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Abuso de prisión y sesgo en la persecución, una deuda histórica

La justicia penal colapsó con presos sin condena y una selectividad en el castigo de los delitos

Viernes 19 de mayo de 2017
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LA NACION
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La justicia penal colapsó. No ahora, hace décadas. Seis de cada diez personas que están en prisión no están condenadas y hay un sesgo de clase para la persecución penal.

Parece que el tiempo no pasó. Estas líneas podrían haber sido escritas en 1990. O antes. Las advertencias que realizó el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas son las históricas que desde los 90 vienen realizando los organismos de derechos humanos, con el CELS a la cabeza. Un estudio de 2016 de esta organización advirtió que entre 1997 y 2014 se duplicó la población penitenciaria, y que el año pasado dos tercios de los presos no tenían condena. A esto se suman los detenidos que están presos más de tres años en prisión preventiva, sin condena.

Hace 12 años, la Corte ya advirtió sobre este problema en el fallo Verbitsky. El CELS advertía entonces que los más pobres eran los presos, lo mismo que ahora dice el Grupo de Trabajo de la ONU cuando destaca que hay una selectividad del sistema penal. Es mas fácil que terminen presos los pobres, los chicos en situación de calle, los indígenas, los inmigrantes y los gays, las lesbianas, los bisexuales y transexuales.

Esto es estructural, cultural y forma parte de las deudas del sistema penal y del sistema policial, que con la complicidad de la política se autogestionó durante décadas en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional. Las investigaciones de corrupción que descabezaron la policía porteña y la bonaerense reflejan un cambio que no obstante no alcanza para desterrar prácticas de violencia institucional o abuso policial en las detenciones -que en ocasiones se extienden por días- para la averiguación de la identidad.

Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del CELS, advirtió que si bien es histórica esta situación, "no sólo hay responsabilidad de los sistemas judiciales, sino también de los mensajes políticos cuando se reclama la detención de personas acusadas de cometer delitos, proponiendo un endurecimiento penal y asimilando la libertad durante el proceso a la impunidad".

"Cuando hay un caso de alto impacto, el mensaje desde la opinión pública y el poder político es que el sospechoso tiene que quedar detenido, lo que supone un adelanto de condena antes de que el juicio establezca su situación", indicó.

Litvachky advirtió sobre "un incremento importante en el abuso de las detenciones arbitrarias por parte de la policía". No sólo en los últimos meses, sino que dijo que lo mismo se daba con el hostigamiento policial en la provincia durante el kirchnerismo. La Argentina ya fue condenada por esto ante la Corte Interamericana por el caso Bulacio, recordó. La solución que propuso el Estado para el abuso de la prisión preventiva es la aplicación de penas alternativas a la prisión y la reforma del Código Procesal Penal para agilizar los procesos.

La novedad del informe de ayer es el énfasis en el encarcelamiento de personas en el marco de protestas sociales. El macrismo anunció la aplicación de un protocolo antipiquetes, pero el Grupo de Trabajo de la ONU alertó que esta norma "supondría un aumento del riesgo de que se produzcan detenciones arbitrarias".

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