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La jefa de los fiscales se defiende y busca respaldo regional

"Pretendieron hacerme una maniobra de quiebre psicológico", afirmó Gils Carbó a LA NACION

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LA NACION
Miércoles 12 de julio de 2017
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La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó , sostiene que las acusaciones por las que ayer pidieron su indagatoria son de una "absoluta liviandad".

"Primero pretendieron hacerme una maniobra de quiebre psicológico para que me fuera y ahora esto", afirmó Gils Carbó, que ayer, en diálogo con LA NACION, definió su caso como un "escándalo nacional que se suma a un escándalo regional".

Según ella, a nivel regional "los procuradores son asediados".

Con este fundamento, Gils Carbó buscará hacerse fuerte rodeada por sus pares latinoamericanos.

Mañana, una decena de delegaciones la visitará para una asamblea extraordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (Aiamp). "La Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos se convocó para defender la autonomía de los ministerios públicos. El detonante fue Venezuela, pero no es el único caso de asedio", afirmó la jefa de los fiscales argentinos.

La jefa de los fiscales se defiende y busca respaldo regional
La jefa de los fiscales se defiende y busca respaldo regional. Foto: Archivo

Según ella, el presidente de Brasil, Michel Temer, acusó al procurador de ese país, Rodrigo Janot, de actuar con espurias intenciones políticas, y también atraviesan situaciones complicadas los jefes de los fiscales de República Dominicana y Perú.

Está previsto que en la reunión cada uno de los fiscales pueda exponer sobre su situación particular.

Según la procuradora, muchos de los casos de sus colegas en conflicto tienen que ver con las investigaciones del caso Odebretch.

Los argumentos

En cuanto a su situación en particular, Alejandra Gils Carbó afirmó: "Creo que este es un caso que desde el principio estuvo destinado a lograr este desenlace".

La procuradora cuestiona el inicio de la causa -un anónimo por debajo de la puerta-, dice que sobre la marcha se cambió la hipótesis que se investigaba y que en su caso hay "una liviandad total en las acusaciones".

Gils Carbó está acusada de la compra irregular del edificio de la Procuración de Perón 667, donde tiene sus oficinas, una operación que ella suscribió y en la que se pagó una comisión millonaria a un hermano de un funcionario suyo.

Según el fiscal federal Eduardo Taiano, la licitación estuvo digitada y se montó con el solo objetivo de que la operación tuviera "apariencia de legalidad".

De esa maniobra, afirmó el fiscal Taiano, Gils Carbó "participó activamente".

Anteayer, horas antes de que LA NACION anunció que Taiano pediría su indagatoria, la procuradora fue entrevistada en el programa La Inmensa Minoría, de radio Con Vos, y reconoció que hubo irregularidades en esta operación. Dijo que, por eso, había separado al funcionario involucrado (está suspendido con un proceso interno), pero afirmó que ella nada había tenido que ver.

El intermediario de la operación, que cobró 3 millones de pesos como comisión, fue Juan Carlos Thill, hermano del funcionario de la Procuración Guillermo Bellingi.

"Creo que alguien pudo haber vendido una influencia que no tenía", dijo ayer Gils Carbó a LA NACION.

Según ella, la irregularidad no se detectó dentro de la Procuración "porque ganó el mejor precio".

La asamblea extraordinaria con los fiscales de la región será mañana por la mañana.

El lugar elegido para la reunión: el investigado edificio de Perón 667.

Reclamo de los integrantes de justicia legítima

Entre los miembros de la agrupación filokirchnerista Justicia Legítima circuló en las últimas horas una carta para expresar su apoyo a Alejandra Gils Carbó. "Nos oponemos y repudiamos las operaciones político-mediáticas de público conocimiento, que se están realizando para intentar deponer en forma inconstitucional a la procuradora general de la Nación, afectando no solo la institución, sino todo el sistema republicano, pilar de nuestra forma de gobierno", indican los fiscales.

Llaman, por ello, "a la reflexión a los responsables de estas operaciones e intento de facto, de avasallar las instituciones democráticas y la independencia del Ministerio Público Fiscal, garantizada por el artículo 120 de la Constitución nacional".

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