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Polémica por los controles a pasajeros

Ritondo defendió la medida ante críticas de entidades de DD.HH.

Domingo 09 de julio de 2017
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LA PLATA.- El Colectivo de Acción Jurídica (CAJ) de La Plata, Berisso y Ensenada y la Comisión Provincial por la Memoria le pidieron al ministro Cristian Ritondo que cesen los operativos policiales de control en los colectivos. Consideran que estos procedimientos "cercenan derechos constitucionales". El funcionario respondió que "no hay nada más amenazante y lesivo de las libertades que la inseguridad".

El CAJ presentó ante los tribunales penales de la capital bonaerense una acción colectiva de hábeas corpus para que cesen los operativos de identificación de personas que circulan en transportes de pasajeros por considerar que cercenan derechos constitucionales. Y la Comisión Provincial por la Memoria le pidió en una carta a Ritondo que se suspendan esos operativos.

En la carta, firmada por Adolfo Pérez Esquivel, Víctor Mendibil y Roberto Cipriano García, se pide al ministro de Seguridad bonaerense "la suspensión de los operativos de control de pasajeros de transporte público en la provincia de Buenos Aires por entender que constituyen una clara violación de los derechos constitucionales a la libre circulación, la intimidad de las personas y la presunción de inocencia, entre otras libertades garantizadas por nuestra carta magna y los tratados internacionales incorporados a ella".

En respuesta a las solicitudes de estos organismos, Ritondo consideró que "no hay nada más amenazante y lesivo contra las libertades que la inseguridad". Respecto de la presentación judicial, dijo a LA NACION: "Sería una macana si avanza, hay que ver qué hace la UTA si ocurre eso, porque esto lo pidieron los trabajadores. No es una medida unilateral".

Y agregó: "Esos operativos se desencadenaron a partir de los problemas de inseguridad que vienen sufriendo distintas líneas de colectivos. Los trabajadores pidieron una serie de medidas, y entre esas solicitudes está la de mayor control. La gente se siente protegida y la última persona que se quejó en un colectivo tenía una 22".

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