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Acusaciones en tiempos electorales

La corrupción debe ser juzgada, combatida y erradicada; pero la Justicia, además de activa, debe ser cuidadosa para separar la paja del trigo

Sábado 20 de mayo de 2017
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La intensa corrupción gubernamental durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner dejó como otra pesada herencia una extendida presunción social de que cualquiera que ocupe cargos públicos es deshonesto salvo que demuestre lo contrario. Con pocos fundamentos o con ninguno se puede elaborar una acusación que permita poner a un funcionario bajo sospecha. Esto resulta suficiente para que gran parte de la población ya lo considere culpable, o al menos sospechoso, sin pretender más indagación. Los acusadores y los fiscales que toman la denuncia obtienen espacio en los medios de comunicación, y los jueces quedan inhibidos y temen, a su vez, ser acusados de colusión con el acusado. Muchas veces, en este convencimiento evitan rechazar in límine denuncias de mala fe y sin ningún sustento probatorio, no emiten sentencia absolutoria aunque corresponda y demoran el proceso buscando la prescripción.

Acusaciones falsas se producen en forma constante. Por ejemplo, cuando días antes de una elección, Enrique Olivera fue imputado falsamente de disponer de dinero no declarado en una cuenta en el exterior. La falsedad fue demostrada cuando ya era tarde; mientras tanto, sus adversarios políticos hicieron los mayores esfuerzos para que la duda persistiera, al menos hasta la elección. Otro caso más complejo fue el del affaire de la "Banelco", que alcanzó al propio presidente Fernando de la Rúa. Luego de varios años la Justicia lo sobreseyó, coincidiendo esta sentencia con la apreciación de su honestidad personal de quienes bien lo conocen.

Hubo casos con varias condenas judiciales bien fundamentadas y merecidas durante el gobierno de Carlos Menem. Pero en contraposición, algunas acusaciones sobre él carecieron de sustento. Tal es el caso del largo juicio para dirimir la acusación de fraude en la venta "a precio vil" del predio ferial de Palermo a la Sociedad Rural Argentina (SRA). Este juicio involucra al ex presidente, a su ministro Domingo Cavallo y a directivos de la SRA. El proceso se ha sostenido durante años apoyado en una valuación errónea e inconsistente de dos peritos arquitectos que desconocían el método adecuado para valuar un activo de uso empresarial limitado a una actividad y transferido con gravosos cargos y obligaciones.

Recientemente se produjo el caso del director de la Aduana, Juan José Gómez Centurión. En este episodio debe ponderarse la actuación de los tres actores de la situación. El Poder Ejecutivo, que suspendió preventivamente al funcionario mientras se sustanciaba la investigación, y el proceso judicial. La Justicia actuó diligente y rápidamente, y el acusado acató la decisión del Presidente y se prestó a todos los requerimientos del fiscal y del juez. La sentencia exculpatoria condujo a su restitución en el cargo.

En las últimas semanas, se tuvo conocimiento de otras denuncias por parte de diputados de la oposición por operaciones con activos financieros del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses con un presunto perjuicio a las arcas públicas. También se trata de acusaciones sin fundamento alguno.

Lamentablemente, en un clima de descreimiento de la política y en vísperas electorales, será fácil emplear el arma de la acusación de corrupción contra personas honestas. No sería extraño que estos episodios sean iniciados no sólo por adversarios electorales, sino también por quienes efectivamente arrastran culpas anteriores de su proceder deshonesto. De esa forma podrán lograr un halo de virtudes que no practican, o lograrán disimular más fácilmente en la polvareda sus propias fechorías.

Después de 12 años de populismo y corrupción, hoy el Poder Ejecutivo de la Nación está conducido en su gran mayoría por personas capacitadas y son honestas. Esto no los ha eximido de recibir denuncias infundadas, pero mediáticamente efectivas, como la que motivó nuestro editorial del 15 de mayo pasado, titulado "Denuncia sin fundamento". Deberá evitarse imaginar corrupción sólo a partir de eventuales conflictos de interés que o bien son corregidos o motivan la excusación del funcionario. A su vez, los funcionarios deben ser hasta exageradamente pulcros en el manejo de estos conflictos de interés.

La corrupción debe ser juzgada, combatida y erradicada de la Argentina. La Justicia tiene que ser activa, pero a la vez cuidadosa para separar, con la menor dilación posible, la paja del trigo.

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