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Sin tiempo que perder, Temer se alista para nuevas batallas

Luego de la absolución de la justicia electoral, diseña su estrategia para afrontar un caso de asociación ilícita y fortalecer su base política en el Congreso

Domingo 11 de junio de 2017
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LA NACION
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Temer, durante una ceremonia oficial en Brasilia
Temer, durante una ceremonia oficial en Brasilia. Foto: Reuters / Ueslei Marcelino

BRASILIA.- Derrotada la amenaza de un fallo del Tribunal Superior Electoral (TSE) que podía haber inhabilitado el mandato de la fórmula Dilma Rousseff-Michel Temer de 2014 por financiamiento ilegal, el actual presidente brasileño comenzó a diseñar su estrategia para enfrentar las próximas batallas que podrían sacarlo del poder.

Por un lado, buscará fortalecer su base política en el Congreso para defenderse de una eventual demanda penal de la Procuraduría General de la República (PGR); por otro, desplegará una ofensiva para limitar las investigaciones anticorrupción de la operación Lava Jato, que han sacudido y debilitado a su gobierno.

La PGR ya tiene abierta una investigación contra Temer por presunto intento de obstrucción de la justicia, corrupción y asociación ilícita como consecuencia del escándalo de sobornos del frigorífico JBS.

Al firmar un acuerdo de colaboración judicial el mes pasado, los dueños de JBS, Joesley y Wesley Batista, entregaron la grabación de una conversación con el mandatario en la que Temer parecía dar el aval a coimas de la empresa para comprar el silencio de un eventual delator, el ex titular de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha.

Tras la victoria de Temer en el TSE -que porcuatro votos contra tres desechó la demanda contra la fórmula presidencial de 2014 por abuso de poder político y económico-, se espera que en los próximos días el procurador general de la República, Rodrigo Janot, presente al Congreso una demanda penal para procesar al mandatario. Se requiere el apoyo de dos tercios de la Cámara de Diputados (342 de los 513 miembros) para que Temer sea apartado de su cargo y sea juzgado por el Supremo Tribunal Federal (STF).

El Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) de Temer cuenta con respaldo suficiente para bloquear esa acción. Sin embargo, su principal socio, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), se reunirá mañana para decidir si se mantiene en la coalición gubernamental o la abandona. Sin los socialdemócratas, la base aliada en Diputados se reduciría a unos 150 legisladores, y abriría la posibilidad de que se le retire su cargo.

Antes de la reunión de la cúpula del PSDB, Temer mantendrá conversaciones con sus líderes para "convencerlos" de quedarse en el gobierno. Les expondrá que sin ayuda del PMDB, el PSDB no tendría fuerza suficiente para ganar la presidencia en las elecciones del próximo año.

Revelación

Por otra parte, el gobierno se esforzará en "reequilibrar las instituciones", eufemismo con el que pretende reducir el peso de la PGR y del Poder Judicial, en especial el del STF, que han sido clave para el avance de las investigaciones anticorrupción del Lava Jato. Ayer mismo, la revista Veja publicó una nota en la que asegura que el Palacio del Planalto accionó a la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) para espiar la vida del juez del STF Edson Fachin, "con el objetivo de encontrar cualquier detalle que pueda afectar su posición de encargado de la Lava Jato" en la Corte.

Según habría revelado a la publicación una fuente gubernamental, Temer estaría furioso con Fachin porque convalidó el acuerdo de delación premiada con los hermanos Batista de JBS.

La información causó indignación en el Poder Judicial. "Si se confirma, es inadmisible la práctica de ese gravísimo crimen contra el STF, contra la democracia y contra las libertades", señaló la presidenta de la Corte, Carmen Lucia Antunes Rocha, que ordenó una investigación al respecto y subrayó que esa es una actitud "propia de dictaduras".

Janot también protestó por la revelación. "No quiero creer que eso haya sucedido. Usar un órgano de inteligencia del Estado de forma espuria para investigar a uno de los Poderes de la República en plena actuación constitucional y legal, como forma de intimidación, es el establecimiento de un Estado policial, un Estado de excepción", apuntó, y a él se le sumó la prestigiosa Orden de Abogados de Brasil (OAB), que ya ha pedido un impeachment contra Temer en base a las revelaciones del caso JBS.

La polémica generada por la nota de Veja fue tal que el presidente Temer llamó a la titular del STF para asegurarle que era mentira que la ABIN estuviera espiando al juez Fachin. Además, el Palacio del Planalto emitió un comunicado en el que resaltó que "el gobierno no usa la maquinaria pública contra los ciudadanos brasileños y mucho menos llevará a cabo cualquier acción que no respete los estrictos dictámenes de la ley", y afirmó que "no hay ni hubo, en ningún momento, la intención del gobierno de combatir la operación Lava Jato".

Más allá de las palabras, el presidente es consciente de que, superado el obstáculo del juicio ante el TSE, las que representan la mayor amenaza para su supervivencia política son las investigaciones anticorrupción.

El presidente no escapa a la mira de la justicia

Investigación

A pesar de haber sobrevivido al juicio ante el tribunal electoral que pedía la anulación de su mandato, Temer aún afronta una investigación por corrupción que amenaza a su gobierno

Asociación ilícita

Temer es investigado por corrupción, obstrucción a la justicia y asociación ilícita por la fiscalía en base a una denuncia hecha por el empresario Joesley Batista

Pruebas

La Fiscalía debe reunir pruebas suficientes para decidir si denuncia formalmente al presidente. Si se hiciera la denuncia, la Cámara de Diputados debe dar el visto bueno al proceso con una mayoría de al menos dos tercios. De progresar, la denuncia sería enviada al Tribunal Supremo

Suspensión

Si el Supremo abriera el proceso penal, Temer sería suspendido por 180 días; el juicio debería celebrarse en ese plazo. Si fuera declarado culpable, Temer sería destituido. El Legislativo debería celebrar en 30 días una elección para elegir a un jefe de Estado interino hasta diciembre de 2018

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