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Pensiones y discapacidad: el riesgo de cometer grandes injusticias

Viernes 16 de junio de 2017 • 13:27

Dada la controversia sobre el efecto que las pensiones no contributivas tienen en la vida de las personas con discapacidad, preocupa el hecho de que se pretenda dar a la misma alguna significación político partidaria, más allá del signo que sea, ya que esto afecta a ciudadanos, cualquiera sea la decisión que se tome y la manera de hacerlo.

Las personas con discapacidad tienen derechos inalienables. El más importante, es poder elegir o decidir algo sobre su propia vida, por grandes que sean sus limitaciones.

Sus opiniones, expresadas a través de cualquier medio que les sea posible, deben tenerse en cuenta y respetarse, tratando siempre que sean tomadas con la menor participación posible de otros. Eso hace a su autonomía.

Quienes demanden o necesiten una pensión no contributiva, deben tenerla. Pero nadie debe desconocer que otorgarle a alguien una pensión por invalidez, también le limita otros derechos. Es frecuente que por temor a perder la pensión, se impida que la persona viva como lo haría más feliz. Muchas veces, por protegerlas, se las ha convertido en muertos civiles.

También hay quienes tienen la posibilidad de tener una vida plena, siempre con apoyos. Esas personas también pueden decidir el modo en que quieran vivir, dónde y con quién; elegir buscar trabajo y tratar de encontrarlo; disfrutar a su manera del tiempo libre y todo lo que significa ser adulto.

Desde luego, no hay recetas ni modelos a seguir: depende de cada uno y de sus circunstancias, así también como de la posibilidad de contar con los apoyos requeridos.

Hay en relación a la autonomía o dependencia de las personas con discapacidad muchos intereses creados. Allegados, instituciones, hogares, los llamados curadores o salvaguardas con apoyo, los profesionales de la educación o de la salud, el Estado y sus representantes, todos, desde distintos lugares, opinan y toman decisiones. Sus actos tienen efectos y no siempre se realizan teniendo como eje de sus estrategias, el objetivo de mejorar calidad de vida de cada persona con discapacidad.

La sociedad debe saberse partícipe y responsable, para preparar los espacios que permitan la real inclusión de todos, cada uno en el lugar que sea posible, acogedor y deseable.

Clasificar a las personas por sus diagnósticos, lleva directamente a su desaparición como tales, ya que no se consideran sus condiciones singulares, sus necesidades o demandas.

Las personas no se nuclean por una sola de sus características: "los médicos", "los maestros", "los argentinos", "los blancos", "los aborígenes", "los religiosos", "los ateos", "los diabéticos". Éstas son categorías generales que casi nada dicen de cada uno de los que pertenecen a esos grupos. Y mucho menos los caracteriza.

Decir que las personas con Síndrome de Down (o con cualquier otra discapacidad), pueden o no trabajar, es una generalización inadmisible y éticamente reprochable. Nada sabemos de cada una de ellas. Sus condiciones personales son tan variadas como lo son entre todos los seres humanos.

Es necesario identificar a cada uno por su nombre. Lo que Alberto pueda o quiera hacer, no tiene nada que ver con lo que hace o quiere hacer Marcela, Juana o René.

La diversidad entre los seres humanos, es un valor a ser reconocido, aceptado y respetado.

Por lo tanto, sólo a través del real conocimiento de cada uno de nuestros semejantes y sus circunstancias, podremos evitar el riesgo de cometer grandes injusticias.

La autora es especialista en integración de personas con discapacidad; docente de la licenciatura en Educación Especial (Universidad Nacional de San Martín) y de la diplomatura en Inclusión Educativa (Universidad de San Isidro). Junto con Blanca Núñez y Beatriz Pérez es coautora del libro "Futuro, familia y discapacidad", recientemente publicado.

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