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Caso Próvolo: malestar por la negativa de la Iglesia a revelar detalles

El vicario judicial Dante Simón aseguró que no dará información, amparándose en el "Concordato" de 1966 firmado entre el Vaticano y el presidente de facto Juan Carlos Onganía

Martes 23 de mayo de 2017 • 22:53
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PARA LA NACION
Dante Simón, el vicario judicial en representación del Sumo Pontífice en su visita a los tribunales
Dante Simón, el vicario judicial en representación del Sumo Pontífice en su visita a los tribunales.

El escándalo por los casos de abuso sexual de menores sordos del Instituto Antonio Próvolo de Mendoza ingresó en otro terreno, que subyace a las denuncias: la Iglesia se niega a brindar información a la Justicia local, amparándose en un viejo acuerdo entre el Vaticano y nuestro país. Ante esto, la parte querellante asegura que la obligación de las autoridades de la curia es contar lo que saben de los aberrantes hechos y romper así el secreto eclesiástico. Sin embargo, los enviados de la Santa Sede ya se fueron de la provincia, dejando en claro que su tarea investigativa es independiente y que sólo deben reportarse a su superiores. Esto, ha generado un nuevo malestar en el proceso judicial.

Días atrás, mientras todo se encaminaba para que los hombres del Papa Francisco revelaran detalles del caso y de los traslados al país décadas atrás de sacerdotes investigados por abusos sexuales en Italia, el avance de la causa se detuvo cuando Dante Simón, el vicario judicial en representación del Sumo Pontífice, y encargado de la investigación interna de la grey sobre lo ocurrido en el Próvolo, aseguró que no dará a conocer los detalles de lo que descubran, amparándose en el "Concordato" firmado entre el Vaticano y el presidente de facto Juan Carlos Onganía en 1966. Simón, en tanto, se encargó de aclarar que se dedicarán a buscar la verdad de lo sucedido y que pudieron conocer de cerca sólo el relato de unas de las víctimas, ya que el resto se negó a recibirlos.

Ante esta situación, mientras el fiscal que lleva el caso, Gustavo Stroppiana determina los pasos a seguir, los abogados de las víctimas pusieron el grito en el cielo y desmintieron a los enviados papales, ya que aseguran que deben revelar lo que saben antes las autoridades judiciales locales porque no pueden resguardarse más en ese acuerdo. "Nuestra Corte Suprema ha dicho que el Concordato está por debajo de los tratados internacionales de derechos humanos , la Iglesia tiene el deber de informar", explicó el letrado Sergio Salinas.

En conferencia de prensa, antes de partir, Simón expresó: "Vamos a venir a Mendoza la cantidad de veces que sea necesario. Somos una suerte de fiscal y tenemos que recoger la información y trasladarla a la Santa Sede que es el órgano competente y va a decidir qué pasos dar. Y si se determina que haya juicio canónico nosotros no podemos intervenir porque somos fiscales", explicó Simón.

Por otra parte, se espera este miércoles que se defina al destino procesal de la monja Kumiko Kosaka, quien se encuentra detenida en el penal de mujeres de Aguas de las Avispas. La Justicia de Garantías tiene previsto determinar si le dicta la prisión preventiva a la religiosa, quienes en dos declaraciones ante las autoridades judiciales ha desmentido las acusaciones en su contra.

Además de Kumiko, están privados de su libertad los curas Nicola Corradi (82), con el beneficio de la domiciliaria, y Horacio Corbacho, de 50 años, en la penitenciaría provincial de Boulogne Sur Mer, así como uno de los empleados, José Luis Ojeda, también sordomudo; el monaguillo Jorge Bordón, de 55 años, y el jardinero del instituto, Armando Gómez, de 46. Todos están alojados en el penal provincial de Boulogne Sur Mer. Los imputados, que se encuentran con prisión preventiva por al menos seis meses, podrían recibir 50 años de cárcel por la cantidad de hechos en los que se los involucra, que llegaría a 27.

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