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Pasión por aumentar la presión tributaria

Se lo ha hecho, en muchos casos, sin modificar la legislación

Domingo 18 de junio de 2017
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Además de la preferencia por los impuestos indirectos, a los políticos en la última década y media les surgió una pasión: la de elevar la presión tributaria sin modificar la legislación de los impuestos, con la creación de nuevas cargas fiscales o con la modificación de las existentes. Además se ha recurrido localmente a gravar en mayor medida a los contribuyentes no residentes en una provincia o municipio determinado. Es un modo de disminuir el costo político de subir la presión fiscal.

Un ejemplo del primer caso (subir presión sin modificar la legislación) está en lo que ocurrió durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner: al no actualizarse todos los años el impuesto a las ganancias según la inflación, la presión fiscal sobre familias y empresas crecía sin pausas, aun cuando no cambiara su situación económica real. Los contribuyentes se daban cuenta de que pagaban más del impuesto, pero algo que quedaba oculto era la decisión de subir la presión fiscal, pues no había ley ni resolución que quedara identificada a tal efecto.

Ejemplos del segundo caso (crear nuevos impuestos o modificar los existentes) hay muchos:

El impuesto provincial a los ingresos brutos (IIBB) aumentó sus alícuotas desde 2008, hasta el punto de aumentar 54% la presión tributaria por esta vía en los últimos 10 años. Al no detallarse en las facturas, y al mezclarse el efecto de sus subas con el contexto inflacionario que no permite identificar efectos netos a los consumidores, la suba de su presión fiscal pasó inadvertida para la mayoría de los consumidores en estos años, no así para los productores grabados, que no siempre logran trasladar hacia adelante las mayores alícuotas aplicadas, lo que afecta su rentabilidad. Un caso similar ocurrió con la tasa de seguridad e higiene de los municipios, similar a IIBB, con parecidos efectos nocivos sobre el sistema económico.

También en Ingresos Brutos, en el caso de la industria, es particularmente nocivo el tratamiento diferencial dado a las ventas de empresas que no están radicadas en la jurisdicción compradora, lo que lleva a aplicar alícuotas similares a las que paga el comercio minorista, del orden del 3% al 5% de las ventas brutas, según la provincia. Esto es algo similar a la existencia de "aduanas interiores" y complica la competitividad del país.

Pasó algo parecido con el impuesto provincial de sellos en los últimos años, que en muchas jurisdicciones denotó subas de alícuotas, que afectan los flujos económicos sin que sea del todo percibido por los consumidores (un ejemplo es la tasa que grava las compras con tarjetas de crédito).

Los municipios han sido muy creativos en los últimos años para crear tasas o impuestos ocultos en los precios (contribuciones sobre el consumo de electricidad o gas), o para intentar gravar a contribuyentes no residentes en la localidad, de modo de minimizar el costo político del gravamen (tasa de seguridad e higiene sobre empresas sin locales en el lugar, tasas de abasto, tasas de publicidad y propaganda, entre otros casos).

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