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Cristóbal López y el Gobierno se enfrentan por la autopista Ezeiza-Cañuelas

En Vialidad dicen que la concesionaria no deposita una tasa que recauda; en la empresa se quejan de las tarifas congeladas

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LA NACION
Jueves 18 de mayo de 2017
En Vialidad se incuba un enorme conflicto entre el Gobierno y una de las empresas de Cristóbal López
En Vialidad se incuba un enorme conflicto entre el Gobierno y una de las empresas de Cristóbal López.
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Entre expedientes y cálculos, en Vialidad se incuba un enorme conflicto entre el Gobierno y una de las empresas de Cristóbal López . Se trata de la concesión vial que une las localidades de Ezeiza con Cañuelas, que es del empresario patagónico, y que ha enfrentado a las dos partes en torno de los números del acceso a la Ciudad.

Hay acusaciones cruzadas. El Gobierno dice que Aecsa, dueña de Autopistas al Sur, retiene una tasa que se cobra a cada vehículo que pasa y que debe depositarse en una cuenta oficial. Desde las oficinas de Cristóbal López contestan que si no se quedan con ese importe no pueden pagar los sueldos de un corredor que tiene tasas de peaje de ocho pesos mientras sus colegas de los acceso Norte y Oeste, por caso, perciben hasta 45 pesos.

El problema entre ambos, que podría terminar en una rescisión de la concesión y en posteriores juicios, empezó con un fondo llamado Recaudación de Afectación Específica (RAE). Se trata de un valor incluido en el precio del peaje. Quien lo cobra debe depositarlo en una cuenta oficial. Es decir, es un mero agente de cobro. El esquema, al menos teórico, es que ese dinero regrese a la concesión en forma de obras en la traza.

Algo similar a este esquema se aplica a los combustibles: por cada litro que se vende, las estaciones de servicio recaudan el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) que luego deben depositar a la AFIP. En marzo de 2016, LA NACION reveló que la petrolera Oil, propiedad de Cristóbal López, no ingresó el aporte, por lo cual el organismo recaudador le reclamaba 8000 millones de pesos.

En el Gobierno dicen que Aecsa, que controla el corredor Autopistas al Sur, debe al Estado en carácter de retención del RAE entre 250 y 300 millones de pesos. En la compañía reconocen que son 170 millones. "La tarifa del peaje de la autopista está congelado desde hace años. Y mientras en otros accesos está cerca de 50 pesos por bajar la barrera, acá está apenas ocho. Si no retenemos el dinero no podemos pagar los sueldos", dicen cerca del empresario patagónico.

La historia de la concesión se remonta a noviembre de 2013 cuando la empresa Obrascón Huarte Lain (OHL), uno de los mayores grupos de servicios constructores de España, vendió su participación en la explotación de la autopista. López compró la concesionaria a través de una de sus sociedades, Esuvial, perteneciente a CPS, una de las firmas que gestiona el Grupo Indalo. Entonces, la ruta ya tenía una tarifa baja, al punto que la empresa española prefirió salir del negocio pese a recibir un precio muy bajo para el activo: 56 millones de pesos.

Se inició un proceso de renegociación con el Organismo de Control de Concesiones Viales (Occovi) que establecía un sendero de tarifas, además de una ampliación por 15 años del plazo de concesión, que vence en 2021. El expediente caminó el sendero burocrático hasta que llegó a la oficina del número uno de Vialidad durante el kirchnerismo, Néstor Periotti.

Pero las elecciones sorprendieron a varios en el edificio rector de las rutas argentinas y la firma nunca se estampó. El sucesor, Javier Iguacel, desestimó el acuerdo.Desde entonces empezaron los cortocircuitos hasta que, pocos meses después, Vialidad envió un interventor en la concesionaria.

En la empresa dicen que es el mismo interventor el que no deposita el RAE ya que lo usa para pagar los sueldos. En el Gobierno argumentan que no sólo esa irregularidad se detectó, sino que -además- las multas que se le han aplicado por falta de obras superan en ocho veces el monto máximo de la garantía de la concesión.

En la empresa explican que es el huevo y la gallina. "Nos hacen multas y les decimos que no hacemos las obras por no tener una tarifa que las remunere", dijo una fuente de la compañía. Consideran que con una tarifa de 18,50 pesos podrían generar un plan de obras sin requerir auxilio estatal. En el Gobierno no están convencidos de la solución. Cuentan que, además, se encontraron préstamos hechos por la empresa dueña de la traza a otras empresas del grupo. "Cómo se pueden hacer préstamos a otras sociedades si en teoría no alcanza el dinero para pagar los sueldos", dijo una fuente oficial.

En Vialidad aún resta definirse el camino. En la empresa de López esperan el desenlace y muestran las uñas: "Si rescinden seguramente iremos a un juicio para cobrarnos la inversión ya hecha y no remunerada", responden.

Una compra en mesa de saldos

La compra: En 2013, una empresa de Cristóbal López compró la concesión de la autopista a la empresa española OHL por $ 56 millones.

Tarifas bajas: El acceso a la Ciudad ya tenía una tarifa que estaba desactualizada y estaba en medio de una renegociación.

Acuerdo sin firma: La empresa de López inició una renegociación que llegó hasta las oficinas del director de Vialidad Nacional.

Vuelta atrás: El nuevo gobierno no firmó aquel acuerdo y desde entonces empezaron los desencuentros con el concesionario.

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