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Con un mínimo de dignidad, Gils Carbó debería renunciar

La escandalosa procuradora general de la Nación, devenida en jefa de la justicia militante, ha sido acusada de fraude, cohecho y tráfico de influencias

Jueves 13 de julio de 2017
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Si bien desde un principio existieron fundadas críticas a la elección de Alejandra Gils Carbó como procuradora general de la Nación, su deplorable actuación ha superado ampliamente aquellas primeras objeciones.

En pocos meses, la procuradora se convirtió en jefa de la justicia militante kirchnerista con medidas que, lejos de defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, marcharon en el sentido opuesto. No se limitó a proteger corruptos negociados de funcionarios, sino que desplegó un planificado intento por colonizar el Ministerio Público, incorporando cientos de personas cuyo único activo de relevancia era el de ser fanáticas funcionales al Estado populista corrupto que impuso el matrimonio Kirchner.

Mientras se vaciaban las arcas del Estado y se distribuían prebendas, privilegios y subsidios entre amigos del poder, la doctora Gils Carbó organizaba jornadas de debate y reflexión con la activa participación de miembros de la agrupación de jueces y fiscales de Justicia Legítima, creada con el objeto de consolidar la hegemonía de la ex presidenta y de someter al Poder Judicial a sus designios.

El plan incluyó el sistemático y viciado nombramiento de fiscales mediante concursos simulados, en violación de la ley, incluso convocando a llenar vacantes que aún no existían, en lugares alejados del país, lo que aseguraba la nula participación de interesados, para luego ubicar estratégicamente a los ganadores en fiscalías con expedientes políticamente sensibles. Esto dio lugar a magistrados itinerantes que recorrían distintas ciudades no para hacer justicia, sino para dar respuesta a las necesidades de la política partidaria.

Con esa misma finalidad, la procuradora dejó sin efecto el tradicional sistema de sorteo público como forma de designar a los integrantes de los tribunales en los concursos públicos para acceder al cargo de fiscal. Ese objetivo y transparente mecanismo se vio sustituido por una decisión "a dedo" que le garantizaba colocar a sus acólitos. No es un dato menor que quienes en más ocasiones fueron designados para esos jurados de selección fueron fiscales integrantes de Justicia Legítima o, de algún otro modo, estrechamente vinculados a la procuradora.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, en el precedente "Hughes", declaró la inconstitucionalidad del sistema de selección impuesto por Gils Carbó, entendiendo que éste no era objetivo ni transparente e incumplía con tratados internacionales de derechos humanos.

La procuradora desistió de recurrir ante la Corte Suprema, aceptando así la invalidez de su proceder. Sin embargo, en otro ejemplo de gatopardismo, aprobó recientemente un nuevo reglamento de concursos por el cual se volvió al sistema de sorteo para la elección de los miembros del jurado evaluador, pero con dos detalles significativos. El reglamento no explica entre quiénes habrá de hacerse el sorteo y coloca a la propia procuradora como presidenta de todos los órganos evaluadores, aunque en los considerandos de la resolución establece, en otra chicana, que se va a excusar de intervenir en los concursos, algo difícil de creer ya que si ésa hubiera sido su intención, no se habría autosindicado en la resolución como presidenta de los jurados.

Está claro que los integrantes del tribunal evaluador deben tener independencia de criterio, por lo que es obvio que la única persona que no debería integrarlo es la procuradora, quien, además de ejercer facultades disciplinarias y administrativas por encima de los restantes fiscales, ha demostrado sobradamente su parcialidad y partidismo extremos.

Hay algo que debe reconocérsele a Gils Carbó: su perseverancia a la hora de acrecentar poder mediante el nombramiento de fiscales adictos, ya sea por motivos de índole político-partidaria o para encubrir pedestres intereses económicos como los que hoy se ventilan en la Justicia. En cualquier caso, es inadmisible que continúe desoyendo sentencias que le son adversas con el solo fin de perseverar en la manipulación de fiscales, tal como lo ha venido haciendo con desparpajo desde su arribo al cargo. Otro funcionario con un mínimo de dignidad habría renunciado, especialmente tras la acusación sobre fraude, cohecho y tráfico de influencias que le formuló el fiscal Eduardo Taiano por la adquisición de un edificio para el Ministerio Público Fiscal, en la cual se pagó una tan sideral como ilegal comisión a un familiar del subdirector general de la Procuración, nombrado por Gils Carbó .

El derrotero del comportamiento de Gils Carbó no augura cambios en su proceder. Corresponde a los órganos del Estado con legitimidad democrática reencauzar el Ministerio Público Fiscal a fin de que cumpla con su natural función de promover la actuación de la Justicia, en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, y no de los propios.

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