Si usted es una persona con dificultades visuales, navegue el sitio desde aquí

El oficialismo apura el régimen penal empresario

Emitirá dictamen de comisión en Diputados; el caso Odebrecht, en debate

Miércoles 14 de junio de 2017
El oficialismo apura el régimen penal empresario
El oficialismo apura el régimen penal empresario. Foto: Archivo
0

El bloque oficialista de diputados intentará avanzar hoy en un dictamen que instaura un régimen penal para empresas que cometan delitos de corrupción. La iniciativa, impulsada por el Gobierno, propone un andamiaje legal para que empresas que ya cometieron delitos en el país -como en el caso de Odebrecht- puedan confesar a qué funcionarios les pagaron sobornos durante el kirchnerismo.

En efecto, el proyecto -que se discutirá hoy por la mañana en un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Legislación General- incluye una cláusula transitoria para que, en el caso de hechos ocurridos antes de la sanción de la ley, las empresas puedan celebrar, por vía administrativa, un acuerdo de cooperación con la Procuración del Tesoro.

Para delitos que se cometan a futuro, la iniciativa impone severas sanciones a las empresas, desde multas hasta la prohibición de participar en licitaciones públicas y la quita de la licencia para operar en el mercado.

El oficialismo pretende apurar la sanción de este proyecto y, para ello, convocará a una sesión el 28 del actual en la Cámara de Diputados. En el plenario de hoy de las comisiones -que presiden los diputados oficialistas Gabriela Burgos y Daniel Lipovetzky-, se buscará emitir dictamen más allá de las disidencias que puedan plantear los bloques opositores. Es que el Gobierno quiere que cuanto antes se apruebe la ley para, de esta manera, contar con una herramienta legal que le permita cerrar un acuerdo con Odebrecht.

El proyecto que debatirán los diputados establece multas de entre el 0,5 y el 20 por ciento de los ingresos brutos anuales de las compañías observadas, suspensión de actividades y pérdida de subsidios estatales a las empresas que cometan delitos contra la administración pública.

En cuanto a la suspensión total o parcial de actividades, el proyecto determina que no podrá superar los diez años; lo mismo sucede en caso de suspender la marca o patente donde se establece que la prohibición de operar no podrá superar la década.

En la iniciativa se determina que si una empresa es condenada por este tipo de delitos se le podrán sacar hasta por el lapso de diez años los subsidios estatales, así como prohibirle la participación en licitaciones públicas del Estado.

Otro de los puntos es que se elimina la responsabilidad de las personas jurídicas en cuanto a la actuación de los proveedores y contratistas.

Te puede interesar

Enviá tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento.

Para poder comentar tenés que ingresar con tu usuario de LA NACION.
Las más leídas