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La mafia de los juicios laborales perjudica a todos

Pese a lo que habitualmente se cree, a quien menos beneficia el elevado nivel de litigiosidad es al propio trabajador, porque desalienta la creación de empleos

Miércoles 14 de junio de 2017
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La denuncia pública del presidente Macri acerca de la existencia de una "mafia de los juicios laborales", que destruye la generación de empleo futuro, y de un grupo de estudios jurídicos laboralistas y de jueces de este fuero que le han hecho "mucho daño a la Argentina" no puede sorprendernos.

Desde hace muchos años, prospera lamentablemente una vil industria del juicio laboral, amparada en una legislación pretendidamente proteccionista pero inconveniente para el desarrollo de inversiones productivas, en jueces que fallan sin considerar las desastrosas consecuencias de muchas de sus sentencias sobre el propio mercado de trabajo y en abogados inescrupulosos.

El primer mandatario fue explícito cuando apuntó al abogado laboralista y actual jefe del bloque de diputados kirchneristas, Héctor Recalde, como el conductor de ese grupo de jueces laborales. Este legislador justicialista ha tenido, por cierto, una importante influencia durante los últimos años en la designación de magistrados del fuero laboral. Su papel cuenta con antecedentes en los años ochenta, cuando el sindicalismo tenía un alto caudal de representación entre los legisladores nacionales del PJ, de la mano de las 62 Organizaciones, que conducía por aquel entonces el metalúrgico Lorenzo Miguel.

El insólito nivel de litigiosidad en el fuero laboral se evidencia a través de un simple dato: sólo en el ámbito de la Capital Federal, hubo 115.000 juicios en 2016, según datos de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, cuando cinco años atrás no llegaban a 60.000.

Un caso notable es el de los juicios por accidentes de trabajo. El año último se registró un récord de 127.500 demandas, cifra superior en un 20 por ciento a la producida un año antes. Lo llamativo de este número es que mientras los accidentes laborales y la cantidad de personas fallecidas por semejantes circunstancias han experimentado una fuerte baja, las demandas judiciales no han parado de crecer.

Con mucha razón, el presidente de la Nación sostuvo que este nivel de conflictividad judicial y muchas sentencias están perjudicando la creación de puestos de trabajo. Por cada trabajador que es convencido de hacer un juicio indebido que, después de varios años le reporta una indemnización desmedida y jugosos honorarios a sus abogados, hay varios trabajadores que quedan en la calle porque la pequeña empresa condenada se ve obligada a cerrar.

Como bien ha señalado el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, el creciente desborde experimentando en la interpretación judicial sobre los alcances del principio protectorio, sumada a la sesgada designación de magistrados durante la última década, "se traduce en verdaderos excesos en mano de ciertos operadores del derecho que conjugan una inadmisible carga ideológica con una total ausencia de objetividad y, ciertamente, conspiran contra la subsistencia de las unidades de producción y, con ello, del empleo y la inversión, pilares en los que debe asentarse una sana economía y un mercado de trabajo dinámico".

Es claro que la inversión productiva y la creación de nuevos emprendimientos implica tomar riesgos y que la seguridad jurídica de una Nación es uno de los principales factores considerados a la hora de tomar tales decisiones. La imprevisibilidad derivada de la existencia de la mencionada industria del juicio, sumada a los elevados costos laborales, mueven a cualquier empresario a pensar muchas veces antes de generar un nuevo puesto de trabajo.

Es auspicioso que el jefe del Estado repare en esta situación. Pero es necesario que se entienda también que la generación de empleos de calidad, junto a la reducción de los niveles de informalidad y de litigiosidad, deberán empezar por la búsqueda de un amplio consenso en torno de una política que flexibilice las condiciones de contratación, acompañada de una fuerte disminución de los impuestos al trabajo.

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