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Correo: la jueza del concurso rechazó las críticas de la fiscal

Cirulli salió al cruce del dictamen de Boquin, que denunció un vaciamiento de la firma; acusó a la Cámara Comercial por las demoras y dijo que Gils Carbó respaldó su fallo

Lunes 15 de mayo de 2017
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LA NACION

En un tan duro como inusual pronunciamiento que incorporó de manera espontánea al expediente, la jueza a cargo del concurso del Correo Argentino, Marta Cirulli, rechazó haber promovido el vaciamiento de la empresa o ser la responsable del letargo que desde hace años arrastra el proceso que comenzó en 2001.

La jueza levantó así el guante que le había arrojado la fiscal ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin. Y lejos de mantenerse a la defensiva, Cirulli responsabilizó por esas demoras y vaivenes del expediente a la Cámara Comercial, a los gobiernos kirchneristas y de Macri, a la empresa y a la propia fiscal Boquin.

Célebre por su bajo perfil, Cirulli decidió esta vez responder a las acusaciones mediante un "pronunciamiento" que ella misma calificó como "heterodoxo". Lo incorporó en un nuevo incidente que abrió dentro del concurso. Y lo hizo el pasado viernes 5 de este mes, para recordar que mucho de lo que ahora se denuncia como novedoso ella ya lo había expuesto en 2010.

Cirulli fue más lejos. También ordenó a la sindicatura del concurso una revisión "contable, tributaria y legal" de la administración de los fondos disponibles en el expediente y los que ella autorizó extraer por entre el 2,5 y 2,7%, según estimó, del total del dinero disponible.

En su dictamen, Boquin había acusado a los ejecutivos del Correo y a la jueza Cirulli por impulsar un "vaciamiento" de la empresa como así también por los 16 años que consumió el expediente sin que se homologue un acuerdo o se dicte la quiebra, que consideró podría extenderse al resto del grupo Macri.

La presentación de Boquin molestó a la jueza. "Aparece del todo inexplicable que se introduzca en ese dictamen, como si fuera un elemento novedoso, aquello que yo misma expliqué minuciosamente en mi decisión del 18.3.2010 -remarcó-, mientras rechazaba el pedido de homologación del acuerdo preventivo propuesto por Correo Argentino." Es decir, con apoyo del entonces gobierno kirchnerista.

En esa línea, la jueza Cirulli repasó varios motivos por los que ella ya en 2010 había definido al concurso como "atípico", al tiempo que recordó que ella tuvo el expediente, entre 2007 y 2010 -antes lo instruyó otro magistrado-, y desde entonces lleva siete años en la Cámara.

Cirulli recordó, por ejemplo, que el 5 de diciembre de 2008 y como representante del Estado -el acreedor más importante del Correo-, se presentó Rafael Llorens, por entonces subsecretario Legal del Ministerio de Planificación Federal, que lideraba el ministro Julio de Vido, para pedir más tiempo y expresar que "se hallaría dispuesto a encontrar una solución definitiva favorable al concurso".

Respaldo de Gils Carbó

La jueza recordó, sin embargo, que ella no convalidó el acuerdo que sellaron el Estado y la empresa del Grupo Macri, y que en marzo de 2010 rechazó su homologación, por lo que el concurso subió a la Cámara del fuero, donde todavía se encuentra. Cuatro meses después, añadió Cirulli, la entonces fiscal de Cámara y actual procuradora general, Alejandra Gils Carbó , firmó un dictamen en el que concluyó que su decisión era correcta.

"En ese dictamen, la Dra. Gils Carbó examinó con minuciosidad todos los fundamentos de mi decisión desestimatoria del acuerdo preventivo; los encontró adecuados al caso y postuló la confirmación íntegra", sostiene en el escrito.

"Casi 7 años después -contrapuso Cirulli en su pronunciamiento-, la actual fiscal de Cámara pretendió [...] ingresar en cuestiones ajenas a la materia sometida a su opinión y modificar todo" lo que ya habían determinado en 2010 la jueza y Gils Carbó, "su predecesora y actual Procuradora General de la Nación".

Para Boquin, por el contrario, los máximos responsables del Correo actuaron con dolo durante estos años al impulsar el presunto vaciamiento de la empresa por más de medio millón de pesos al mes desde marzo de 2016 por distintas vías, pero siempre con Sideco y Socma (ambas empresas del Grupo Macri), como beneficiarias finales. Lo ejemplificó con el cobro en bonos de un crédito millonario del Correo contra el Ministerio de Trabajo o el alquiler de oficinas a Sideco por al menos $ 144.000 al mes, a pesar de que el Correo declara ahora sólo cuatro empleados y que, según la fiscal, sería "posible obtener oficinas con un costo del 15% del valor que paga".

Acusaciones cruzadas

Según la jueza, sin embargo, el total que ella autorizó a la empresa a extraer del concurso durante 2016 ascendió a un total de $ 4,6 millones. "Dicha suma representaba el 2,7% de los fondos que Correo Argentino SA tenía depositados, en aquel tiempo, en la cuenta judicial del expediente", recordó. Porcentaje que por otro cálculo, estimó, podría incluso reducirse al 2,5 por ciento.

"En ese contexto, mal podría seriamente argumentarse que aquella limitada extracción de fondos, con orden expresa de afectación al giro ordinario de la concursada bajo la fiscalización de la sindicatura controlante, haya implicado algún tipo de vaciamiento de Correo Argentino, que además de ser la propietaria de dicha cantidad, es titular de otros activos tangibles e intangibles", se defiende Cirulli.

Boquin piensa distinto. Considera que el cálculo de la jueza es parcial, ya que al arribar al 2,5 o 2,7 por ciento omitió incluir el retiro de unos bonos que el Correo mantenía contra el Ministerio de Trabajo, al mismo tiempo que interpreta que con sus dichos, la jueza contradijo, además, al actual ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad.

Desde el Gobierno, no obstante, nadie salió al cruce del dictamen de Boquín, que sí cosechó también la réplica del Correo, que le atribuyó alentar "un nuevo circo mediático" con "tantas inexactitudes, manipulación de datos, exageraciones y falsedades que realmente dejan al lector pasmado".

Mientras la jueza, la fiscal y la empresa cruzan acusaciones, sin embargo, la Cámara, que retiene el concurso desde hace siete años, optó por dilatar aún más el proceso. En vez de remitirle copias certificadas, le envió todo el expediente, original, a la Auditoría General de la Nación (AGN), por lo que el proceso se prolongará aún más.

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Marta Cirulli

Jueza

La magistrada realizó un "pronunciamiento" en el que rechaza las imputaciones de Boquin, que la acusó por la demora del expediente y por el vaciamiento de la empresa

Sostiene que Boquin marcó como novedosas cuestiones que ella había señalado en 2010, con respaldo de la entonces fiscal Gils Carbó, y que el expediente lleva siete años en la Cámara ComercialJueza y fiscal, enfrentadas por el polémico acuerdo que habían sellado el Gobierno y el Correo Argentino

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