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Denuncian precarias condiciones de trabajo en el Patronato de Liberados

Las asistentes sociales que acompañan el proceso de reinserción social de los egresados de las cárceles dicen que quedan sometidas a situaciones de peligro cada vez que deben realizar las supervisiones

Lunes 17 de julio de 2017
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LA NACION
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Durante años, las trabajadoras del Patronato de Liberados Bonaerense (PLB) denunciaron sus precarias condiciones laborales y alertaron sobre el peligro que corrían sus vidas. En 2013, la violación y asesinato de Laura Iglesias les dio la razón. Sin embargo, aquel hecho que pudo haber dado paso a la puesta en marcha de una política institucional que contemplara esa vulnerabilidad sólo desnudó la inacción de las autoridades y acentuó los reclamos. "Pedimos estrategias y propuestas para evitar que la única herramienta de intervención sean nuestros cuerpos", repiten las compañeras de Laura en cada movilización o asamblea.

Una mural con la imagen de Laura Iglesias
Una mural con la imagen de Laura Iglesias.

El PLB depende desde el año pasado de la Secretaría de Derechos Humanos (antes estaba bajo la órbita del Ministerio de Justicia) y tiene como misión "organizar y fiscalizar el tratamiento integral de los liberados condicionales, condenados condicionales, excarcelados, eximidos de prisión y condenados con libertad asistida" para facilitar su inserción social. A la vez, sus trabajadores -más del 90%, mujeres- deben informar "a la autoridad jurisdiccional" la conducta, cumplimiento de obligaciones e irregularidades en que incurrieran sus asistidos.

"Antes del crimen de Laura veníamos diciendo que un día nos iban a matar. Nosotras nos metíamos adonde no entraba la policía. Íbamos a las villas con nuestros cuadernitos a buscar a los asistidos, sin acordar una entrevista previa, sin tener móviles, yendo en colectivo. Tuvimos compañeras asaltadas, secuestradas, acosadas. Para nosotras el «pibe chorro» es lo menos complejo porque también trabajamos con abusadores sexuales y homicidas. Cuando entro en una casa no sé quién está adentro. Ahora tratamos de no salir más o arreglamos para encontrarnos en un comedor o en un jardín del barrio", cuenta a LA NACION Concepción, una trabajadora social con más de 10 años de antigüedad en el Patronato.

"Lo de Laura -recuerda- fue un tortazo en medio de la cara. Cuando el llanto pasó, nos dijimos: «Che, me pudo haber pasado a mí»."

La mañana del 29 de mayo de 2013 Laura salió de su casa para visitar a los detenidos con libertad asistida que estaban bajo su tutela. Tenía 53 años y hacía muy poco que se había mudado a Miramar desde Hurlingham con su hija y su nieta en busca de la tranquilidad costeña.

Reclamos en la última marcha de #NiUnaMenos
Reclamos en la última marcha de #NiUnaMenos.

Pero un imponderable sentenció su suerte: el viejo Renault 9 se le atascó en el barro de un camino vecinal y una amiga debió llevarla hasta Mar del Plata. Cuando Laura volvió a su auto para esperar el auxilio mecánico, fue interceptada y atacada. A la mañana siguiente su cuerpo apareció en un descampado de Parque Bristol, a metros de donde había quedado su auto. La autopsia confirmó que había sido violada, golpeada y estrangulada con el cordón de una de sus zapatillas.

Sebastián Pereiro, subsecretario de Protección de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos, dijo a LA NACION: "Hay reclamos de las condiciones laborales que son válidos y que estamos trabajando para revertirlos, como la falta de insumos, por ejemplo. Este año compramos 350 computadoras; por supuesto que faltan muchas más, pero antes no estaban. Había 10 autos para visitar a los asistidos y ahora hay 22. Sé que no cumple con las expectativas, pero estamos en un proceso de normalización".

"La ley de ejecución penal habla de control, asistencia y tratamiento, pero no aclara a qué se refiere con cada punto. Las trabajadoras estaban acostumbradas a trabajar de forma autónoma; en muchos casos su jefe no sabía a dónde iban o se desconocía el sentido de ir al domicilio de un supervisado. Empezamos a reglamentar el trabajo de campo para que quede registro de cada acción y eso puede generar resquemor en algunas trabajadoras, que pueden verlo como una medida de control. Había una forma de intervención descoordinada."

Pedido judicial

El 22 de junio de 2015, el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Mar del Plata condenó a Esteban Cuello a prisión perpetua por el robo y abuso sexual seguido de muerte de Laura Iglesias. Cuello, que tenía antecedentes por violación y abuso, había sido visto en la zona donde apareció el cuerpo de Laura. En su casa la policía encontró pertenencias de la víctima. Pero la prueba que lo sentenció fue su ADN en la escena del crimen.

El tribunal ordenó profundizar la pesquisa y remitió copia del fallo al PLB para que tomara "acciones concretas con respecto de las inseguras condiciones en las que se desempeña el personal", al tiempo que exhortó sobre la necesidad de "realizar modificaciones para erradicar la violencia hacia las mujeres trabajadoras".

"Aunque la Justicia lo haya ordenado, después del crimen no hubo cambios sustantivos. No hay presupuesto ni infraestructura, somos menos trabajadoras de lo que debiéramos ser; los pocos programas de asistencia que hay tardan un año en llegar y, encima, el Patronato nos pide que hagamos una tarea de control, que sería del ámbito de la policía, no de una trabajadora social. Nosotras deberíamos crear un vínculo con la gente y acompañar las carencias que se pueden encontrar, pero en vez de eso nos ponen en una situación de vigilancia que genera malestar y agresión", explica Gabriela, empleada de la delegación de Vicente López. Recuerda que, al igual que ella, Iglesias era delegada y formaba parte del colectivo que denunciaba la ausencia de una política social y la exacerbación de las medidas de control. "La violencia desplegada sobre Laura tuvo que ver con su condición de mujer, y por eso el fallo nos consideró principalmente vulnerables por nuestra condición de mujeres. Las trabajadoras somos las caras visibles de la institución."

"Tratamos de generar programas y políticas que garanticen el derecho a una inclusión real de los supervisados y, al mismo tiempo, queremos afectar lo menos posible a las trabajadoras. Se hizo un diagnóstico para tomar medidas, pero los cambios son graduales. Estamos trabajando para dar respuestas institucionales", respondió Pereiro.

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