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La lucha judicial de los vecinos de Comodoro Rivadavia

Nueve magistrados se excusaron de actuar en un amparo colectivo de damnificados

Miércoles 24 de mayo de 2017
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PARA LA NACION
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Foto: Archivo

COMODORO RIVADAVIA.- Nueve jueces de esta ciudad se excusaron de actuar en un recurso de amparo presentado por 70 vecinos de los barrios Juan XXIII y Pueyrredón, que aún sufren las consecuencias del temporal y que denuncian la situación de abandono en que se encuentran tras la catástrofe climática ocurrida hace un mes y medio. La Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia validó esta posición a fines de la semana pasada y dejó a los inundados sin la posibilidad del reclamo judicial.

La mayoría de estos jueces argumentaron algún tipo de cercanía con los amparistas, lo que, en su criterio, los inhibe para abrir el amparo.

Sin embargo, en medio del revuelo que provocó la difusión del caso, las abogadas de los amparistas fueron notificadas anteayer por la mañana de otro giro: una nueva resolución de la cámara desconoce el primer fallo y ordena a una jueza laboral que se aboque a entender el recurso de amparo presentado por los vecinos.

A raíz de las idas y venidas, el propio presidente del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, Marcelo Guinle, disparó críticas contra los magistrados: calificó de "desopilante" la decisión de los jueces de no hacer lugar a un amparo presentado por vecinos y aseguró que "se ve que a alguien se le prendió la lamparita", lo que evitó un "escándalo jurídico", en referencia al giro que dio la Cámara de Apelaciones.

Guinle aseguró que en el Poder Judicial hay "sectores situados en una zona de confort en donde no se toma conciencia de que se está prestando un servicio" y consideró que "hay cuestiones que son más importantes, que requieren que uno se haga cargo en función del interés general más allá de las cuestiones particulares".

Comodoro vivió hace poco más de un mes y medio el peor temporal de su historia, y sus consecuencias todavía complican la rutina y la conectividad en los barrios. Los vecinos optaron por la vía judicial para reclamarles a las autoridades políticas de la provincia y el municipio, concejales, diputados provinciales y a la Sociedad Cooperativa Popular Limitada tomar medidas de urgencia para garantizar el derecho a un "ambiente sano, a la salud y a obtener indemnizaciones que reparen el daño" sufrido por el temporal.

El pedido de los vecinos apunta a que la Justicia exija a las autoridades realizar y verificar acciones tales como proveer los servicios básicos de alumbrado público y de agua potable, garantizar la salubridad, seguridad y la limpieza de aquélla y la realización de tareas de remoción de arena y escombros, desinfección, diseño e implementación de un plan de obras a fin de regularizar el tendido de la red eléctrica.

Además, solicitan instalar una red cloacal y pluvial que permita el drenaje sanitario de una forma oportuna y adecuada; garantizar el drenaje de las cámaras sépticas, pozos ciegos y sectores del barrio que se encuentren inundados por las lluvias y el lodo, y el saneamiento de los suelos contaminados.

Agregan la necesidad de elaborar estudios epidemiológicos que informen adecuadamente la situación sanitaria de las poblaciones de los barrios afectados que permitan individualizar las enfermedades que guarden relación directa con la contaminación ambiental, establecer el número real de afectados y diseñar estrategias adecuadas de abordaje.

Finalmente, los vecinos plantean la necesidad de otorgar tratamiento integral a todas las personas que hayan sufrido o sufran daños materiales, físicos y psicológicos como consecuencia de la catástrofe vivida en la ciudad, y un subsidio económico a los presentantes, a fin de paliar las pérdidas sufridas, y la eximición del pago de impuestos.

Los vecinos que presentaron el amparo acreditaron el certificado de catástrofe, extendido por la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, que refleja la condición de damnificados directos de la catástrofe ocurrida el 30 de marzo de 2017.

Entre otros perjuicios, en la presentación mencionan la afectación del derecho a gozar de un ambiente sano, al de salud, seguridad, circulación y vivienda digna.

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