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El Gobierno analiza un plan para lograr que Odebrecht aporte datos

La iniciativa pasará por el Congreso y busca que la empresa confiese, por vía administrativa, quiénes cobraron coimas y pueda así seguir funcionando

Sábado 10 de junio de 2017
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LA NACION
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Funcionarios del Ministerio de Justicia, de la Oficina Anticorrupción (OA) y las principales espadas legislativas de la Cámara de Diputados avanzaron en el diseño de un andamiaje legal que permitiría que la empresa brasileña Odebrecht confiese qué funcionarios argentinos cobraron coimas a cambio de pagar una multa por el perjuicio provocado al Estado y seguir operando en el país.

La fórmula que se acordó fue incorporar en el proyecto de ley sobre régimen penal empresario una "cláusula transitoria" que facilitaría que empresas arrepentidas como Odebrecht, cuyo delito de pago de sobornos ya ocurrió y está bajo investigación de la Justicia argentina, puedan celebrar un acuerdo de colaboración directamente con el Procurador del Tesoro. Sería un acuerdo voluntario en el ámbito administrativo y no en la órbita penal. Así, el oficialismo lograría esquivar al Ministerio Público Fiscal y a su titular, Alejandra Gils Carbó, cuestionada por cercanía al kirchnerismo.

Funcionarios y legisladores esbozaron un borrador y, si bien queda por afinar la letra chica, hay decisión de avanzar. En el próximo plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Legislación General -dentro de diez días- el oficialismo presentará su dictamen sin esperar a lograr consenso. "Queremos aprobar la ley. Si la oposición nos acompaña, perfecto. Si no lo hace, deberá explicar a la sociedad por qué no quiere que las empresas sean penalmente castigadas por pagar sobornos y por qué no quiere que Odebrecht confiese a quienes pagó coimas", desafían en el oficialismo.

En rigor, el proyecto del Gobierno sobre régimen penal empresario data de octubre pasado, pero recién en las últimas semanas adquirió relevancia política con el escándalo Odebrecht en Brasil y sus implicancias en la Argentina. En efecto, la empresa carioca confesó en los Estados Unidos que durante la era kirchnerista pagó sobornos por US$ 35 millones a funcionarios argentinos para acceder a obras públicas. Sin embargo, como aún no se sancionó la ley que castiga a las personas jurídicas por hechos de corrupción, Odebrecht no podría ser juzgada en la Argentina, ya que la ley penal no es retroactiva.

Fórmula administrativa

La iniciativa del Gobierno pasará por el Congreso y busca que la empresa confiese, por vía administrativa
La iniciativa del Gobierno pasará por el Congreso y busca que la empresa confiese, por vía administrativa. Foto: Archivo

Ante este callejón sin salida, el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, y el ministro de Justicia, Germán Garavano, idearon esta "fórmula administrativa" para aplicar a delitos cometidos antes de la sanción de la ley. Sería un acuerdo de tipo voluntario para la empresa y, a cambio de colaborar con información para delatar los beneficiarios de los sobornos, limpiaría su imagen, pagaría la multa correspondiente por haber provocado un perjuicio al Estado, y continuaría con sus actividades en el país.

Los legisladores dieron el visto bueno a los trazos generales de la propuesta. En la reunión participaron los oficialistas Mario Negri, jefe del interbloque Cambiemos; Silvia Lospennato, Luis Petri, Fernando Sánchez y los presidentes de las comisiones de Legislación Penal, Gabriela Burgos, y de Legislación General, y Daniel Lipovetzky.

En un primer momento, algunos diputados del oficialismo habían deslizado varios reparos hacia el proyecto, pues en su versión original proponía que, a cambio de colaborar con información a la Justicia, se le garantizaría a la quedar eximida de toda sanción penal. "La figura del «colaborador eficaz» difícilmente pase una votación en el recinto", admitieron en Cambiemos.

El proyecto de ley remozado, en cambio, propondrá que a cambio de su cooperación en la Justicia, la empresa obtenga una sanción penal más leve. "Pero sanción penal al fin", celebran los legisladores.

Además, la iniciativa -a la que accedió LA NACION - establece que las empresas "arrepentidas" deberán pagar una suma de dinero en concepto de medida reparatoria integral "que no podrá ser inferior al 0,5% de los ingresos brutos anuales que la persona jurídica hubiere tenido en el último ejercicio anterior a la fecha de los hechos que motivan el acuerdo".

Asimismo, la empresa deberá restituir los bienes o ganancias obtenidas como consecuencia de los hechos reconocidos y/o el valor equivalente.

De todas maneras, una vez sancionada será una norma con aplicación en el futuro. "Para hechos anteriores, como el de Odebrecht, regirá el acuerdo voluntario en sede administrativa", explicaron a LA NACION.

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Fiscales piden una auditoría

Los fiscales federales Franco Picardi y Sergio Rodríguez pidieron ayer realizar una auditoría sobre las cuatro empresas que se adjudicaron el contrato para realizar el soterramiento del tren Sarmiento. Recomendaron, así, que la AFIP, junto a la Inspección General de Justicia (IGJ) y contadores de las fuerzas de seguridad, hagan una revisión profunda sobre los balances de Odebrecht, pero también de sus socios locales: Iecsa, la empresa que era de Ángelo Calcaterra, el primo del presidente Macri, la compañía italiana Ghella y Comsa.

Los intérpretes del probable acuerdo

Acuerdo voluntario

Junto al procurador Saravia Frías idearon un acuerdo voluntario para la empresa, que aportaría información relevante, pagaría una multa y, a cambio, seguiría con sus actividades en el país

Germán Garavano- Ministro de justicia

Aprobación

El jefe del Interbloque Cambiemos, Mario Negri, dio visto bueno a la iniciativa. De la reunión también participaron los presidentes de las comisiones de Legislación Penal y Legislación General

Mario Negri- Jefe del Interbloque Cambiemos

Colaboración

La empresa celebraría un acuerdo voluntario con el procurador del Tesoro, sin pasar por la órbita penal. Si colabora con información relevante y cumple con la multa, podría seguir operando en el país

Marcelo Odebrecht - CEO de la empresa

Información

La Procuración del Tesoro sería clave, en caso de prosperar la iniciativa. Recibiría la información aportada por la constructora, como parte del acuerdo "administrativo". Así, se evitaría la intervención de la Justicia.

Bernardo Saravia Frías - Procurador del Tesoro

Excluida

En caso de que avance la iniciativa del oficialismo, la procuradora Gils Carbó no tendría intervención en el caso. El Gobierno desconfía de la funcionaria, y sospecha que podría llevar adelante una "manipulación"

Alejandra Gils Carbó- Procuradora

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