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Los médicos a domicilio también se sumarán al control

De Andreis decidió contratar un servicio con esas características

Viernes 19 de mayo de 2017
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La Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Fernando de Andreis, contrató un servicio médico para el personal que trabaja en el entorno de Mauricio Macri.

A los requerimientos habituales de esa clase de prestaciones, le agregó un renglón a tono con la iniciativa del Gobierno.

Los médicos a domicilio también se sumarán al control
Los médicos a domicilio también se sumarán al control. Foto: Archivo

Según se puede corroborar en documentos públicos, de Andreis pidió que el oferente tenga un "sistema de consultas vía Web que permita acceder al personal autorizado" a través de Internet, a la información de sus empleados.

Entre los datos que deberán figurar están el control de ausentismo (fecha y hora, informe y resultado de la visita). "Las novedades deberán verse on line a través del sistema", se explicó.

Con respecto a las visitas a domicilio, la Secretaría pide una cantidad máxima anual de 2400, más que el número de empleados afectados a Presidencia, por ejemplo.

Contratación limitada

Casi desde el principio del Gobierno, la administración actual buscó cambiar la manera en que se desarrolla el empleo público. A principios de este año, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, les prohibió a los organismos que componen el Poder Ejecutivo sumar este año personal por encima de la cantidad que tenían hasta el último día de 2016.

Las reparticiones que quieran hacerlo deberán atravesar un complejo camino burocrático para conseguir la autorización de Peña.

Los límites a la contratación de personal se aplicaron en la denominada administración central (la Presidencia y los ministerios, entre las principales dependencias), la descentralizada y los organismos descentralizados, como la Anses, el Incaa y el PAMI. En cambio, quedaron excluidas las empresas del Estado como Aerolíneas Argentinas; las Fuerzas Armadas, las universidades, el Congreso y la Justicia. Tampoco están incluidas las provincias.

La norma expone sus objetivos sin ninguna clase de rodeos. En los considerandos sostiene "que es oportuno establecer" que las entidades que componen el PEN "no puedan incrementar sus plantas de personal contratado que superen las cantidades existentes al 31 de diciembre de 2016".

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