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Nación y las provincias avanzan con la asistencia

Impulsarán medidas comunes para dar apoyo integral a lo largo de los procesos penales

Jueves 06 de julio de 2017
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LA NACION
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Hoy quedará promulgada de hecho la ley de asistencia a las víctimas de delitos sancionada por el Congreso la semana pasada. Por eso, ya comenzaron las reuniones técnicas y las gestiones políticas para que las provincias adhieran a la norma federal y adecuen sus legislaciones y procedimientos para poder brindar apoyo integral a los damnificados por crímenes.

En la última reunión del Consejo Federal de Justicia realizada esta semana en San Juan, encabezada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y el gobernador y anfitrión, se impulsó la pronta aplicación de la "Ley de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos".

Al menos 15 provincias ya se comprometieron a instrumentar la iniciativa según los términos plasmados en un documento elaborado por la Subsecretaría de Política Criminal, a cargo de Juan José Benítez, y la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, que encabeza María Fernanda Rodríguez.

Calificadas fuentes del gobierno confiaron a LA NACION que Garavano se comprometió a brindar "apoyo económico y técnico a fin de colaborar con la asistencia a las víctimas de delitos de competencia de la justicia ordinaria". La distinción no es menor: a la Nación le corresponderá asistir a las víctimas de los delitos federales -especialmente, trata de personas- y de violencia de género (ya lo viene haciendo). Las provincias tendrán que ayudar a los damnificados por delitos en los que le toque intervenir a la justicia local.

Algunas provincias ya están implementando, en distintos niveles, la asistencia integral. Entre ellas, Mendoza, donde desde el 11 de mayo pasado rigen audiencias públicas obligatorias en las cuales los damnificados pueden opinar sobre beneficios solicitados por sus agresores, incluidos el otorgamiento de libertades condicionales.

Luciana Carrasco, de la Subsecretaría de Política Criminal, dijo a LA NACION: "Estamos trabajando muy fuerte tanto con las provincias como con las víctimas desde antes de que se sancione la ley con un foco muy fuerte puesto en atender las necesidades de los damnificados en forma integral y en todas las etapas del proceso. En las últimas tres reuniones de Cofejus se trabajó sobre un proyecto que reconocía los derechos de las víctimas. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos busca que estas iniciativas se construyan desde las provincias, para que tengan un verdadero sentido federal".

Los aspectos centrales son el fortalecimiento de los centros de atención (con letrados, psicólogos y asistentes sociales) y equipos de asistencia letrada gratuita a lo largo de todo el proceso penal.

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