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El chavismo presiona a los alcaldes para que repriman las marchas

El Tribunal Supremo advirtió que se arriesgan a terminar en prisión aquellos jefes comunales que no impidan la obstaculización de la vía pública durante las protestas

Viernes 26 de mayo de 2017
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PARA LA NACION
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Los manifestantes destruyen productos de limpieza saqueados durante una marcha
Los manifestantes destruyen productos de limpieza saqueados durante una marcha. Foto: Reuters / C. G. Rowlins

CARACAS.- La hoja de ruta revolucionaria contra las "guarimbas" (piquetes) es la misma que la emprendida en 2014: amenazar a alcaldes opositores con condenas de entre seis y 15 meses de prisión si no reprimen a los que hacen barricadas o se manifiestan en vías públicas. En aquella fecha, tardaron pocas horas en detener a Daniel Ceballos, primer edil de San Cristóbal, capital de Táchira, y a Enzo Scarano, alcalde de San Diego, en Carabobo. El primero todavía permanece en prisión y el segundo fue preso político durante diez meses.

Los amenazados por las medidas decretadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se reunieron ayer para dejar claro que su lucha continúa junto al pueblo y que permitirán las protestas pacíficas en sus calles, pese a que ya se ha iniciado contra ellos la cuenta regresiva. "Es un compromiso que tenemos con el país", aseguró Ramón Muchacho, alcalde de Chacao, municipio del este de Caracas, señalado constantemente por Nicolás Maduro ya que buena parte de las marchas tienen allí su punto de partida.

"Yo no tengo miedo de ir preso porque sé que aunque esté preso, Baruta seguirá protestando. No nos desviemos de la lucha, la anarquía nos debilita y la unidad nos hace fuertes", añadió Gerardo Blyde, alcalde Baruta, otro de los municipios amenazados. El tercero es David Smolanski, alcalde de El Hatillo.

Junto con los tres capitalinos levantaron la voz los otro cinco señalados: José Luis Rodríguez y José García Fernández, en Miranda; y Carlos García, Juan Peña y Omar Lares, en Mérida.

Los alcaldes detenidos hace tres años también fueron destituidos, y se celebraron elecciones durante el mismo año. En ambos casos se presentaron sus mujeres, quienes barrieron en las urnas a los candidatos de Maduro.

El TSJ exige utilizar todos los "recursos materiales y humanos" para evitar que haya obstáculos en la vía pública y remover de inmediato los que ya están. La sentencia va más allá al ordenar que se impidan "reuniones en las vías públicas que coarten el libre tránsito" y obligar a las policías locales a cumplir "con sus deberes". Algo que solo se aplica a alcaldías opositoras, cuando incluso una de ellas, Chacao, sufre la intervención de su cuerpo de Policía desde hace meses.

Una vez más, el Supremo se atribuye funciones que no son suyas, incluso restringiendo el derecho a la protesta que garantiza la Constitución vigente, que ahora Maduro quiere cambiar. "Es un claro abuso de poder... Solo la Sala Constitucional (del TSJ) puede decidir si sus imprecisas órdenes fueron o no cumplidas. De ese juicio dependerá la libertad de los alcaldes y su permanencia en el cargo", aclaró José Ignacio Hernández, doctor en Derecho y profesor de la Universidad Central de Venezuela.

Este jurista, además, insiste en que la fiscalía general es la única que puede, según el ordenamiento jurídico venezolano, iniciar acciones penales contra los alcaldes. Un poder de la revolución que se ha rebelado contra el autoritarismo de Maduro, como volvió a dejar patente la fiscal Luisa Ortega en su comparecencia del miércoles.

El chavismo recrudeció su campaña contra su otrora aliada. Y a la cabeza se ha puesto Vladimir López Padrino, ministro de Defensa y hombre fuerte del madurismo. "Dichoso aquel que corriendo entre los escollos de la guerra, la política y las desgracias públicas preserva su honor intacto", parafraseó el general al Libertador Simón Bolívar para atacar con saña a Ortega y acusarla de "instigar la violencia" contra los guardias nacionales, además de afectar el "espíritu de cuerpo".

Las investigaciones fiscales confirmaron que al estudiante Juan Pablo Pernalete lo mató una bomba lacrimógena lanzada contra su pecho por un guardia nacional. Para los archivos de la propaganda queda el montaje gubernamental en torno a una fantasmagórica pistola que nadie nunca vio.

Diosdado Cabello, líder del ala radical de la revolución, también acusó a la fiscal de tener amigos "asesinos y represores". Hasta La Piedrita, uno de los colectivos revolucionarios que se mueve con impunidad en el barrio caraqueño del 23 de Enero, emitió un comunicado calificando a Ortega como vocera de la impunidad de las bandas terroristas.

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