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La clave es atacar todas las etapas de la demanda ilegal

LA NACION
Lunes 08 de mayo de 2017
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Para mediados de 2004, los homicidios en ocasión de robo de vehículos eran un flagelo que parecía incontrolable; se reflejaba, especialmente, en la cantidad de policías que morían en enfrentamientos armados con asaltantes que intentaban sustraerles el auto.

El serio problema, en tiempos en que los secuestros extorsivos eran otro drama cotidiano del que nadie se sentía ajeno, fue abordado entonces de una manera novedosa. Hasta entonces se solía seguir la línea sólo hasta los desarmaderos, así que se decidió dar un paso más: encontrar los canales de comercialización de autopartes robadas y golpear allí.

Eran tiempos de Gustavo Beliz como ministro de Justicia y Seguridad de Néstor Kirchner. Y del ya fallecido fiscal Norberto Quantín y del actual fiscal José María Campagnoli como espadas políticas operativas en materia de seguridad. La estrategia fue sencilla: "peinar" las clásicas zonas de casas de autopartes (con Warnes como epicentro) y cerrar cada local que tuviera piezas cuyo origen no pudiese justificar.

Los operativos se hacían con policías y con la participación de otras agencias gubernamentales (Rentas, AFIP, Trabajo). Quantín y Campagnoli lo llamaban "bloque de legalidad". Hubo locales que reabrían y, a los pocos días, eran objeto de nuevos procedimientos y nuevos cierres. Hasta que bajaron la persiana.

Con esa fórmula las cifras de robo automotor bajaron sensiblemente: al desarmadero se le caía la demanda, y al ladrón de autos, también. Sobre lo único que no podían operar era con la última "demanda": la de la gente común que, en busca de ahorrar, se permitía "elegir" sin preguntar esas piezas usadas, más baratas, sin ponderar que, de esa manera, se alimenta el circuito de la ilegalidad y del crimen.

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