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Identifican un récord de pensiones por invalidez en cuatro pueblos de Córdoba

Según el gobierno nacional, los beneficiarios de la prestación superan en número a los habitantes de cada localidad

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PARA LA NACION
Viernes 16 de junio de 2017
En Guanaco Muerto, hay 480 pensionados y 320 habitantes
En Guanaco Muerto, hay 480 pensionados y 320 habitantes. Foto: LA NACION

CÓRDOBA.- En medio de la polémica por la suspensión de 70.000 pensiones por invalidez, el gobierno nacional identificó que en cuatro localidades de esta provincia hay más beneficios otorgados que habitantes radicados. Guanaco Muerto, Altos los Quebrachos, Tuclame -en el Norte, departamento de Cruz del Eje- y La Rinconada -en el departamento de Río Seco- figuran en la lista oficial.

La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley , reveló que en Guanaco Muerto "el 120% de la población" tenía esos subsidios.

Según datos oficiales, en la Argentina se pagaban 1.037.931 pensiones no contributivas por invalidez, el equivalente al 2,58% de la población total y al 6,9% de la económicamente activa (PEA).

En La Rinconada, donde el censo de 2010 establece que hay 106 habitantes, hay 80 pensiones por invalidez y ocho por madre de siete o más hijos. Es decir, según se desprende de la información oficial, el 75% de su población presenta algún tipo de invalidez.

Guanaco Muerto tiene un ejido municipal de 40 kilómetros cuadrados y abarca distintos parajes. De acuerdo con los datos que maneja la Comisión de Pensiones, en una población de 320 habitantes se entregaron 480 subsidios. Y se identificó que 1242 beneficios fueron dados en Tuclame -donde viven 907 personas- y 328 en Altos de Quebracho -con 268 vecinos-.

Ubicación
Ubicación. Foto: LA NACION

Para acceder a una pensión por invalidez hay que presentar ante el Ministerio de Desarrollo Social un certificado médico oficial expedido por un profesional competente de un hospital público nacional, provincial o municipal, servicio o unidad sanitaria, con la firma y sello del médico y del director del establecimiento. También la copia o transcripción de resumen de la historia clínica firmada.

Según funcionarios y especialistas, las "fisuras" del sistema habrían pasado por la oportunidad de fijar domicilio temporal en un pueblo donde sería "más simple" tramitar la pensión por contactos políticos o existirían profesionales dispuestos a firmar la alta de discapacidad. En 2012, Ricardo Pereyra, entonces director del Hospital Nivel 1 de Candelaria -16.000 habitantes, a 27 kilómetros de Posadas-, denunció su sospecha de que le falsificaban la firma. Se detectaron 470 certificados falsos. Stanley planteó que hicieron denuncias similares.

En esta provincia se cancelaron el 4% de los beneficios (unos 4000), y los mayores problemas se detectaron, hasta ahora, en Guanaco Muerto.

El mal de Chagas es endémico y los certificados por esa enfermedad son los que, en su mayoría, se usan para tramitar estos subsidios. Uno de los debates es que, con esa afección controlada, el nivel de invalidez no alcanza el 76% exigido.

Para Domingo Soria, jefe comunal desde hace 14 años por el peronismo, su último recuento marca 699 personas y estima unas 1400 incluida la zona rural. "Hace dos años estuvieron auditores y nos mostraron padrones, los acompañamos a algunos parajes -dice a LA NACION-. Había mucha gente que ya no vivía en la zona y que ya estaba directamente jubilada. La gente se está yendo porque no hay futuro; habría que pagarle para que se quede."

En La Rinconada -pueblo de 106 habitantes según el censo 2010- la hipótesis es que se "cruzaban" desde otras poblaciones para hacer el trámite. La modalidad no es inédita.

Por ejemplo, en Ojo de Agua, ciudad santiagueña de unos 8000 habitantes en el límite con Córdoba, desde la municipalidad estiman que en la última década se entregaron unas 3000 pensiones no contributivas, la mayoría por invalidez.

El ex intendente Rodolfo Capellini (peronista del Frente Cívico) reconoció a LA NACION que en su gestión -2006 a 2014, antes ocupó el cargo entre 1991 y 1995- se "trabajó fuerte" en esa área: "No soy nadie para negarme, si una persona tenía derecho a acceder, receptábamos la documentación y la mandábamos a un centro de referencia de Desarrollo Social; muchas volvían y muchas salieron".

Y admitió: "Venían de departamentos vecinos y del norte cordobés, cambiaban el domicilio y cuando se pensionaban volvían". Ante la observación de que era una irregularidad, respondió: "No dependía de nosotros".

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