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La única terminal amarrada a la Nación

Jueves 18 de mayo de 2017
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Los puertos constituyen unidades estratégicas desde el punto de vista del interés general ya que nacieron como nodos que a través de la infraestructura que proveen permiten la interfaz tierra-agua, sirviendo principalmente para el tráfico mercantil. Tan importantes son que llamaron la atención desde el mismísimo Derecho Romano donde juristas como Ulpiano se detenían a tratar su relevancia, lo que fue receptado luego en la legislación alfonsina de Las Partidas.

En nuestra historia nacional el primer hito vinculado al tema puede encontrarse en el Código Civil Veleciano, donde se partía de calificar a los puertos como "bienes del dominio público", categoría que tiene su razón de ser en el fin de interés general al que se tiende a satisfacer por su intermedio, lo que en materia portuaria viene a cuento de ser las ventanas al mundo, ya que a través de los mismos pasa toda mercadería que ingresa y egresa del país.

Fue lo anterior que motivó una lucha inveterada entre la Nación y las provincias, en punto a si las estaciones marítimas podían ser del Estado federal, o de los estados locales aunque sujetas a jurisdicción de la primera. Es aquí donde entran a jugar los conceptos de dominio y jurisdicción, que son de la esencia de la propiedad pública y que involucran nociones complementarias aunque diferentes: mientras que el dominio refiere a la pertenencia del bien en lo que a su propiedad respecta, la jurisdicción involucra la potestad de regular el o los usos del mismo.

Y si bien por principio ambos conceptos se encuentran vinculados, correspondiendo la jurisdicción a quien detente el dominio, puede darse el supuesto de que exista dominio sin jurisdicción y jurisdicción sin dominio, lo que ocurre en aquellos supuestos en los que la prevalencia de un interés (federal sobre el local) lo imponga. En ese marco y aplicados dichos conceptos a la temática portuaria tenemos que si bien los puertos fueron construidos por el Estado nacional, ello se realizó por regla en territorios provinciales, los que a su vez en tanto preexistían al Gobierno federal conservaron para sí todo su poder no delegado, comenzando por sus territorios, circunstancia que hacía que las provincias fuesen por regla sus titulares dominiales.

De allí que el Estado nacional tuvo históricamente sobre los puertos solo la jurisdicción, dado que al ser los eslabones esenciales para la exportación-importación se consideraba que existía un interés de superior jerarquía al provincial, poseyendo el dominio sólo de aquellos puertos que adquirió por compra o cesión, como el Puerto de La Plata. Esa lógica aplica parcialmente al Puerto de Buenos Aires, donde la particularidad viene dada porque fue construido por el Estado nacional pero sobre un territorio que, si bien era del dominio originario de la provincia, esta lo cedió al Gobierno federal en 1880.

Así las cosas, ¿puede la Nación transferir a la Ciudad el antedicho? La respuesta no deja lugar a dudas en sentido positivo, ya que con el proceso de reforma del Estado ocurrido a principios de la década del ?90 se produjo la "desfederalización" de los puertos, lo que ocurrió a través de la Ley Nacional 24.093. Nación formuló una declaración de política legislativa en el sentido de transferirlos a las esferas de gobierno locales que así lo requiriesen, lo que supuso fijar la premisa en el sentido de hacer cesar a los antedichos como "establecimientos de utilidad nacional", sin perjuicio de las competencias en materia de habilitación, aduanas y navegación que iban a supervivir en su cabeza, en los términos del art. 75 inc. 10 de la Constitución.

Y dicha manifestación de voluntad en el sentido de traspasar los puertos a las jurisdicciones locales fue hecha sin ningún tipo de cortapisa, por eso no es lógico que todos los puertos hayan sido transferidos a las jurisdicciones locales menos el de Buenos Aires.

El autor es abogado especialista en derecho administrativo y portuario, asesor del consorcio del Puerto de Mar del Plata

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