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José Potocar, el suspendido jefe de la Policía de la Ciudad, continuará preso

La Cámara del Crimen consideró que "de recuperar su libertad, podría ejercer actos que afecten la tranquilidad de las personas que fueron convocadas a declarar"

Viernes 12 de mayo de 2017 • 13:50
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LA NACION
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Cuarenta y ocho horas después de ser procesado con prisión preventiva, acusado de ser el jefe de una asociación ilícita que extorsionaba a comerciantes y empresarios de Núñez y Saavedra a cambio de una seguridad privilegiada, el suspendido jefe de la Policía de la Ciudad, José Potocar, recibió otro revés judicial: la Cámara del Crimen confirmó el rechazo al pedido de excarcelación presentado por su defensa. Entonces, continuará el proceso detenido.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. Se trata de una resolución de la Sala VII de la Cámara del Crimen. Los jueces Mariano Scotto y Mauro Divito entendieron que "la jerarquía de las funciones asignadas a Potocar evidencia que cuenta con medios para entorpecer el curso de la investigación".

La decisión de los camaristas es un respaldo a la investigación que llevan adelante el fiscal José María Campagnoli y el juez Ricardo Farías. Potocar está alojado en el edificio Centinela de la Gendarmería Nacional, en Retiro.

"Es dable memorar que aún no se ha recabado el testimonio de los comerciantes que supuestamente entregaron sumas de dinero en el marco de actuación de la organización investigada y bajo tales condiciones, puede inferirse que, de recuperar su libertad, el causante podría ejercer actos que afecten la tranquilidad de las personas que fueron convocadas a declarar", sostuvieron Scotto y Divito.

El expediente donde se investigan los presuntos hechos de corrupción en la comisaría 35°, con jurisdicción en Núñez y Saavedra, comenzó en abril pasado. En septiembre último, el fiscal Campagnoli pidió la detención del jefe de la seccional, comisario Norberto Villarreal. El sospechoso está prófugo desde el 2 de noviembre.

"[Potocar] no sólo fue connivente frente al funcionamiento de esta estructura [criminal], sino que promovió su instauración, brindó la protección que un sistema permanente de corrupción como éste ineludiblemente requiere y lo blindó ante posibles detractores internos a través del uso arbitrario de los mecanismos administrativos policiales", sostuvo Campagnoli en el dictamen donde pidió la detención de Potocar.

Pasaron seis meses y Villarreal continúa prófugo. Hubo sospechas de que pudo haberse fugado a Paraguay, pero nunca fueron confirmadas. También se habló de se había ido primero a Corrientes y que desde mediados de enero pasado estaba en Brasil.

Los investigadores judiciales también pensaron que hubo una suerte de protección para que el sospechoso se pudiera escapar.

La tarea para encontrar al prófugo fue encargada a la Gendarmería Nacional. También se sumó a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Lo cierto es que Villarreal es una pieza clave en la investigación de Campagnoli. Una de las pruebas que llevaron a la detención del suspendido jefe de la Policía de la Ciudad fue secuestrada en la oficina del ahora prófugo.

Se trata de un cuaderno con anotaciones hechas a mano donde, según la hipótesis de Campagnoli, Villarreal registraba cómo distribuía el dinero de la caja negra de la seccional.

Un uniformado que trabajaba en la comisaría 35» declaró como testigo en la fiscalía de Campagnoli. Bajo juramento de decir la verdad contó que ciertos comercios aportaban en forma periódica y sistemática grandes sumas de dinero exigidas por el comisario [por Villarreal]. Y que parte de la recaudación de la caja negra era distribuida a organismos superiores como la Circunscripción VII, la Dirección General de Comisarías, que para los investigadores figura en el manuscrito secuestrado con las letras DGC, la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, que estaba en el manuscrito como SSM.

La prueba del supuesto registro de la distribución del dinero es cuestionada por la defensa de Potocar. Sostiene que todavía no se puede asegurar que se trate de anotaciones hechas por Villarreal, y que las siglas DGC signifiquen Dirección General de Comisarías.

"Los funcionarios que se desempeñan dentro de esta estructura y responden a las órdenes del comisario Villarreal despliegan al menos dos concretos e ilícitos canales de cobro: por un lado, obtenían dinero de los individuos que actúan como «trapitos»; mientras que, por otra parte, recolectan parte de la recaudación de comerciantes y empresarios de la zona", afirmó el fiscal Campagnoli en uno de sus primeros dictámenes firmados en septiembre pasado.

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