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El derecho de propiedad y el caso PepsiCo

Quien invierte para aumentar la producción y crear riqueza pone siempre como primera condición la preservación de lo que construye o adquiere

Martes 18 de julio de 2017
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La decisión de la empresa PepsiCo de desplazar la producción de su fábrica de Vicente López a Mar del Plata despertó reacciones agresivas y violentas a pesar del sobrecumplimiento de las disposiciones legales para realizar ese proceso. Un número relativamente reducido de operarios que no aceptó ni el traslado ni una indemnización duplicada ocupó ilegalmente la planta. La orden judicial de desalojo no fue acatada y se requirió el uso de la fuerza policial. Una resistencia violenta registró la presencia de líderes de izquierda que intentaron dar a los episodios el carácter de una persecución política de un gobierno elitista a obreros que luchaban por pan, trabajo y justicia.

La empresa tomó una decisión encaminada a mejorar su eficiencia, llevando su producción a otra planta propia cercana a su principal fuente de materia prima. Más allá de las absurdas hipótesis conspirativas elaboradas por quienes quisieron hacer del caso un motivo de "resistencia social", la cuestión se resolvía dentro de la ley. La mediación oficial con la intervención del gremio de la alimentación logró favorecer a los despedidos con doble indemnización. Sin embargo, la Sala VI de la Cámara Nacional del Trabajo interpretó posteriormente que el Ministerio de Trabajo y PepsiCo no habían cubierto todos los requisitos del procedimiento preventivo de crisis y dispuso la reincorporación. Más allá de la apelación subsistente a esta cuestionable decisión, en la comunidad judicial y en ámbitos profesionales y empresarios predomina la interpretación de que el derecho de propiedad no ha sido respetado.

El asunto no es leve cuando el país necesita urgentemente recuperar la seguridad jurídica y la confianza para alentar las inversiones y crear empleo. El respeto irrestricto a los derechos fundamentales es condición ineludible. Los derechos naturales fundamentales son anteriores a la creación del Estado. Son aquellos que posee todo ser humano por el solo hecho de haber nacido. Los más relevantes son el derecho a la vida y a la libertad, es decir, a elegir cada uno su propio camino siempre que respete el derecho de los demás. Les sigue el derecho de propiedad.

Las democracias liberales que surgieron primero en Occidente, pero que incluyen países tan distantes como Japón, Australia o Nueva Zelanda, deben su éxito a haber establecido constituciones que reconocen y protegen estos derechos preexistentes para todos por igual. A partir de la implementación de estas instituciones, y en particular del derecho de propiedad, el desarrollo de cualquiera de estos países ha sido notable, tanto en crecimiento de la producción de bienes y servicios como en la destrucción de la pobreza y las enfermedades. Hay una notable correlación internacional entre un alto índice de respeto al derecho de propiedad y el nivel de desarrollo de los países. No hay más que comprobar que quien invierte para incrementar la producción y crear riqueza pone siempre como primera condición preservar la propiedad de lo que construye o adquiere. Debe tenerse presente que la afectación de este derecho no necesariamente resulta sólo de una confiscación directa, tal como fue la de las cuentas de los aportantes a la jubilación privada, de la que el mundo no se olvida. También puede ser consecuencia de un aumento desmedido de los impuestos, del control de precios, de los cepos cambiarios, de los defaults de la deuda pública o de fallas en hacer respetar la ley ante ocupaciones ilegales y episodios como el de PepsiCo.

Estas desviaciones han sido lamentablemente reiteradas en la historia de nuestro país y, aunque vuelven a ocurrir, se vive hoy positivamente la expectativa de un cambio. En efecto, recientemente se dio a conocer el Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2017 (IPRI, por sus siglas en inglés), elaborado anualmente por Property Rights Alliance (PRA), que fue difundido en la Argentina por la prestigiosa Fundación Libertad y Progreso. El índice está compuesto por tres elementos: los derechos a la propiedad física, los derechos a la propiedad intelectual y un tercero referido a la estabilidad política y el Estado de Derecho. El índice correspondiente a 2017, con datos del año anterior, muestra que Nueva Zelanda se ubica en el primer lugar mundial, con una puntuación de 8,63 sobre 10. La Argentina tuvo luego del cambio de gobierno una mejoría de 0,45 puntos, llegando a 4,57. Un significativo 10,9%, pero se encuentra todavía en el puesto 16 en la región de América latina y el Caribe, y en el lugar 97 sobre el total de 127 países que abarca la medición. Es una comprobación positiva para nuestro país, aunque debe necesariamente mejorarse.

En el caso argentino, en el último año y medio mejoró un 4,7% el subíndice de estabilidad política y aplicación de la ley, pero hay tareas pendientes en independencia judicial y en corrupción. El componente referido a los derechos de propiedad física, la contracara del caso PepsiCo, arroja 5,05 puntos. En cuanto a la propiedad intelectual, el índice ubica nuestro país en 4,84 puntos, estando muy bien en cuanto a la protección de patentes (7,12) a pesar de las reconocidas dificultades en la actividad farmacéutica.

En América latina, Chile sigue siendo el país que mejor respeta la propiedad y alcanza el puesto 28 a nivel mundial. El segundo es Uruguay. En los últimos lugares del ranking latinoamericano aparecen los países que han transitado por políticas populistas: Venezuela está última y penúltima en la tabla mundial, seguida de peor a mejor por Bolivia, Nicaragua, Paraguay y la Argentina. Es evidente que el populismo, practicado intensamente en los países del eje bolivariano y en la Argentina por la anterior gestión kirchnerista, ha sido desafecto a respetar la propiedad y ha hecho estragos en la vida de quienes lo sufrieron. La corrección de este desvío en la Argentina, medida por el IPRI, debe verse como un cambio positivo que alienta a esperar otras acciones que encaucen nuestra economía y permitan superar los gravosos desequilibrios heredados. Una correcta actuación de la Justicia en el caso PepsiCo apuntalaría esta tendencia.

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