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Un intrincado laberinto donde hallar la solución

Sábado 20 de mayo de 2017
PARA LA NACION

SAN PABLO.- Las denuncias que golpearon a Michel Temer son las más graves de la historia de Brasil contra un jefe de Estado. Ni el juicio político contra Collor de Mello se basó en pruebas tan cabales como una grabación dentro del despacho del presidente.

Los historiadores conocen bien el caso de las cartas falsas de Artur Bernardes, allá durante la remota República Vieja. Esas cartas desataron una crisis militar que años después terminaría demoliendo el régimen político. Y eso que las cartas eran falsas... Pero acá no parece haber duda de que el presidente cometió un delito en ejercicio de su mandato.

Enfrentamos el riesgo de sumir al país en una crisis de autoridad generalizada sin que haya una fuerza política capaz de recomponer las instituciones. Como en la década de 1920, la crisis política viene a sumarse a la crisis económica, y en lugar de los militares con su discurso moralizador, ahora aparecen los jueces.

Si otros fuesen los tiempos, habría partidos capaces de conformar una coalición que conduzca el país hasta las próximas elecciones. En 1930, Getulio Vargas lideró una confabulación de oligarcas disidentes con apoyo del ejército e instauró un nuevo régimen político.

En épocas más recientes, tras la caída de Collor, su vicepresidente Itamar Franco cumplió ese papel al frente de una alianza de los grandes partidos. Hoy eso no es posible por dos motivos: los partidos están desacreditados y vivieron un proceso de radicalización que destruyó los puentes de entendimiento entre ellos.

Un presidente fruto de una elección indirecta cargaría con el mismo pecado de origen que el gobierno actual, que no tiene la legitimidad que dan las urnas. Y su elección le correspondería a un Congreso sospechado de corrupción.

Y aunque se eligiera a alguien externo a los partidos, esa persona tendría que gobernar con los partidos, y tomar posición sobre las reformas que profundizaron la impopularidad de Temer: la reforma laboral y la del sistema previsional.

Una reforma constitucional que habilitase elecciones directas tendría la ventaja de devolverle al pueblo el poder que es suyo en una democracia. El tema es que el elegido tendría un mandato demasiado corto como para no decepcionar al electorado.

Refundar la República mediante elecciones generales del Congreso, el presidente y de una Asamblea Constituyente sería la apuesta más popular. Pero como toda apuesta, conlleva riesgos, como una restauración conservadora o la elección de un outsider de la política sin apoyo organizado en la sociedad civil. Y esa probabilidad es mínima, ya que la historia nos enseña que los políticos en funciones jamás sueltan el hueso.

La crisis sigue sin visos de solución.

El autor es historiador de la Universidad de San Pablo

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