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Con una Corte paralela, la oposición redobla su desafío al chavismo

El Parlamento nombró a 33 nuevos jueces, a pesar de la amenaza del gobierno de que serían encarcelados

Sábado 22 de julio de 2017
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PARA LA NACION
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La oposición juramentó ayer a los jueces en un acto en una plaza de Caracas
La oposición juramentó ayer a los jueces en un acto en una plaza de Caracas. Foto: Reuters / Ueslei Marcelino

CARACAS.- "Seguimos aquí para seguir construyendo la historia y señalar el camino hacia el futuro." El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Julio Borges, aumentó el desafío de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) contra el presidente Nicolás Maduro tras juramentar ayer a los 33 nuevos magistrados de la Corte paralela puesta en marcha por la oposición.

Fue un bautismo de fuego sin precedente para unos juristas amenazados con convertirse en nuevos presos políticos del chavismo, luego de las advertencias lanzadas por los mismos magistrados que pretende sustituir desde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) oficialista.

Todos los presentes sabían que su acto de valentía les puede costar la cárcel, ya sea por "usurpación, traición a la patria y delito de flagrancia", como dice el TSJ chavista, o a través de una "operación tun-tun", tal y como el dirigente radicalizado Diosdado Cabello bautizó los operativos ilegales de las fuerzas policiales contra manifestantes u opositores. Tan oscuro es su panorama que el Parlamento solicitará protección internacional para ellos.

"Si algo quiere Venezuela es que sus magistrados sean personas con firmeza, valentía y coraje. Nosotros tenemos esas características en nuestra trayectoria", se defendió Alejandro Rebolledo, magistrado principal de la Sala de Casación Penal y el más mediático de los nuevos jueces, que adelantó el anuncio de acciones judiciales contra tales amenazas. Rebolledo es un reconocido especialista en la lucha contra el crimen organizado.

"La tarea es devolver la justicia a Venezuela", profundizó Antonio Marval, magistrado rebelde de la Sala Político Administrativa.

"Venezuela me conoce, llevo 18 años luchando por la justicia", recordó Elenis Rodríguez, respetada defensora de los derechos civiles. "El país sabe de las denuncias que hice contra un régimen que dictó sentencias amañadas y convirtió al TSJ en un paredón de justicia", añadió.

Lo primero que sobresale de los nuevos jueces es precisamente su perfil profesional e intelectual, en las antípodas de los magistrados actuales. Maikel Moreno llegó a la presidencia del TSJ a pesar de dos sentencias por homicidio y de haber ejercido como abogado defensor de los famosos pistoleros de Puente Llaguno, militantes chavistas que atacaron a balazos la marcha opositora del 11 de abril de 2003. Varios de sus compañeros comparten militancia revolucionaria y participación en distintas administraciones chavistas.

La designación de los 13 magistrados titulares y 20 suplentes cumplió a rajatabla los trámites que marca la Constitución. Todo lo contrario de lo que sucedió a fines de 2015, cuando la Asamblea Nacional trituró las normas al apurar la designación exprés de los magistrados del TSJ, justo antes de la asunción del nuevo Parlamento opositor, al que el alto tribunal chavista se dedicó desde entonces a asfixiar.

De hecho, ayer continuaron con la misma labor, al recordar desde el TSJ que las decisiones del Parlamento, en cuya elección la bancada opositora obtuvo en 2015 más votos que Maduro en las presidenciales de 2013, "carecen de validez". Para ello volvieron a esgrimir el argumento del desacato, el mismo que usan desde enero de 2016 a pesar de que sea de imposible aplicación jurídica contra un Parlamento elegido por los votantes venezolanos.

"Nosotros no nos podemos frenar en un tema tan importante como la designación de magistrados porque el Poder Ciudadano no quiera apegarse a la Constitución. Nosotros los reconocemos a ellos", subrayó Freddy Guevara, vicepresidente del Parlamento, en referencia a los nuevos magistrados. El Poder Ciudadano está compuesto por el defensor del Pueblo y el Contralor de la República, militantes acérrimos del madurismo, y por la Fiscalía General de la República, cuya cabeza es Luisa Ortega, la fiscal general rebelde.

A Guevara, mano derecha del preso político Leopoldo López en el partido Voluntad Popular (VP), también le espera una celda tras los comicios del 30 de julio para la Asamblea Constituyente, como amenazó Maduro anteayer.

El nombramiento de estos jueces sin tribunal, de momento, forma parte de la "escalada final" puesta en marcha por la oposición desde que la consulta popular del domingo pasado dictaminara la retirada del proceso constituyente puesto en marcha por Maduro para atornillarse en el poder.

El exitoso paro cívico nacional de anteayer y el acuerdo de gobernabilidad de la MUD también forman parte de la llamada "hora cero" que lanzó la oposición, al igual que las manifestaciones convocadas para hoy en Caracas y en el resto de capitales regionales.

La marcha de la capital, en el día 113 de la ola de protestas, intentará avanzar una vez más hacia la sede del TSJ, lo que supondrá un nuevo sábado de represión y violencia cuando solo faltan ocho días para los polémicos comicios constituyentes.

Una guerra de poderes que se acentúa

En un nuevo capítulo en Venezuela de la guerra entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró ayer nula la designación y jura de los nuevos magistrados que realizó la Asamblea Nacional, controlada por la oposición al gobierno chavista

La decisión forma parte de la nueva ofensiva que activó la oposición con la llamada "hora cero" para presionar a Maduro a retirar la Asamblea Nacional Constituyente, cuyas elecciones serán el próximo 30

La Sala Constitucional del TSJ advirtió que la designación de esos jueces realizada por el Parlamento -que según el gobierno está en "desacato"- incurre en el delito de usurpación y traición a la patria

El desacato fue declarado en 2016 tras la jura de tres diputados acusados de fraude electoral; desde entonces, el TSJ emitió decenas de fallos que torpedearon la labor del Legislativo

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