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Cambiemos apuesta al juicio político de Gils Carbó tras las elecciones

Sostiene que un buen resultado puede destrabar resistencias; descarta apartarla con un decreto

Sábado 15 de julio de 2017
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LA NACION
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No hubo sorpresa en el Gobierno. En la Casa Rosada no hay dudas de que la procuradora Alejandra Gils Carbó tiene cuentas pendientes en la Justicia, y ratificaron el mensaje de que debe abandonar su cargo. Eso sí, la idea de removerla por decreto está prácticamente descartada y crece internamente el convencimiento de que sólo podrán sacarla del cargo vía juicio político.

Cerca del presidente Mauricio Macri celebraron la decisión del juez federal Julián Ercolini, que ayer citó a declaración indagatoria para el próximo 31 de agosto a la jefa de los fiscales en la causa que la investiga por los delitos de fraude, abuso de autoridad y cohecho en la compra de un edificio para la Procuración por más de 43 millones de pesos.

"No se trata del procesamiento de [el ex juez federal] Norberto Oyarbide. Se trata de una investigación y un juez serio", destacó ante LA NACION uno de los principales asesores del Presidente.

La salida de Gils Carbó es una obsesión para Macri. El jefe del Estado está convencido de que la jefa de los fiscales es una "procuradora militante" que obstruye investigaciones por causas de corrupción que involucran a ex funcionarios kirchneristas, y que "ha desatado con fiscales que movió y designó irregularmente decenas de causas contra el Gobierno sin fundamento en la mayoría de casos".

Debilidad

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En los despachos de la Casa de Gobierno sólo hay palabras de reprobación para el trabajo de Gils Carbó. "Es una delincuente, pero está cada día más debilitada y sin credibilidad", se entusiasmaron fuentes oficiales tras la noticia de que el magistrado la convocó a declarar.

Ercolini citó a indagatoria a la procuradora el 31 de agosto y la expectativa del Gobierno es que tras ese paso procesal, el juez la procese. "Ahora tiene que actuar la Justicia, después llegará el turno de la política", describió otro de los hombres de consulta de Macri.

Hasta ahora el Gobierno no encontró la fórmula para forzar la salida de Gils Carbó. Declarada como enemiga número uno de la Casa Rosada, todas las posibilidades se debatieron en varias oportunidades. Incluso, en los últimos días se volvió a instalar la posibilidad de que el Presidente firme un decreto para desplazarla. La razón fundamental es que hasta ahora el oficialismo no logra sumar los dos tercios de los votos en ambas cámaras del Congreso para avanzar con los pedidos de juicio político en su contra.

Pero varias voces dentro del oficialismo terminaron por dinamitar esa posibilidad, especialmente la diputada Elisa Carrió, quien manifestó que se "debe respetar la Constitución, aun ante delincuentes como Gils Carbó". Las palabras de la primera candidata del oficialismo en la ciudad de Buenos Aires obligaron a modificar la estrategia. El vocero fue el ministro de Justicia, Germán Garavano, que negó públicamente que el Gobierno estuviera analizando esa posibilidad.

Ahora en la Casa Rosada se entusiasman con otra posibilidad: un triunfo en las elecciones legislativas de octubre podría generar el escenario propicio para avanzar con el juicio político. "No creo que nadie se anime a defenderla", deslizaron fuentes oficiales.

Después de una semana bajo presión, Alejandra Gils Carbó salió a dar la pelea en los medios de comunicación.

El miércoles, en una entrevista con la nacion, afirmó que no renunciará a su cargo y negó cualquier rol irregular en la compra del edificio que investiga la Justicia. Además dijo que no cometió errores en esa operación y comparó su situación con la que afrontan otros procuradores en América latina, como los de Venezuela y Brasil, por enfrentar a los presidentes de sus países.

En pleno proceso electoral, en el Gobierno consideraron que no es tiempo para dar este tipo de peleas. Hasta el 22 de octubre, todo está en manos de la Justicia. Después, con el resultado en la mano, llegará la intervención de la política.

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