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El futuro de Lula da Silva: quiénes son los jueces que definirán si debe ir preso

El TRF-4, que se pronunciará sobre la condena a nueve años y medio de prisión para el ex presidente, es una corte considerada de línea dura e independiente

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LA NACION
Miércoles 12 de julio de 2017 • 17:21
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RIO DE JANEIRO.- El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado hoy por corrupción pasiva y lavado de dinero en una causa dentro de la Operación Lava Jato. Sin embargo, con la apelación que se espera se realice pronto, el destino judicial -y político- del ex mandatario quedará en manos de los jueces del Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF-4), una corte de segunda instancia considerada de línea dura e independiente.

En el TRF-4, con sede en Porto Alegre, el magistrado federal João Gebran Neto, 52, es el juez relator de las sentencias de la Operación Lava Jato, encargado de revisar primero las decisiones del juez Sergio Moro, para luego emitir su voto de recomendación y someterlo al parecer de sus otros dos colegas que integran el colegiado, Víctor Luiz dos Santos Laus, 52, y Leandro Paulsen, 45.

Los tres jueces del TRF-4 tienen una amplia y reconocida trayectoria judicial, y son famosos por su rigor en aplicar la ley. En ningún caso han revelado sus inclinaciones políticas.

Según un reciente análisis que hizo el diario Folha de São Paulo sobre los fallos de este tribunal de segunda instancia, en el 45% de los casos se elevó la pena o se condenó por primera vez al acusado y en un 20%, se mantuvo la sanción de Moro; en apenas un 10% de redujeron las penas, en un 15% se absolvió a los condenados, y en un 10% se mantuvo la absolución decidida en primera instancia.

El caso más llamativo de una revisión total de un fallo de Moro por el TRF-4 fue en una de las causas por las que está condenado João Vaccari Neto, ex tesorero del Partido de los Trabajadores (PT), del que Lula es líder máximo. En 2015, Vaccari Neto había sido condenado en primera instancia a 15 años de prisión pero el mes pasado el TRF-4 lo absolvió porque su condena había sido basada enteramente en el testimonio de un delator que luego no aportó las pruebas materiales para confirmar sus acusaciones. De todas maneras, la corte lo mantuvo en prisión porque el ex tesorero petista también está condenado en otras cuatro causas que acumulan penas de más de 30 años de cárcel.

En la causa de Lula por el tríplex en Guarujá no se corre riesgo de que la condena sea anulada por motivos similares ya que ningún otro de los procesados se volvió colaborador de la Justicia. El testimonio del ex presidente de la constructora OAS, Leo Pinheiro, que fue el que más incriminó a Lula, no fue dado dentro de un acuerdo de delación premiada.

El futuro político

En los tres años de experiencia en juicios del "petrolão", las decisiones del TRF-4 se han demorado, en promedio, unos 10 meses. Este horizonte presentará algunas dificultades para el PT de Lula, que ya ha virtualmente lanzado al ex mandatario como su candidato presidencial para las elecciones de octubre de 2018.

De acuerdo a la Ley Complementaria 135 de 2010 (apodada Ley de "Ficha Limpia"), cualquier candidato que sea condenado en segunda instancia tendrá sus derechos políticos suspendidos por ocho años, por ende, no podría competir en ninguna elección. Los partidos políticos deben presentar sus candidaturas entre julio y agosto del próximo año; es decir, la sentencia del TRF-4 podría llegar en plena campaña electoral.

Si Lula fuera absuelto en segunda instancia, podría ser candidato sin problemas. Pero si fuera condenado por el TRF-4 entre la inscripción de las candidaturas y hasta el día de los comicios, se tornaría inelegible. De ahí que será sumamente importante para el PT quién será el candidato a vicepresidente de Lula, ya que podría terminar ocupando su lugar.

En caso de una condena del ex presidente por el TRF-4 entre la inscripción de la fórmula del PT y el día de la elección, sería el candidato a vice petista quien asuma la titularidad de la boleta, aunque Lula aún tendría algunos recursos ante el Supremo Tribunal de Justicia y el Supremo Tribunal Federal que podrían eventualmente revertir su castigo y ser aceptados por la justicia electoral.

Ya si Lula ganara las elecciones de 2018 sin haber hasta entonces un fallo de segunda instancia, el caso sería elevado automáticamente al Supremo Tribunal Federal por tratarse de un presidente electo y/o en el ejercicio del poder.

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