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El chavismo amenaza con detener y destituir a la fiscal rebelde

No cede la guerra abierta entre el Tribunal Supremo y la funcionaria chavista; son 72 los muertos

Viernes 16 de junio de 2017
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PARA LA NACION
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CARACAS.- La pulseada entre la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), algo inédito en tiempos de revolución bolivariana, continuó ayer entre sentencias y recursos de uno y otro lado.

Una guerra abierta entre la fiscal rebelde, Luisa Ortega, y el madurismo en medio de la ola de protestas, cuya represión se cobró ayer dos vidas más: un joven atropellado durante una protesta en Zulia, al oeste del país, y otro universitario opositor tiroteado en una universidad de Táchira, estado fronterizo con Colombia. El balance provisional de muertos se eleva de esta forma a 72 en 77 días de rebelión popular contra el gobierno.

La defensa cerrada del alto tribunal se conformó con dos veredictos con acuse de recibo para la fiscal, en los que Ortega mostraba su oposición jurídica a la constituyente diseñada por Nicolás Maduro para mantenerse en el poder. En el primero, el número 454, declaró inadmisible el recurso de la Fiscalía contra 13 magistrados titulares y 20 suplentes, ya que lo considera "cosa juzgada" y "manifiestamente contrario a la verdad procesal".

En la pintoresca autosentencia, el TSJ no sólo asegura que el recurso es "írrito y nulo de toda nulidad y carente de validez, existencia y eficacia jurídica", sino que también amenaza que "quienes participen en ellos están sujetos a la responsabilidad penal, civil y administrativa que corresponda". En otras palabras, podrían detener a la fiscal.

Lo que a los otros niega a los suyos concede. En su siguiente sentencia, la número 455, el TSJ sí ratificó la "constitucionalidad" de las bases comiciales presentadas por Maduro de cara a las elecciones del 30 de julio. El Supremo no encuentra violación alguna en unas bases diseñadas para que el escaso 20% de población que todavía controla el madurismo se imponga a sus detractores. Unas bases que ni siquiera prevén el obligado referéndum consultivo previo y tampoco el referéndum posterior aprobatorio, que sólo aparece como un exhorto presidencial.

"Las decisiones del TSJ agregan un objetivo: criminalizar la defensa de la Constitución y la desobediencia civil", criticó el jurista José Ignacio Hernández apenas conoció las dos nuevas sentencias que, en su opinión, ratifican el golpe de Estado. El experto incluso señaló que la sentencia 455 se dictó sin juicio, limitándose a "ratificar la constitucionalidad de la constituyente".

Los veredictos no sorprendieron a nadie, incluso la Fiscalía tenía preparada una nueva batería de recursos inmediatos: tres de nulidad contra los decretos presidenciales mediante los cuales se convocó a la constituyente, contra sus bases comiciales y también contra las decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Ortega se basa de nuevo en la necesidad de que el poder constituyente originario apruebe la iniciativa presidencial mediante referéndum y también la "progresividad de los derechos humanos", que se habría perdido al vulnerar el derecho al sufragio y su universalidad. La Fiscalía considera que en las elecciones del mes que viene se ha excluido arbitrariamente a sectores de votantes.

El escrito de Ortega, que lidera al llamado chavismo "auténtico", ahonda en otra de las críticas que también comparte con la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática y con juristas: hasta el momento, pese a que sólo falta un mes y medio para que se abran las urnas, se desconocen las condiciones en que se conformarán los registros electorales sectoriales, ni siquiera cuánto tiempo pretende la Asamblea Nacional Constituyente mantenerse como el órgano revolucionario con poderes absolutos.

El oficialismo ha repetido, en boca de varios de sus voceros, que la fiscal será destituida en cuanto tomen posesión los nuevos constituyentes entre el 3 y 4 de agosto. Y ello si antes el Supremo no actúa contra la bestia negra del madurismo, tal y como pretende el diputado Pedro Carreño, que la acusa de "insania mental". La jefa del Ministerio Público es hoy la principal traidora para el chavismo en el poder, incluso se la tilda de "jefa de la oposición" y de promotora de acciones terroristas.

De chavista a opositora

Luisa Ortega

fiscal general venezolana

Recursos legales

Ortega, confesa chavista a quien ahora el gobierno considera "traidora", presentó una seguidilla de recursos legales contra la asamblea constituyente convocada por Maduro y jueces del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)

Contra los jueces

La fiscal pidió abrir un juicio contra ocho jueces y anular el nombramiento de 33, en una Corte de poco más de 60 jueces (titulares y suplentes)

Efectos

Aunque nadie apuesta a que prosperen las acciones de Ortega, los analistas le atribuyen un potencial efecto de implosión en la estructura del poder

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