reequipamiento

Foto: Policía de la Ciudad

El ministro de Justicia y Seguridad porteño, Martín Ocampo, y el secretario de Seguridad, Marcelo D'Alessandro, entregaron ayer nuevos chalecos antibalas a los efectivos de la Policía de la Ciudad. Con la provisión de 10.800 unidades se completó el reequipamiento en este rubro. Los nuevos chalecos de seguridad fueron repartidos en las comisarías para el personal de calle, a las brigadas, a los cuerpos de contención y a los oficiales del Cuerpo de Prevención Barrial que cumplen servicio en villas.

Doble lectura

El impacto en el gobierno

Sabe que es un golpe, sí, pero el gobierno porteño intenta darle una lectura positiva al episodio de Potocar: que la decisión rápida de separarlo del cargo sirvió para dar un mensaje hacia la sociedad y hacia el interior de la Policía de la Ciudad ("no se protege a nadie si es acusado"). Se les cuestiona el haber designado a Potocar sin someter sus antecedentes al escrutinio público, como lo preveía la nueva ley de seguridad. El gobierno sostiene que no había tiempo para hacerlo así y que, además, debía elegir entre lo que había recibido de la Federal.

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