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Temer desafió a la oposición: "Si quieren, que me derriben"

Los rivales del presidente amenazan con bloquear las leyes que debe aprobar el Congreso

Martes 23 de mayo de 2017
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LA NACION
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El presidente brasileño, Michel Temer
El presidente brasileño, Michel Temer. Foto: Archivo

RÍO DE JANEIRO.- El escándalo por los sobornos del frigorífico JBS, que sumió en una profunda crisis al gobierno de Michel Temer, desembocó ayer en una verdadera confrontación política. Mientras el presidente reiteró que no renunciará y advirtió que si lo quieren sacar del poder deberán derribarlo, la oposición amenazó con bloquear el funcionamiento del Congreso y dejar así en suspenso las reformas económicas impulsadas por el mandatario para sacar al país de la recesión.

"Yo no voy a renunciar. Si quieren, que me derriben, porque si yo renunciara sería una declaración de culpa", afirmó Temer en una entrevista con el diario Folha de São Paulo, en medio de desesperados intentos de mantener unida la coalición que lo sustenta.

La semana pasada, el diario carioca O Globo reveló que los empresarios Joesley y Wesley Batista, dueños de JBS -la mayor procesadora de carne del mundo- e investigados en el marco de la operación anticorrupción Lava Jato, llegaron a un acuerdo de delación premiada con la Procuraduría General de la República (PGR) para entregar a cambio pruebas contra el presidente y otros políticos aliados. Los hermanos Batista dieron a la justicia una conversación grabada clandestinamente el 7 de marzo en la residencia de Temer. En ella, el mandatario parecía avalar sobornos al condenado ex titular de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, mayor instigador del impeachment a Dilma Rousseff, que permitió que Temer pasara de vicepresidente al comando del Palacio del Planalto.

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Como consecuencia, la PGR pidió al Supremo Tribunal Federal (STF) autorización para iniciar una investigación sobre el presidente por presunto intento de obstrucción de la Justicia, corrupción pasiva y asociación ilícita. En su primera reacción, Temer negó que en la charla hubiera dado su aprobación a las coimas y luego puso en duda la misma grabación. Aseguró que el audio fue editado y manipulado y solicitó al STF suspender la investigación hasta que se realice un peritaje.

El plenario del STF debía reunirse mañana para analizar el pedido del presidente, pero ayer se decidió que sólo lo haría una vez que la Policía Federal concluyese el peritaje.

Ante la posibilidad de que el STF decidiera mantener la investigación contra Temer, lo que sería considerado una derrota por el Planalto e inclinaría a varios aliados del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) a abandonar el gobierno, los abogados del presidente retiraron anoche su solicitud ante la Corte.

En la entrevista con Folha, Temer garantizó que permanecerá en el poder hasta el final, aunque sus propias declaraciones complicaron más su situación. Cuestionado por el diario sobre el silencio que mantuvo frente a las revelaciones de Batista de que había cooptado a algunos fiscales y jueces (posible prevaricato de su parte), el presidente las desechó como "tonterías que no tuvo en cuenta" y señaló que había recibido a Batista para tratar el reciente escándalo de la carne adulterada (operación Carne Débil), aunque en realidad esos hechos ocurrieron diez días después del encuentro con el empresario alimentario. Para Temer, todo fue una trampa montada por sus adversarios en la que cayó por ingenuo.

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"Se creó un clima que permea esta entrevista de que va a ser un desastre, de que Temer está perdido; yo no estoy perdido", dijo. "Voy a revelar fuerza política a lo largo de las próximas semanas, con la votación de leyes importantes", agregó.

Hoy, el Congreso debería votar una serie de medidas impositivas, y antes de fin de mes se esperaba que fuera sometida a debate la polémica reforma jubilatoria que propuso Temer, así como algunos detalles de la flexibilización laboral ya aprobada. Pero ayer la oposición sometió a consideración del titular de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia (del partido Demócratas, DEM, aliado gubernamental), el 13er. pedido de juicio político contra el presidente, y amenazó con bloquear el funcionamiento del Parlamento si estos reclamos no son aprobados.

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