Si usted es una persona con dificultades visuales, navegue el sitio desde aquí

Domicilio para los pobres, un reconocimiento inédito

Eduardo Fidanza

SEGUIR
PARA LA NACION
Sábado 03 de junio de 2017

Sin que trascendiera demasiado, el Gobierno anunció hace unos días la entrega de un certificado de vivienda a las familias que habitan villas, asentamientos y urbanizaciones informales de todo el país. Por medio de este documento, que acredita el domicilio, se podrá solicitar la conexión a los servicios públicos de gas, electricidad, agua y cloacas, así como tramitar el CUIT y el CUIL, efectuar peticiones ante organismos públicos y solicitar prestaciones sanitarias, educativas y previsionales. El decreto que establece el certificado de vivienda crea también un registro de barrios populares, posibilitado por un amplio relevamiento realizado por los principales movimientos sociales, con asistencia oficial. Los propios vecinos fueron artífices de este rastreo que arrojó resultados dramáticos: existen más de 4000 barrios populares en el país, donde viven aproximadamente 800.000 familias que carecen de acceso regular a la tierra y los servicios básicos. La mitad de estas familias, ya censadas, está en condiciones de acceder a su certificado a partir de la próxima semana.

Las organizaciones sociales hicieron una breve declaración conjunta que convalida el logro y fija su importancia. Empieza por señalar la borrosa identidad de los sectores populares: "Nuestros barrios, las villas y los asentamientos de la Argentina no figuran en el mapa: somos una mancha. Hay casas, calles, familias, pero no hay ninguna ley nacional, organismo público o plan urbano que reconozca nuestra existencia. Al menos, hasta ahora". Para ellos el certificado de vivienda marca un antes y un después: "Se trata de un documento público inédito en nuestro país, que legaliza nuestro domicilio y reconoce nuestro derecho a la ciudad. A acceder de forma igualitaria a todos los servicios de la red pública de agua, electricidad, cloacas, etcétera. Además nos permite exigir transporte, alumbrado público, escuelas, hospitales, recolección de residuos, centros artísticos y deportivos; todos los servicios necesarios para un buen vivir. Es decir, nos reconoce como ciudadanos de nuestras ciudades, aunque no tengamos hoy el título de propiedad".

Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, no tienen buena prensa, martirizan a los transeúntes de la ciudad con sus marchas, son los denostados "piqueteros" que entorpecen el paso y acusan al Gobierno de insensibilidad. Sin embargo, también trabajan con las autoridades para mejorar sus condiciones de vida. Por eso, el certificado de vivienda acaso contenga el germen de algo nuevo. Por empezar es el fruto de una convergencia que desafía los estereotipos ideológicos: el de un gobierno tildado de centroderecha con organizaciones sociales cuyas reivindicaciones son frecuentemente asociadas a la izquierda. El periodista Ignacio Zuleta describió con certeza la originalidad política de la medida: "En esta oportunidad, Cambiemos, una formación a la que sus adversarios señalan como derechosa y neoliberal, se salta las vallas que ni el peronismo pudo superar para un acuerdo social que si prospera tiene consecuencias imprevisibles hacia futuro: profundiza el debate sobre el reparto de la renta, la propiedad privada, el acceso a los derechos humanos y los servicios esenciales".

Convertir una mancha en una foto nítida, otorgar señas de identidad a quien no las posee, facilitar el acceso a prestaciones elementales, es asumir que sin derechos no puede haber ciudadanía. Significa algo más que el reparto de los bienes tangibles. Involucra lo material y lo simbólico. Implica la reparación de la autoestima, el restablecimiento de la dignidad y el respeto. Una concepción más abarcadora de la justicia social. Partiendo del desprecio y la humillación, el filósofo alemán Axel Honneth establece las tres bases del reconocimiento: el amor, el estatus jurídico y la solidaridad. El amor constituye el sustrato de la autoestima y la confianza en sí mismo. El estatus jurídico es el signo de la inclusión, la carta de presentación del que vive en una comunidad ejerciendo derechos y cumpliendo obligaciones. La solidaridad, finalmente, asegura el intercambio entre individuos asociados en torno de valores. De estos tres modelos de reconocimiento, el certificado de vivienda es un ejemplo de otorgamiento de derechos jurídicos. Había calles, había familias, había casas, pero no había ley. De esa exclusión elemental son librados los sectores populares al poseer domicilio.

Como se afirmó en esta columna el sábado pasado, la creación de ciudadanía es el antídoto al populismo. Debería agregarse: siempre y cuando el neoliberalismo no la obture. Aun la mejor política social es un paliativo de la exclusión. De ella se sale con trabajo genuino, buena educación y honestidad en la función pública y privada. La inminente campaña electoral pondrá en boca de los candidatos estos valores, que se ofrecerán al mejor postor en el más atractivo envoltorio. Luego del sano ejercicio democrático habrá que volver a los acuerdos difíciles y creativos. El certificado de vivienda puede ser una inspiración para alcanzarlos.

Te puede interesar