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Jueces que confunden Poder Judicial con poder propio

En vez de asumir un rol activo e independiente y saldar sus deudas con la sociedad, los magistrados federales prefirieron asociarse para protegerse

Viernes 16 de junio de 2017
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Las sociedades modernas se organizan sobre la base del imperio del derecho, que supone el "gobierno de las leyes y no de los hombres". Bajo esta premisa, las constituciones y las leyes que gobiernan la sociedad delimitan el poder del Estado para proteger los derechos y las libertades de las personas.

En ese esquema, es necesario un Poder Judicial independiente que pueda cumplir con el rol que le confieren la sociedad y la Constitución: garantizar los derechos y libertades, aplicar las sanciones que las violaciones de las normas conllevan y dar seguridad jurídica a las personas.

Cuando desde El Federalista se urgía la aprobación de la Constitución norteamericana, se explicaba que el poder judicial federal fue establecido independiente de las otras ramas del gobierno para que los jueces pudieran "realizar su labor como fieles guardianes de la Constitución", y en este sentido debían ser capaces de hacer cumplir los límites que establecía la Constitución a las otras ramas del Estado.

A lo que Hamilton se estaba refiriendo en ese comentario era al sistema de frenos y contrapesos entre los poderes, para que ninguno pudiera suprimir los derechos individuales. Este arreglo institucional garantizaría que ni el gobierno como un todo ni ninguna parte de él se conviertan en algo tan poderoso como para transformarse en una amenaza a los derechos de las personas.

Pero mucho de ese sistema debe estar fallando en nuestro país si frente a la demanda de la opinión pública de un Poder Judicial más independiente, íntegro y eficiente parte de sus jueces federales creen que la mejor idea es mostrar su poder corporativo uniéndose con el declamado propósito de resistir las presiones de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Algo que en la teoría y en la práctica de nuestra Constitución nacional debe considerarse asegurado por las garantías de la intangibilidad de sus remuneraciones y la permanencia en los cargos mientras dure su buena conducta, como bien explicó Hamilton.

Como dijimos el domingo pasado desde estas columnas, días atrás alrededor de 200 jueces federales de nuestro país, liderados desde Comodoro Py, fundaron una nueva organización para conformar un factor de poder. Lo hicieron en la forma de una Asociación de Jueces Federales (Ajufe), integrada por magistrados representantes de ambas orillas de la grieta y que se suma a otras entidades que ya reunían a los jueces, como Justicia Legítima o la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.

Sin dudas, es también el contexto en el que se gesta la nueva entidad lo que siembra un mar de dudas acerca del auténtico propósito institucional de los jueces asociados, pero es que no puede pasar inadvertido que la deuda que tienen con la sociedad por la impunidad de incontables hechos que vienen mostrando varias puntas de iceberg de la corrupción estructural en nuestro país no se salda con un acto de demostración de fuerza. Mucho menos cuando, al mismo tiempo, uno de esos jueces, Eduardo Freiler, no puede justificar el origen de sus bienes millonarios en dólares, pero aun así logra que el Consejo de la Magistratura no avance siquiera con el proceso de enjuiciamiento indispensable para la demostración de su inocencia o culpabilidad.

El perfeccionamiento de las sociedades que han decidido vivir bajo el imperio de la ley sólo es posible si se desarrolla a través de las instituciones que la Constitución nacional dejó establecidas como mecanismo para superar la fuerza de los hombres.

De la premisa del gobierno de las leyes, en la que todos estamos de acuerdo, deriva la exigencia de fortalecer el poder de las instituciones encargadas de hacer cumplir las normas. Pero el poder de las instituciones a menudo se confunde con el poder de las personas que las encarnan. La mejora urgente e indispensable de funcionamiento de la justicia federal para acabar con la impunidad de delitos gravísimos como la corrupción o el narcotráfico no pasa por acrecentar el poder de los propios jueces creando engendros como esta liga de magistrados, que son parte del problema, sino por fortalecer la independencia de las instituciones judiciales.

Esto exige que los jueces concentren sus esfuerzos en el trámite adecuado y rápido de las causas a su cargo, con prudencia, pero también con coraje, aplicando la ley sin importar cuán poderoso o influyente sea el individuo involucrado. También requiere que tanto el Consejo de la Magistratura como la Corte Suprema de Justicia, que es la cabeza del Poder Judicial, asuman un rol activo y eficiente en el ejercicio de sus responsabilidades institucionales para que todos los tribunales federales tengan una auténtica independencia. Sólo en esas condiciones podrá hablarse de la independencia judicial como el mejor instrumento que las sociedades encontraron para asegurarse la administración serena, recta e imparcial de Justicia.

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