Si usted es una persona con dificultades visuales, navegue el sitio desde aquí

Corrupción y responsabilidad penal empresaria

Junto al tratamiento del proyecto para prevenir los sobornos a funcionarios, la dirigencia empresarial debería llevar adelante un hondo examen de conciencia

Martes 20 de junio de 2017
0

Muy difícilmente podría haber corrupción en el sector público sin actores privados que la consintieran y la materializaran. Es cierto que la corrupción privada llega a tener menor repercusión que la que se registra en el Estado, pero su importancia es similar desde el punto de vista moral. Porque así como hay un funcionario público que suele beneficiarse económicamente de un soborno, del otro lado del mostrador hay un particular o una empresa que, al pagarlo, suele obtener una ganancia que normalmente supera aquel desembolso ilegal, muchas veces merced a la existencia de sobreprecios. Y lo más grave de todo es que ambas partes lucran a expensas de los contribuyentes y de la población, que se verá, en definitiva, perjudicada con una obra pública o un servicio de menor calidad o más costoso.

Por eso resulta importante que avance en el Congreso de la Nación el tratamiento del proyecto de ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, impulsado por el oficialismo, con el fin de adaptar el sistema penal argentino a los estándares internacionales en materia de delitos de corrupción y soborno transnacional, fijados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).

Esta organización internacional aprobó una convención sobre lucha contra el cohecho de funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales que fue oportunamente ratificada por nuestro país.

La iniciativa legal, que cuenta con dictamen de un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, establece duras sanciones para aquellas empresas que cometan delitos contra la administración pública, que pueden ir desde multas hasta la suspensión de sus actividades.

También propicia la introducción de la figura del colaborador eficaz, con el propósito de que aquellas compañías "arrepentidas" puedan llevar a cabo acuerdos de cooperación con la Justicia para que, a cambio de información precisa sobre el delito cometido y el pago de una multa reparatoria integral y la devolución de los bienes o las ganancias obtenidas en forma mal habida, cese la acción penal en contra de la empresa.

El proyecto ha recogido apoyos en distintos sectores de la sociedad, incluso del empresariado, como la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (Amcham), que ha destacado que la mayoría de sus asociados viene trabajando desde hace décadas en programas de cumplimiento a nivel internacional que comprenden políticas anticorrupción para sus empleados y directivos, además de recibir auditorías periódicas de sus casas matrices, extensivas a sus proveedores y clientes que integran sus cadenas de valores.

Entre otras cosas, la Amcham ha considerado imprescindible que se incorpore el criterio de atribución de responsabilidad subjetiva. Esto es, la responsabilidad por el hecho propio basada en la deficiencia organizacional para prevenir y combatir la realización de actos ilícitos.

En tal sentido, sería positivo que el proyecto que evalúa el Congreso contemple que una empresa sea responsable penalmente por los actos ilícitos de sus proveedores, contratistas, agentes o distribuidores, pero sólo cuando se hubiera valido de ellos para cometer o impulsar un acto de corrupción en su beneficio.

Para contar con una ley de transparencia eficaz, ésta debe ser clara y de fácil interpretación, para evitar que dé lugar a subjetividades al momento en que deba aplicarse.

El fenómeno de la corrupción pública en la Argentina, profundizado en los últimos años, requiere normas que garanticen transparencia. Resultaría, sin embargo, igualmente saludable un hondo examen de conciencia por parte de sectores empresariales que durante demasiado tiempo, en lugar de rebelarse frente a la fuerte injerencia estatal en la economía y ante las exageradas regulaciones del poder burocrático, buscaron sacar provecho de esa situación cediendo ante los pedidos de coimas y alimentando a funcionarios todopoderosos capaces de asignar porciones de mercado y que sólo procuraron enriquecerse gracias a la función pública en lugar de servir al bien común.

Te puede interesar

Enviá tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento.

Para poder comentar tenés que ingresar con tu usuario de LA NACION.
Las más leídas