Si usted es una persona con dificultades visuales, navegue el sitio desde aquí

Lanzan un plan de integración de las villas que ya genera roces

Entregarán certificados de vivienda a más de 800.000 familias, pero hay diferencias sobre quiénes los otorgarán

Lunes 15 de mayo de 2017
SEGUIR
PARA LA NACION
0
Los relevamientos de las organizaciones sociales, en villas de todo el país
Los relevamientos de las organizaciones sociales, en villas de todo el país.

"Va a ser una política social muy fuerte, casi revolucionaria." La frase pertenece a uno de los referentes del triunvirato piquetero que integran la CTEP, Barrios de Pie y la CCC. En un trabajo conjunto con las organizaciones, el Gobierno entregará a más de 800.000 familias que viven en villas de emergencia "certificados de vivienda" para que puedan acceder a servicios públicos básicos. Sin embargo, las diferencias por quiénes entregarían esos certificados traban por ahora la oficialización del plan.

Por decreto, el Gobierno lanzará el programa de "integración urbana" de todas las villas de emergencia del país. La iniciativa genera entre las organizaciones sociales casi la misma expectativa que la ley de emergencia social aprobada a fines del año pasado.

Las poco más de 800.000 familias, distribuidas en casi 4100 barrios en villas de emergencia y asentamientos precarios del país, recibirán certificados. Esos números se desprenden del relevamiento "Barrios populares", que el Gobierno anunció en octubre pasado en la Casa Rosada.

"Es un título. Es suficiente para que los vecinos de las villas soliciten y accedan a los servicios públicos y sirve como acreditación de domicilio ante cualquier autoridad pública nacional", explicó a LA NACION Juan Grabois, referente de la CTEP y cercano al papa Francisco.

Hubo dos cerebros detrás de la iniciativa, que se cristalizará en el decreto de "creación del registro barrios populares para la integración urbana". Uno fue Grabois. El otro fue el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, quien se apoyó en las organizaciones que impulsaron la emergencia social para buscar "soluciones prácticas" para los sectores más postergados.

La entrega de certificados de domicilio es el segundo paso del plan de integración urbana, que comenzó el año pasado con el lanzamiento del relevamiento de barrios populares. La base del proyecto fue un censo presentado en octubre del año pasado en la Casa Rosada. Con esa iniciativa, en la que trabajaron más de 6000 voluntarios, el Gobierno encomendó a la CTEP, Barrios de Pie y la CCC -y a las ONG Techo y Cáritas- a censar a todos los grupos familiares que viven en villas, una información que hasta ahora no había recabado ningún gobierno.

En un tercer momento, se buscará que, una vez que estén repartidos los certificados de vivienda, en las villas se comience a acceder paulatinamente a conexiones de servicios públicos básicos.

Las organizaciones se entusiasman con que parte de ese trabajo sea canalizada por las cooperativas de trabajo de programas como el Argentina Trabaja. "Si estamos todos trabajando, va a ser incluso beneficioso para el Gobierno, porque va a haber mucha gente trabajando, que no tendrá que protestar en la calle", razonó un líder piquetero.

Además, los impulsores de la iniciativa señalan que en algunos de los asentamientos más violentos, con fuerte presencia narco, servirá a sus habitantes para darles la seguridad en la tenencia de la vivienda.

El decreto está casi listo. La normativa iba a publicarse en el Boletín Oficial esta semana, según pudo saber LA NACION. Sin embargo, a último momento aparecieron diferencias entre el Gobierno y las organizaciones sociales por una cuestión clave en un año electoral: quiénes entregarán los certificados.

La idea original era que los entregara la Anses a través de las unidades de atención integral distribuidas en todo el país. Allí está la clave de la discordia que mantiene congelada la oficialización del plan.

"Hubo presión de algunos gobernadores oficialistas, que se sintieron «puenteados». No iba a intervenir nadie más que la Anses en la entrega y quieren que todo pase por sus manos para sacar rédito político", explicó a LA NACION una fuente que sigue de cerca las negociaciones.

El Gobierno negó un conflicto en puerta y aseguraron que esta semana "estará listo el decreto".

Consultado por las demoras, Grabois dijo: "Aparecieron obstáculos propios de mezquindades. Ojalá el buen trabajo de las organizaciones no quede subordinado a la necesidad de algunos políticos de sacar rédito político de cualquier avance social". Algunos referentes sociales fueron más allá y pusieron nombre a las presiones. Vincularon el giro a un pedido del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

Te puede interesar

Enviá tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento.

Para poder comentar tenés que ingresar con tu usuario de LA NACION.
Las más leídas