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Aplazo en educación inclusiva

Lamentablemente, hay instituciones educativas que no comprenden que su función no es excluir, sino educar a todos, integrando a quienes tienen dificultades

Viernes 19 de mayo de 2017
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Luego de cursar la educación primaria, los colegios están en condiciones de entregar el correspondiente certificado de estudios a los alumnos. No ocurrió así con una niña afectada con síndrome de Williams, un raro trastorno genético caracterizado por una discapacidad intelectual leve que se suma a otras alteraciones físicas. Desde los dos años, la estudiante concurrió al tradicional colegio religioso Mallinckrodt, de la ciudad de Buenos Aires, donde completó sus estudios primarios sin mayores complicaciones en la modalidad integradora.

Cuando ya se encontraba cursando el primer año del secundario, el colegio puso reparos para la entrega del certificado de estudios primarios con plan pedagógico individual, al aducir que la niña "no alcanzaba los contenidos mínimos" del programa completo de educación primaria. Fue necesaria la eficaz intervención del Ministerio de Educación porteño para solucionar la cuestión, debiendo ordenar al colegio que expidiera el título correspondiente.

No terminaron allí las dificultades para la niña y su familia, pues la institución educativa les hizo saber que deberían buscar otra escuela para proseguir los estudios, pues la joven estudiante "no daba el nivel". Fue entonces necesario recurrir a un amparo judicial para ordenar su inscripción en el siguiente ciclo y luego otro ante la persistencia del conflicto. Obviamente, la chica quería terminar sus estudios debidamente adaptados, con sus compañeras amigas de hacía diez años, y participar del viaje de egresadas a Bariloche con todo el curso.

La Defensoría de Menores e Incapaces N° 6 intervino en defensa de los derechos de la alumna, protegidos por la Declaración internacional de los derechos de personas con discapacidad, disparador del segundo amparo judicial. El fallo del Juzgado Nacional en lo Civil N° 99 ordenó al colegio reconocer el derecho de la niña a una educación inclusiva, conforme a un proyecto pedagógico individual (PPI), con los apoyos docentes que fueran necesarios, y confirmó su derecho a permanecer en la institución hasta terminar sus estudios.

El señero fallo judicial, como el anterior que reconoció los derechos del alumno Alan Rodríguez, de quien también nos ocupamos en estas columnas, constituye un hito en el largo y arduo camino que deben transitar los padres de estos jóvenes en procura de un trato igualitario y no discriminatorio para sus hijos. Está claro, a partir de estos tristes ejemplos, que una parte del sistema escolar no ha comprendido aún que el problema no es del alumno, sino de la escuela.

Resulta también evidente que muchas instituciones no comprenden que su función educativa no consiste en excluir del sistema a quienes "no dan el nivel", sino en educar a todos en aquello en lo que todos somos iguales: nuestra humanidad común. Para poder transmitir debidamente estos indiscutibles valores, es menester que primero sean los directivos de los colegios, los docentes, los equipos escolares y la comunidad educativa toda quienes lo tengan claro, sin que sea necesario que la autoridad administrativa o la Justicia deban recordárselo imperativamente.

Párrafo aparte merece la cuanto menos curiosa concepción de un colegio católico que evidencia tamaña dificultad para poner en práctica la caridad y la misericordia cristianas que nos iguala a todos, un sentimiento claramente opuesto a los que parecen haber guiado las discriminatorias decisiones a las que nos referimos. Ojalá esta sentencia permita iluminar su senda en la dirección deseada.

En definitiva, aplazo para el colegio y aplauso para la niña, para sus padres, para la defensora pública, los juzgados intervinientes y la autoridad administrativa cuyas actuaciones permiten abrigar esperanzas a tantas personas que añoramos una sociedad inclusiva, propia de un cambio de paradigma, y que esperan ser tratadas como lo merecen: con igualdad y justicia.

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