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Ortega: la fiscal que se rebeló contra el chavismo

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PARA LA NACION
Domingo 18 de junio de 2017
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CARACAS.- "El día que repartieron el miedo, yo no llegué." La andanada de amenazas, insultos, persecución y hostigamiento puesta en marcha por el poder revolucionario no asusta a Luisa Ortega, la fiscal general de Venezuela, que le dedicó esa frase a sus antiguos aliados, hoy convertidos en encarnizados enemigos.

Movida por un "deber histórico ineludible", la jefa del Ministerio Público lidera una batalla constitucional contra quienes la eligieron en 2007 y la renovaron en su cargo en 2014, algo por lo que Diosdado Cabello, presidente entonces de la Asamblea Nacional, ha pedido perdón público a sus camaradas.

La abogada izquierdista de 59 años, una de las personalidades más fuertes del chavismo, despejó cualquier duda en las últimas dos semanas: no se arredra frente al gigante revolucionario.

Desde que Ortega denunciara a finales de marzo pasado la ruptura del hilo constitucional, sus declaraciones públicas y acciones legales se sucedieron una tras otra, como si fueran martillazos contra el poder monolítico de Maduro: culpó al Estado de generar la violencia contra las manifestaciones; afirmó que fue un guardia nacional el asesino del joven José Pernalete (uno de los casos más emblemáticos de la rebelión opositora); condenó el uso de jueces militares para juzgar a civiles; denunció a los magistrados designados ilegalmente en 2015, y señaló al Servicio de Inteligencia Bolivariano (Sebin) por perseguir a su familia.

Pero, sobre todo, se puso a la cabeza de connotados chavistas "auténticos", quienes aseguran seguir el legado del "comandante supremo" y que han criticado de forma firme el intento de Maduro de hacerse con poderes absolutos cambiando la Constitución con un proceso "fraudulento". Los analistas avizoran su futuro liderazgo al frente del chavismo que se dice verdaderamente chavista.

"Ortega no está sola. Tiene apoyo en sectores del chavismo y en las Fuerzas Armadas", dice a LA NACION José Rafael López Padrino, pensador y científico con quien compartió luchas políticas juveniles. La fiscal militó en el Partido de la Revolución Venezolana (PRV), una fracción del Partido Comunista que seguía la línea de la lucha armada.

"Ella siempre fue muy combativa y consecuente. Creyó y sigue creyendo en Chávez. En aquellos tiempos era ferviente seguidora de la lucha armada, algo que con el tiempo quedó en el baúl de los recuerdos", señala López Padrino.

La fiscal se vinculó personalmente con Chávez desde el principio de la revolución y aún hoy ondea su bandera. "El hombre más humanista que existió en el planeta se llama Hugo Chávez", afirmó. Al frente de la fiscalía protagonizó acciones tan polémicas como la acusación contra el líder opositor Leopoldo López, condenado a 13 años de cárcel. El fiscal encargado del caso, Jonathan Nieves, denunció que todas las pruebas del juicio eran falsas. Luego debió huir a Estados Unidos.

Todo empezó a cambiar hace casi dos años, cuando Ortega acudió a Ginebra para ser cuestionada por los derechos humanos. Su posición militante se fue distanciando de las posturas de los radicales, incluso sus fiscales se negaron a acusar al diputado Gilber Caro, que lleva cinco meses encarcelado pese a su inmunidad parlamentaria.

Uno de los apoyos fundamentales es su marido, el diputado chavista Germán Ferrer, que perteneció a las Juventudes del Partido Comunista y participó en la guerrilla urbana. Dos parlamentarios, incluido Ferrer, se sumaron a las tesis de Ortega. Sobre ella pende la espada de Damocles de la Asamblea Nacional Constituyente, cuyos futuros delegados no sólo aseguran que la destituirán, sino que amenazan con crear tribunales para juzgar lo que consideran traición a la patria.

Pero mientras eso ocurra, la fiscal rebelde mantendrá el pulso con Maduro y la guerra abierta contra el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que considera un "obstáculo para la paz del país". El alto tribunal desestimó hasta ahora cuatro de sus siete acciones judiciales, incluidas el recurso de nulidad contra la Constituyente y el antejuicio contra ocho magistrados de la propia Corte.

El TSJ debe además decidir si abre juicio contra la fiscal, como exige el oficialismo, que acusa a Ortega de insania mental y para la que reclama prohibición de salida del país y enajenación de sus bienes. La Constitución es clara al respecto: es el Parlamento el encargado en última instancia de destituir a la fiscal.

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