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Un pedido de la fiscal por la constituyente ahonda las internas en el chavismo

Hizo una presentación en el Tribunal Supremo para impedir la convocatoria a la reforma de la Carta Magna

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PARA LA NACION
Viernes 02 de junio de 2017
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CARACAS.- Luisa Ortega, fiscal general de Venezuela, no se asusta ante el tamaño de su enemigo y se mantiene firme en la pulseada que entabló con Nicolás Maduro y con los otros poderes de la revolución bolivariana. La jefa del Ministerio Público no dudó en acudir ayer a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), principal herramienta contra el Parlamento y la oposición, para introducir un amparo en su Sala Constitucional, a sabiendas de cuáles serán las respuestas a sus grandes cuestionamientos.

El principal de todos ellos lo repitió en la escalera que da acceso al alto tribunal, el mismo interrogante que desde el 1° de mayo se realiza el 75% de los venezolanos: "Estamos solicitando que se aclare si se puede convocar una modificación del texto constitucional sin la aprobación del pueblo, que es el único depositario del poder constituyente".

La respuesta está incluida en la Constitución bolivariana de 1999 de una forma tan clara que hasta en los textos colegiales del Ministerio de Educación se afirma taxativamente que la convocatoria a constituyente "la aprueba o la niega el pueblo mediante un referéndum consultivo".

Ortega está convencida de que el proceso puesto en marcha por Maduro y por sus seguidores en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y en el Supremo supone un retroceso en materia de derechos humanos. La fiscal, que encabeza el rechazo del llamado chavismo "auténtico" contra la constituyente, sólo tardó 24 horas en cuestionar la sentencia del TSJ, "de cuya letra parece que se elimina la democracia participativa, lo que costó mucho al pueblo venezolano".

Desde que a finales de marzo denunciara la ruptura del hilo constitucional, Ortega se convirtió en la principal "bestia negra" del chavismo, al mismo nivel que Luis Almagro, secretario general de la OEA. Su rechazo al proceso constituyente y a las sentencias que usurpaban los poderes del Parlamento, sus acusaciones contra la violencia del Estado y los asesinatos perpetrados por guardias nacionales durante las protestas, además de sus exigencias para que se respete el debido proceso hicieron que el madurismo haya adelantado sin rubor que los nuevos constituyentes "reformarán" la fiscalía.

Además de allanar el camino al proceso de la constituyente, al TSJ todavía le queda tiempo para alargar su amenazante espada a otros dirigentes opositores. El último al que conmina a levantar barricadas y prohibir protestas que alteren el tráfico es Henrique Capriles, gobernador de Miranda.

"Se pusieron como límite el 7 de junio para que no haya ni un ciudadano en la calle en defensa de la Constitución. En Venezuela no hubo un momento tan oscuro como el que hay ahora", respondió el ex candidato presidencial. Una orden parecida provocó en 2014 la detención de los alcaldes Daniel Ceballos, todavía en prisión, y de Enzo Scarano, que ayer resultó herido por impacto de una bomba lacrimógena mientras protestaba en Valencia.

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