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Preocupa la cantidad de policías denunciados por sus parejas

El Ministerio de Seguridad bonaerense abrió una dependencia especializada en atender los expedientes de agentes acusados por maltrato familiar; toman medidas preventivas con los agresores

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LA NACION
Domingo 18 de junio de 2017
Preocupa la cantidad de policías denunciados por sus parejas
Preocupa la cantidad de policías denunciados por sus parejas.

En diciembre de 2015, el por entonces recientemente nombrado auditor general de Asuntos Internos, Guillermo Berra, planteó una estructura de trabajo sostenida en el ataque -sin contemplaciones- a cuatro vicios enquistados en la policía bonaerense: la narcocriminalidad, la extorsión, los desarmaderos de automóviles y el abuso de la fuerza y de la autoridad. Sin embargo, muy pronto asomó otra problemática, tan grave como difícil de abordar: los casos de violencia de género.

Fueron tantas las denuncias que involucraban a efectivos de la fuerza de seguridad bonaerense que se creó una división especializada en resolver casos de violencia de género. Esa dependencia no sólo tiene capacidad de aplicar sanciones disciplinarias -que van desde la suspensión a la exoneración-, sino que ofrece contención a todo el grupo familiar y obliga a los denunciados a tomar cursos que les permita visibilizar la culpa y solicitar tratamiento.

"Nos empezaron a llegar todo tipo de denuncias: violencia dentro de un matrimonio entre policías, mujer policía maltratada por un civil o una civil maltratada por un policía. Un gran número de expedientes provenía de la Justicia, pero muchas veces las víctimas venían a la oficina de Asuntos Internos a plantear lo que les pasaba. Vimos que teníamos que hacer algo", aseguró Berra, quien recibió a LA NACION en su despacho de La Plata.

A los cuatro meses de asumir, la nueva gestión creó la Dirección de Políticas de Prevención, Género y Derechos Humanos, un área a cargo de una psicóloga -sin relación con la policía- que, entre otras acciones, elaboró un protocolo de protección al denunciante, organizó mesas interministeriales para discutir el tema y armó cursos de capacitación para los denunciados. Los agentes que reciben sanciones leves o advertencias deben asistir a los talleres dictados por la Secretaría de Derechos Humanos.

De acuerdo con las estadísticas de la Auditoria General, el 17% de los sumarios internos están relacionados con la violencia de género, convirtiéndose en la cuarta causa de sanciones, detrás de la corrupción, el abuso de la fuerza y las irregularidades graves en dependencias.

Poco más de 2000 policías bonaerenses tienen sumarios por situaciones vinculadas a la violencia de género. Para esos casos hay cuatro abogados instructores que se encargan de hacer cumplir el protocolo -por ejemplo realizar oficios psicológicos para determinar si el agente denunciado debe seguir portando el arma reglamentaria- previo a la sanción.

La primera medida que el auditor general puede tomar es relevar del servicio al denunciado, lo cual implica retirar el arma, la placa, el chaleco y el uniforme. También implica que el agente sólo cobre el 50% del sueldo sin ningún tipo de extra (la medida dura 60 días y existe la posibilidad de prorrogar la sanción por otros 60 días). Después se lo puede pasar a una situación de disponibilidad que, según los casos, significa dejar de cobrar la totalidad del sueldo hasta que Asuntos Internos resuelva el sumario.

"El tema de la violencia de género es complejo porque si le saco el trabajo y encima le pago la mitad de su sueldo, lo único que hago es comprarme un problema. Hay una fina línea donde se decide qué hacer con esa persona. Por ejemplo, si le quito el arma y lo pongo a cumplir tareas operativas. Así lo dejo cobrando su sueldo y en su lugar de trabajo. No es tan brusco como devolverlo a su casa, donde está el foco de conflicto", explicó Berra.

Una lógica machista

La Dirección de Políticas de Prevención, Género y Derechos Humanos también se ocupa de los temas de acoso y abuso en el interior de la fuerza policial. En el 99% de los casos se trata de la denuncia de una subalterna contra su superior. El programa de protección al denunciante incluye cambiar el destino de la víctima de abuso. Luego, se cita al acosador y las psicólogas arman un perfil para definir la sanción.

"No dejamos a las personas a la buena de Dios -aclaró Berra-, le damos contención, ya sea porque lo echamos o lo sancionamos." En los casos leves el agente es suspendido para que entienda que cometió una falta. Además se le aplica una pena anexa que es cumplir con el curso de capacitación en la Secretaria de Derechos Humanos.

"En los más antiguos se ve una lógica más machista. En las jerarquías altas hay muchos casos de acoso a oficiales femeninas más jóvenes. También hay abusos que tienen que ver con problemas personales, y te buscan la vuelta para correrte. Pero en cualquier caso el agente tiene que mantener un decoro y ciertas normas de ética y moral. Yo lo único que hago es hacer cumplir la norma. Así busco disciplinar, controlar y desalentar", remarcó Berra.

La licenciada en psicología Natalia Ferro, a cargo de la novedosa área, reconoce que son "muy cuidadosos" al aplicar una sanción porque "la exoneración o la cesantía del policía pueden provocar la reanudación del conflicto y sabemos que en estos casos la escalada de violencia es cada vez más grave".

"La gran dificultad que tenemos -indicó la especialista en violencia de género- es que existe un gran aparato estatal para atender a la víctima, aún cuando falta mucho por hacer, mientras nadie se ocupa del hombre violento. Entonces yo empodero a la víctima, le doy recursos, la saco del conflicto, pero me queda el hombre, que se va a volver a emparejar, porque siempre eligen un perfil de mujer sumisa, y vamos a tener otra víctima de violencia."

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